Yolanda Díaz lleva al Congreso la reforma de la Sepi para frenar operaciones como la opa de Taqa a Naturgy

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha retomado una de sus propuestas electorales que no llegaron a entrar en el acuerdo de Gobierno de cara a los comicios europeos y a pesar del rechazo de la parte socialista del Ejecutivo: la reforma de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) en la Agencia Industrial Pública de España, que dependería del Ministerio del ramo y no del de Hacienda, como hasta ahora.

Pero si en el programa de las elecciones generales del 23 de julio del año pasado el objetivo era crear un organismo de política industrial, el objetivo, ahora, sería impedir la entrada de fondos soberanos de países «antidemocráticos» en empresas estratégicas. Exactamente lo que mandató el Gobierno a la Sepi en el caso de Telefónica, donde ya posee el 10% del capital.

La Comisión de Industria y Turismo del Congreso de los Diputados debatirá este martes una proposición no de ley presentada por el partido de Díaz en la que quieren instar al Gobierno a la reforma de la Sepi para reconvertirla en la citada Agencia Industrial Pública de España, «que tendrá como tarea fundamental dirigir la estrategia de reindustrialización de nuestro país, con el objetivo de que en la próxima década la industria aporte el 20% del PIB», indica el texto registrado.

Frenar la opa de Taqa a Naturgy

Sin embargo, la urgencia para la reforma de la Sepi no viene tanto por elevar el peso de la industria en nuestra economía, que ahora mismo aporta en torno a un 5% del PIB. La urgencia viene por los movimientos accionariales como el de la saudí STC y su entrada en Telefónica, que ahora mismo tiene un 5% del capital pero opta a llegar a casi el 10% en derivados, si el Gobierno lo autoriza.

«Acontecimientos como el último intento de inversión en Naturgy por parte de la Abu Dhabi National Energy Company (Taqa), un fondo soberano del gobierno de Emiratos Árabes Unidos, evidencian que debemos reforzar urgentemente los mecanismos de protección de nuestras empresas e industria para ser capaces de proteger nuestra autonomía estratégica en sectores tan cruciales como la energía, el comercio, la tecnología, la salud, la educación, la investigación y el desarrollo», justifica el texto.

El partido de la vicepresidenta segunda pone las operaciones de STC y la intentona de Taqa como los ejemplos destacados por los que el Gobierno debería frenar la entrada de compañías «procedentes de países con regímenes antidemocráticos y con innumerables sentencias condenatorias por vulnerar de manera flagrante los derechos humanos de sus ciudadanos y ciudadanas«.

Según el articulado que proponen, las limitaciones a la entrada de capital extranjero en compañías de carácter estratégico se adoptarían «en especial cuando el país de origen de las inversiones no cumplen con los principios de respeto a las libertades y la democracia».

De la Sepi a la Agencia Industrial

Sumar reclama que esta Agencia Industrial en la que se reconvertirá la Sepi tenga un papel más proactivo, donde el «Estado Emprendedor» proteja empresas estratégicas, puestos de trabajo y también las inversiones nacionales, en beneficio de «la mayoría social de nuestro país».

La proposición no de ley quiere instar a una nueva política industrial que favorezca la competitividad de las empresas, sobre todo en lo relacionado con la materia energética –«utilizando la energía para fabricar aquí y no ser un simple exportador de energía«-, frente a la «devaluación salarial» que se practicó en otras etapas, dice el texto de Sumar.

La nueva agencia industrial asumiría en su seno la ‘Sepi digital’, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (Sett), que ahora mismo, indican desde el Ministerio para la Transformación Digital que dirige José Luis Escrivá, se encuentra en sus últimos trámites para ponerse en marcha. Este organismo se encargaría de gestionar los fondos vinculados al Perte Chip y el resto de Perte industriales.

El PSOE rechaza la propuesta: «No la entiendo»

Además de pasar de depender de Hacienda a Industria, la propuesta también señala que el «modelo de gobernanza» estará «adaptado a la realidad plurinacional de España», donde estarán representadas y con participación activa todas las Comunidades Autónomas. Asimismo, sindicatos y patronales también contarían con un asiento en ese modelo, aunque no detallan cuál sería la forma.

La propuesta también incluye la creación de un banco público, el Banco de Inversión para la Nueva Economía (BINE), que se encargaría de «impulsar la inversión pública nacional en empresas estratégicas de España y mejorar la eficiencia de la arquitectura financiera pública estatal».

Una de las principales afectadas por esta proposición y, también, una de las personas con más poder en el Ejecutivo, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha rechazado la propuesta. «No la entiendo. No entiendo muy bien el motivo, ni la razón de fondo», aseveró la principal responsable del organismo. A su juicio, la Sepi trabaja «con mucha solvencia y mucho rigor» y para el conjunto del Gobierno «más allá de donde esté ubicada la dependencia funcional». «A quien le corresponde la articulación del Gobierno y los decretos de estructura es al presidente del Gobierno. Y con eso lo digo todo», zanjó.

«Hay que sacarla, con todo el cariño de mi querida vicepresidenta primera, del Ministerio de Hacienda, porque lógicamente esa dependencia orgánica del Ministerio de Hacienda impide hacer muchas de las cosas que ustedes aquí hoy estaban diciendo y, por tanto, tenemos que ir a una Sepi que sea digital», respondió la titular de Trabajo durante unas jornadas de ‘Cinco Días’ sobre el futuro económico de España.

El Gobierno ha encomendado al ministro del ramo, Jordi Hereu, la elaboración de una nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica, un proyecto que llevan encadenando tres ministros -antes que él, Reyes Maroto y Héctor Gómez- y que debe actualizar el texto de 1992. Según anunció hace unas semanas, este anteproyecto se presentará en julio al Consejo de Ministros, pero los detalles del mismo no dan a entender que vaya a incluirse la reforma que pretende Sumar. La PNL forzará a los socios del Gobierno y al resto de partidos a significarse.