De Isidro Fainé a Florentino Pérez y con menos autopistas: los cambios en Abertis que alejan su retorno a Cataluña

El PSOE y Junts incluyeron en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez la elaboración de un plan para favorecer el retorno a Cataluña de las empresas que cambiaron sus sedes durante el punto álgido del procés independentista. Sin embargo, de eso hace ya seis años y en más de un lustro las empresas pueden vivir grandes cambios.

El caso más emblemático de esto es Abertis. De entre los gigantes catalanes que decidieron mudarse a Madrid o a otras ciudades ante la inseguridad jurídica provocada por una posible declaración de independencia, la concesionaria ha sido una de las compañías que más modificaciones ha vivido, tanto en su negocio en Cataluña como en su estructura accionarial.

Cuando en octubre de 2017 Abertis trasladó su sede de Barcelona a Madrid, todavía cotizaba en bolsa, Criteria era su principal accionista y estaba presidida por Salvador Alemany, vinculado al grupo desde su fundación en 2003 y cercano al universo La Caixa. El holding presidio por Isidro Fainé controlaba el 22,3% de la gestora de infraestructuras, en una lista de accionistas en la que se incluía el fondo británico The Children’s Investment Fund (2,7%) o el grupo Villar Mir a través de la Inmobiliaria Espacio (1,7%).

Ocho meses después de la mudanza, ACS y Atlantia (ahora Mundys) lanzaron una opa para comprar la compañía. Tal y como pactaron, Florentino Pérez pasó a controlar el 50% menos una acción del capital de Abertis a través de ACS y Hochtief, mientras que la empresa de los Benneton se hizo con la otra mitad. Tras la operación, Marcelino Fernández Verdes, número dos de Pérez, se convirtió en el nuevo presidente de Aberits, aunque fue sustituido este 2023 por Juan Santamaria, CEO de la constructora.

Sin Alemany, Criteria y el resto de sus consejeros, el centro de decisiones de Abertis se alejó de Cataluña, dejando la sede operativa como el principal vínculo corporativo que todavía le queda en su territorio de origen.

Liberalización de los peajes

Más allá de los mandos, tres años después de la opa, Abertis perdió dos de sus principales activos en Cataluña: Acesa e Invicat. En medio de la política de liberalización de peajes en las vías de titularidad pública del Gobierno, en 2021 finalizaron dos contratos de concesión con la compañía dirigida por Francisco José Aljaro, poniendo punto y final a algunas de sus principales operaciones en la comunidad autónoma.

Acesa era la empresa controlada por Aberits que gestionaba los tramos estatales de la AP-7 entre Salou y la frontera francesa, así como de la AP-2 entre Zaragoza y el Vendrell (Barcelona). En total, operaba en 478,3 kilómetros de carretas, de los cuales 376 discurrían en Cataluña. En 2019, el último año en el que la concesionaria trabajó con normalidad sin verse dañada por el bajón de tráfico causado por el covid, generó unos ingresos de 551 millones de euros por la explotación de los peajes, el 10% del total de Abertis.

Por su parte, Invicat operaba los 66,5 kilómetros de la C-32 entre Barcelona y Montmeló y de la C-31 y C-32 entre Montgat y Tordera. Aportaba alrededor del 3% de la cifra de negocio del grupo, hasta que finalizó el contrato con la Generalitat.

Tras el levantamiento de estos peajes, Abertis pasó de tener concesiones en 608 kilómetros de las carreteras catalanas a quedarse con 166, minimizando así su presencia en Cataluña y en toda España. La empresa todavía conserva tres concesiones en Cataluña, la C-32 entre Castelldefels y El Vendrell, la C-16 entre Barcelona y Manresa y los túneles de Vallvidrera y del Cadí.

Las grandes corporaciones no necesitan demasiados argumentos si deciden no volver a Cataluña, dado que ERC y Junts siguen reclamando la celebración de un referéndum, el principal motivo que propició su marcha en 2017. Sin embargo, el ejemplo de Abertis muestra cómo, más allá de las turbulencias políticas, en los últimos años algunas de estas compañías han podido perder vínculos con la comunidad.