Yolanda Díaz calienta una nueva reforma laboral con la creación de un comité de expertos
El Gobierno ha de publicar los datos de temporalidad general y por sectores en enero de 2025. Si no son satisfactorios, tendrá que negociar nuevas medidas en el diálogo social
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. EFE/ Fernando Alvarado
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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya tiene planes para el arranque del curso político. Más allá de la reducción de la jornada, un debate que sigue estancado en la mesa del Diálogo Social y que se retomará este mes de septiembre, y de los cambios en el despido tras el varapalo europeo… llega el momento de evaluar la reforma laboral y comprobar si es necesario endurecerla o no.
El departamento que dirige la líder de Sumar ultima un comité de expertos para efectuar esa evaluación que mandata el propio decreto que contiene la reforma laboral, la joya de la corona de Díaz desde que tomó posesión de su cartera en enero de 2020. Según ha podido saber ECONOMÍA DIGITAL, antes de terminar el curso político la vicepresidenta ya sondeó a la persona que quiere que presida ese análisis.
El Gobierno de coalición incluyó en el Real Decreto-Ley de la reforma laboral, acordada con patronales y sindicatos y que salió adelante gracias al voto afirmativo -por error- de un diputado del PP, una disposición adicional en la que se reafirmaba el compromiso con el principal objetivo de la norma: reducir la temporalidad.
La temporalidad pública lastra el dato general
«El Gobierno efectuará una evaluación de los resultados obtenidos por las medidas previstas en el Real Decreto-ley 32/2021 (…) mediante el análisis de los datos de contratación temporal e indefinida en enero del año 2025, procediendo a la publicación oficial, a estos efectos, de la tasa de temporalidad general y por sectores», señala la norma, que indica que este examen a sus efectos deberá realizarse cada dos años a partir de entonces.
Este análisis, más allá del informe, es relevante porque si se comprueba que las medidas desplegadas en la reforma laboral han resultado insuficientes, el Gobierno tendrá que negociar con los agentes sociales cómo endurecerla. «En el caso de que los resultados de la evaluación anterior demuestren que no se avanza en la reducción de la tasa de temporalidad, ya sea en la general o en la de los diferentes sectores, el Gobierno elevará a la mesa de diálogo social una propuesta de medidas adicionales que permitan la consecución de dicho objetivo, general o sectorial, para su discusión y eventual acuerdo con los interlocutores sociales», incide el texto de la ley.
En general los índices de temporalidad han caído y se encuentran ya en el entorno europeo. La tasa general, según la Encuesta de Población Activa (EPA), arroja una temporalidad del 16%, aunque muy influida en este caso por el sector público, donde sigue en tasas muy elevadas que lastran la media.
Las carpetas de Yolanda Díaz: jornada y despido
Las carpetas se acumulan en el despacho de la vicepresidenta cuando aún no está claro si su proyecto estrella para la legislatura, la reducción de la jornada laboral legal de 40 a 37,5 horas semanales, sale adelante.
Las negociaciones se retoman este mes de septiembre y la patronal todavía está alejada. Esta posición no es baladí y las presiones de Moncloa para alargar las conversaciones, que Trabajo quería haber cerrado en julio, se explican porque socios de la mayoría gubernamental como el PNV o Junts podrían apartarse de la norma si no está acordada con los empresarios.
En paralelo, y después del varapalo del Comité Europeo de Derechos Sociales tras una denuncia presentada por el sindicato UGT, el Gobierno pretende abrir el debate sobre la reforma del despido. Este organismo, intérprete de la Carta Social Europea, consideró que las indemnizaciones por despido son insuficientes en nuestro país.
Así, como informó ECONOMÍA DIGITAL, el Ministerio de Trabajo quiere poner encima de la mesa una modificación del despido para hacerlo «restaurativo» o reparativo. Esto es, que tenga en cuenta las circunstancias del trabajador que haya sido de manera improcedente para modular la indemnización por despido, o fije una cuantía mínima para desincentivar los despidos para contratos de poca antigüedad.
La reforma también contemplará una modificación de las causas del despido. En concreto, el departamento que dirige Yolanda Díaz ha puesto el foco en los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores, precisamente los que abordan esta cuestión para los despidos individuales y también los colectivos.
El Ejecutivo quiere eliminar una mención concreta dentro de las causas económicas que justifican los despidos. Ahora mismo, con la reforma laboral de 2012 que elaboró la entonces ministra de Empleo, Fátima Báñez, se puede justificar esta decisión para una compañía con «una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas».
Esas «pérdidas previstas» es con lo que quiere acabar el Gobierno, ya que entiende que se pueden justificar esos despidos con «futuribles».
En esta línea, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha insistido recientemente en que las empresas con beneficios no deberían poder acudir a expedientes de regulación de empleo (ERE), como se ha pactado recientemente en el caso de Vodafone o como sucedió con Telefónica hace unos meses.
