Abu Dabi y Carlyle (Cepsa) se suman a Repsol en su lucha contra el impuestazo: peligran 4.500 millones

La posibilidad de que el impuesto extraordinario a las energéticas acabe siendo permanente ha empujado a Cepsa a tomar la decisión de congelar sus inversiones en España, según confirman fuentes de la compañía a Economía Digital. La empresa se suma así a Repsol en sus advertencias al Gobierno, con una inversión conjunta en los proyectos paralizados de hasta 4.500 millones de euros.

La petrolera, controlada por el fondo soberano de Abu Dabi Mubadala (62%) y Carlyle (38%), está valorando el impacto que pueda tener la aprobación de un gravamen permanente en su fiscalidad que, de materializarse, afectaría de forma «relevante» a la rentabilidad de los proyectos de hidrógeno previstos por la compañía.

Concretamente, desde Cepsa advierten que la permanencia del impuesto extraordinario no solo comportará la «ralentización» de las inversiones planteadas para España por la compañía, sino también «la priorización de proyectos de hidrógeno verde en otros países» que, inicialmente, estaban planificados para una expansión internacional en el marco de la segunda fase de su plan estratégico Positive Motion.

Peligra el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde con 3.000 millones de inversión

Entre las inversiones que podrían verse afectadas por esta decisión se encuentra el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, tal y como ha avanzado el diario Expansión.

La compañía que dirige Maarten Wetselaar se había propuesto impulsar en la comunidad autónoma uno de los mayores centros de producción de hidrógeno verde en todo el continente.

Para poner en marcha la iniciativa, que tenía como objetivo impulsar la descarbonización y convertir a España en un país exportador de energía sostenible, la compañía tenía intención de acometer una inversión de 3.000 millones de euros y crear 10.000 empleos.

En el caso de que acaben quedando liberados recursos en España por la extensión del gravamen extraordinario, la compañía se propone utilizarlos para acelerar proyectos en Argelia, Marruecos, Brasil y Estados Unidos.

Con todo, la segunda petrolera más importante del país, solo por detrás de Repsol, considera que la transformación que ha iniciado es «irreversible» para lograr que más de la mitad de su beneficio provenga de actividades sostenibles en 2030, destacan las mismas fuentes.

Cepsa la más afectada y Repsol la que más paga

Cepsa ha sido la compañía que más ha sufrido en sus cuentas el impacto del gravamen temporal del Gobierno a los «beneficios extraordinarios» del sector energético.

La petrolera llegó a entrar en pérdidas en 2023 con una cifra negativa de 233 millones de euros, después de pagar más de 320 millones en concepto del impuesto.

Por su parte, Repsol es la energética que más dinero ha desembolsado hasta la fecha, con casi 800 millones de euros para el tributo especial que impulsó el Ejecutivo de Pedro Sánchez para 2023 y 2024 (con cargo a los dos ejercicios anteriores) a raíz de los beneficios obtenidos por el contexto económico marcado por la guerra de Ucrania.

En total, el Gobierno ha ingresado más de 2.400 millones de euros del sector energético en estos dos años. Repsol ha sido la más beligerante con la medida fiscal y ha reiterado recientemente que pretende mantener paralizadas inversiones en hidrógeno renovable en España que ascienden a 1.500 millones de euros.

Entre ellas, se encuentran proyectos para instalar electrolizadores de hidrógeno renovable en complejos industriales como los de Tarragona, Bilbao o Cartagena, con una capacidad prevista de 350 megavatios (MW).

Además, la compañía dirigida por Josu Jon Imaz anunció esta misma semana su decisión de invertir 15 millones de euros en un nuevo proyecto de hidrógeno renovable (4 MW) en su Complejo Industrial de Sines, en Portugal.

Aunque es una inversión menor en comparación con las otras proyectadas y en su plan estratégico ya contemplaba inversiones en hidrógeno en el país vecino, se trata de una primera acción para presionar al Gobierno.

Dificultad del Gobierno para sacar adelante el impuesto

La escalada en el conflicto político-empresarial se ha dado tras el anuncio pasada semana del Gobierno para incluir entre los compromisos remitidos a Bruselas el mantenimiento de «manera permanente» de los gravámenes extraordinarios sobre las energéticas y la banca.

Hasta ahora, el impuesto gravaba el 1,2% de los ingresos de las empresas del sector energético con una facturación superior a los 1.000 millones de euros.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconoció este jueves la posibilidad de que la medida no salga adelante si no cuenta con el apoyo parlamentario suficiente.

En esta línea, desde Junts y el PNV se han mostrado contrarios a hacer permanente el tributo al sector que afectaría a las inversiones industriales programadas en en Euskadi y Cataluña.

Las petroleras son las que más se están moviendo para frenar la cronificación del impuesto. De hecho, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), patronal que agrupa a Cepsa, Repsol, Galp, Disa o BP, amenazó ayer con la paralización de hasta 16.000 millones de inversión en España hasta 2030 si continúa el gravamen.