Yolanda Díaz y Puigdemont ceden a Ayuso 350 millones del impuesto a la banca

La reforma fiscal que el Gobierno consiguió aprobar en el Congreso de los Diputados este jueves, con 178 votos a favor y reeditando la mayoría de la investidura en un amplio espectro a izquierda y derecha, tiene una serie de damnificados y una inesperada beneficiada. Los bancos tendrán que pagar el impuesto extraordinario durante al menos tres años, pero la persona que, de rebote, será agraciada es Isabel Díaz Ayuso.

La Comunidad de Madrid es la autonomía líder en producto interior bruto (PIB) de nuestro país, concentrando el 19,4% de la economía total, de acuerdo con los últimos datos del INE, correspondientes a 2022. Y el nuevo impuesto a la banca, tal y como lo pactaron PSOE, Sumar y Junts en la enmienda que ha aprobado el Congreso, será repartido entre las regiones de acuerdo a su aportación a la economía nacional.

Si tomamos como base la recaudación del impuesto a la banca este año (1.695 millones), Madrid se llevará cerca de 330 millones de euros. Pero los analistas esperan que los ingresos por este tributo, que ha sido reforzado y que ahora tendrá un tipo máximo del 7% a partir de 5.000 millones de euros en los ingresos de cada entidad por el margen de intereses y comisiones, sean superiores.

En concreto, un informe de reciente publicación de la consultora DBRS Morningstar apunta a que la recaudación podría ascender hasta los 2.130 millones de euros, siendo Caixabank la entidad que tendría que hacer frente a un desembolso mayor, ya que es la que tiene un mayor negocio en nuestro país. Los directivos del banco, que tiene participación estatal, no han dudado en tachar este impuesto de «tasa Caixabank». En el Gobierno defienden que el gravamen temporal no ha provocado «efectos adversos significativos ni ha mermado las cuentas» de las entidades financieras.

La segunda comunidad en beneficiarse de este impuesto será Cataluña, que representa un 19% de la economía española y que recibiría algo más de 320 millones de euros. Andalucía sería la tercera, con unos 220 millones de transferencia por parte del Estado.

Cabe señalar que estas cuantías no contemplan la concertación o cesión del impuesto al País Vasco y Navarra, una disposición que sí recoge la ley y que podría utilizar para beneficiar a entidades de crédito en su territorio, como es el caso de Kutxabank, que ha pagado en torno a 50 millones en los dos ejercicios que ha estado en vigor el gravamen temporal. Esta cuantía ha sido ingresada directamente al Estado, ya que se configuró como prestación patrimonial pública de carácter no tributario, mientras que ahora será formalmente un impuesto y podrán gestionarlo las Haciendas forales.

Preguntados por esta información, en la Comunidad de Madrid manda la cautela. Fuentes de la Consejería de Economía apuntan a que están estudiando el acuerdo antes de hacer cualquier movimiento o anticipar potenciales bonificaciones o exenciones para compensar esa recaudación extra que recibirán del impuesto a la banca.

La reforma fiscal que ha aprobado el Gobierno ha sido más descafeinada de lo que pretendía en un inicio, pero ha conseguido convencer a sus socios, en una negociación extenuante para la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, pero que ha conseguido unir en el mismo proyecto a partidos tan alejados en sus posturas fiscales como Junts o Podemos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en declaraciones a los medios tras la votación, se felicitó por haber sido capaz de sacar adelante un proyecto que mejorará la financiación de los servicios públicos.

En origen, esta ley iba a trasponer únicamente el nuevo impuesto mínimo global del 15% a las multinacionales, una normativa comunitaria que es de obligado traslado a la legislación española. Y para esto había un gran consenso entre todos los grupos políticos, incluido el PP.

Sin embargo, el Gobierno se comprometió dos veces a Bruselas (en el Plan de Recuperación y en el Plan Fiscal) a efectuar una reforma tributaria que permitiera el desbloqueo de más 7.000 millones de euros en fondos europeos, correspondientes al quinto desembolso de la Comisión. Así que Hacienda decidió vehicularla a través de esta norma que ya estaba tramitándose en el Congreso de los Diputados.

«Las negociaciones, el debate y los acuerdos son un signo de fortaleza. Este Gobierno es capaz de alcanzar acuerdos con múltiples partidos que defienden posturas distintas. La debilidad es la del PP, que solo puede pactar con un partido, que es la ultraderecha», se felicitan desde Hacienda.

Aparte del impuesto mínimo y ese nuevo tributo a la banca, la norma incluye un nuevo impuesto al líquido de los vapeadores, un aumento de la fiscalidad del tabaco, varias medidas para luchar contra el fraude de los hidrocarburos, un límite a las deducciones de las grandes empresas en el Impuesto de Sociedades, un paquete de bajadas de impuestos a pymes y cooperativas, un incremento del IRPF a las rentas del capital superiores a los 300.000 euros y el compromiso a impulsar en Europa la aplicación del IVA a los pisos turísticos.

Además, el Gobierno se ha comprometido a negociar una ley para hacer permanente el impuesto a las energéticas aunque, eso sí, respetando que no se gravará a aquellas que realicen inversiones verdes.

Por el camino se han quedado algunas medidas pactadas por PSOE y Sumar, como un nuevo tributo a los bienes de lujo, la eliminación del régimen fiscal especial de las socimis o de la exención de la sanidad privada en el impuesto a las Primas de Seguros. También la equiparación de los impuestos del diésel.