Yolanda Díaz retrasa la entrada de Conpymes, rival de CEOE, en el diálogo social
Fuentes del Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz apuntan que la reforma de la representatividad empresarial no está encima de la mesa
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (c), posa con los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo (d), y UGT, Pepe Álvarez, tras el acuerdo para la subida del 5 % del salario mínimo interprofesional (SMI). EFE/ Fernando Alvarado
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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, no tiene previsto abordar en próximas fechas los cambios en la representatividad empresarial dentro del diálogo social, un compromiso del acuerdo del Gobierno entre el PSOE y Sumar que podría dar entrada como agente social a Conpymes, una patronal apadrinada por la vicepresidenta y ‘rival’ de la CEOE.
Fuentes del Ministerio de Trabajo aseguran que este asunto no está «de momento» entre las prioridades del departamento, que pretende iniciar tan pronto como el jueves que viene las negociaciones para el recorte de la jornada laboral legal de las 40 horas que constan en el Estatuto de los Trabajadores a las 38,5 horas, primero, y las 37,5 horas, después.
La estructura del diálogo social cuenta con dos agentes que representan los intereses de los empresarios, la CEOE y Cepyme, junto a dos representantes de los trabajadores, los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO. Pero desde Conpymes, una organización patronal impulsada por la catalana Pimec, llevan años reclamando que los intereses de las pequeñas y medianas empresas no pueden estar representados por una organización, la que preside Gerardo Cuerva, que a su vez está integrada en la CEOE.
Una reforma del diálogo social
El acuerdo de gobierno firmado entre el PSOE y Sumar pasa por desarrollar las «reglas de representatividad empresarial», sobre todo «las relativas a la mayor representatividad de las pymes en el ámbito del diálogo social, la negociación colectiva y la participación institucional». Sin embargo, a preguntas de ECONOMÍA DIGITAL, fuentes de Trabajo aseguran que esto no está encima de la mesa… ni siquiera de cara a la negociación del salario mínimo interprofesional (SMI) de cara al año que viene.
En el mundo empresarial piensan que esta cláusula del acuerdo es un «traje a medida» del Gobierno para incluir a una organización patronal más cercana a sus intereses. Y temen que esta inclusión, que consideran menos representativa -defienden tener a 3.500 asociaciones en su seno- sea una manera de romper el frente empresarial con agentes más cercanos a los intereses del Ejecutivo. Estas sospechan parten del hecho de que el lanzamiento de Conpymes, en mayo de 2021, fuera apadrinado por Yolanda Díaz, entonces flamante nueva vicepresidenta, y contara también con la presencia de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez.
Con todo, el acuerdo de Gobierno no explicita cuáles van a ser los criterios que den entrada a las nuevas organizaciones empresariales en el diálogo social, una duda que, dicen fuentes empresariales, permitiría la entrada de agentes regionales como la propia Pimec o, incluso, CEIM, la patronal madrileña.
Los autónomos, en la diana
Esta reforma del diálogo social no llegará a tiempo para abordar la reducción paulatina de la jornada legal. En el Ministerio de Trabajo no se ponen plazos para sacarla adelante, aunque fuentes sindicales consultadas dan por hecho que se retrasará. El plan firmado entre PSOE y Sumar pasaba por un recorte hasta las 38,5 horas este año, por 37,5 horas para el siguiente. Este calendario, debido al retraso del arranque de las negociaciones, podría aplazarse hasta 2025 y 2026. Fuentes del departamento de Díaz no creen que haya mucho problema en la primera parte del programa, dado que la jornada efectiva por convenio ya está en esos términos, aunque la segunda podría ser más peliaguda.
El objetivo del Gobierno es también revisar a los agentes representativos de los intereses de los trabajadores autónomos. «Asimismo, se actualizará la representatividad del colectivo de autónomos mediante un sistema basado en principios democráticos», detalla el texto del pacto, sin abundar en cuál será este sistema.
En la actualidad, son tres las asociaciones de autónomos que defienden sus intereses ante el Gobierno, dada la especificidad de su sector: ATA, integrada en la CEOE; UPTA, cercana a UGT; y Uatae, vinculada a CCOO e integrada en Conpymes. Precisamente en la firma del acuerdo social bipartito para la subida del SMI estaban los responsables de estas dos organizaciones: Eduardo Abad, de UPTA, y María José Landaburu, de Uatae, a quienes se ha referido la vicepresidenta.
«Hemos escuchado todo tipo de profecías: íbamos a destruir empleo, iba a ser muy malo para los autónomos… Estando presentes Uatae y UPTA, a los autónomos y a las pequeñas empresas también se les aplica la negociación colectiva. Porque a veces se nos olvida y esto es importante», ha recordado Díaz. Es decir, que tienen que pagar salarios fijados por convenio colectivo y no únicamente el SMI.
