Acciona usa las aguas catalanas para multiplicar su auto-facturación
ATLL, concesionaria controlada por Acciona, gastó el año pasado 37 millones en servicios a filiales del grupo de los Entrecanales, un 72% más que en 2015
Acciona y ATLL, la concesionaria del agua en el área metropolitana de Barcelona, ya estuvieron hace un año en el centro de la polémica por los contratos adjudicados por la concesionaria a su principal accionista. Antifraude llegó a emitir un informe alertando de supuestas infracciones “graves” y la Generalitat sancionó a ATLL. Estos hechos no hicieron desistir a Acciona, que en 2016, coincidiendo con su ascenso a accionista mayoritario de la concesionaria, incrementó más de un 70% lo contratos recibidos por ATLL.
Aigües Ter Llobregat, controlada en un 76% por Acciona –a lo que habría que sumar un 12% más de los Entrecanales–, gastó 42,5 millones en operaciones con otras empresas del grupo. La mayoría, 37 millones, con filiales de Acciona: en concreto, con Acciona Agua, Acciona Green Energy Development, Acciona Infraestructuras, Acciona Facility Services, además de asumir cuatro millones de gastos financieros con Acciona Financiación Filiales.
La cifra, que se recoge en las cuentas anuales de 2016 de ATLL, es muy superior a la de 2015, cuando las filiales del grupo de los Entrecanales facturaron 21,5 millones de la concesionaria catalana. La mayoría de estos servicios corresponden a la actividad ordinaria de la compañía, como el tratamiento de agua, asistencia técnica y mantenimiento de las infraestructuras de ATLL, pero también incluye un préstamo de Acciona y sus intereses, compra de energía y servicios auxiliares.
Hasta cinco filiales de Acciona facturan a ATLL, concesionaria controlada por los Entrecanales
El incremento del 72% en los contratos logrados por las filiales de Acciona se produjo en un año de cambios en el accionariado de ATLL. Precisamente la compañía que preside José Manuel Entrecanales se hizo con el poder total en 2016. Acciona tenía un 39%, aunque gracias a un 12% adicional en manos de los Entrecanales, de facto tenía el control. Además, era el socio industrial. Su principal aliado, con un 37%, era el banco brasileño BTG Pactual, un socio financiero.
Pero a principios del año pasado, cuando las necesidades obligaron a BTG a desinvertir en activos no estratégicos para hacer frente a sus problemas en Brasil, Acciona aprovechó para comprarle su parte y llegar al 76%. Con este control total –con la suma de las dos sociedades de los Entrecanales, llega al 86%–, el grupo de infraestructuras incrementó los contratos adjudicados desde la concesionaria a sus propias filiales.
Puigdemont sancionó con 4 millones a ATLL por los contratos a Acciona, multa que está recurrida
Hace un año, el gobierno de Carles Puigdemont acordó sancionar con cuatro millones de euros a ATLL por infracciones “graves” en la gestión. La multa respondía a un informe elaborado por la Oficina Antifraude en el que alertaba de supuestas irregularidades en la contratación de empresas del grupo Acciona, ya que lo hizo sin la autorización de la administración catalana.
La Generalitat no se atrevió a retirar la concesión, como pedían algunos grupos, pero sí que impuso la sanción después de que la Agencia Catalana del Agua (ACA) constatara que efectivamente la adjudicación se llevó a cabo sin el consentimiento del gobierno catalán. ATLL no ha pagado la multa, ya que la recurrió y está pendiente de resolución judicial.
Menos beneficios y más deuda con la Generalitat
ATLL ha depositado recientemente sus cuentas en el registro, que reflejan un ejercicio 2016 estable en cuanto a la actividad ordinaria: la concesionaria cerró el año con una cifra de negocio de 148,4 millones de euros, un 1,6% menos que en 2015. El beneficio neto cayó un 26%, hasta los 15,1 millones de euros, a causa de un incremento en las provisiones.
Lo que sí se movió fue su deuda. En particular, la que tiene con su principal acreedor: la Generalitat. La compañía que gestiona el servicio del agua en el área metropolitana de Barcelona terminó 2016 con una deuda de más de 777 millones de euros con la administración catalana, 22,4 millones más que en 2015, pese a que la deuda es por el pago del canon de la concesión y debería ir reduciéndose cada año hasta 2062.
