Yolanda Díaz pone el ejemplo de Navantia para llevar a los trabajadores a los consejos de administración

El acuerdo entre el PSOE y Sumar contiene una serie de píldoras en materia laboral que pueden cambiar por completo el sistema productivo de nuestro país. No solo por el recorte legal de la jornada, de 40 semanales a 37,5 en 2025, sino porque también avanza en uno de los ámbitos que puso sobre la mesa la vicepresidenta Yolanda Díaz durante la pasada legislatura: la «democratización» de las compañías mediante la integración de trabajadores en los consejos de administración.

El ejemplo que utiliza Díaz para llevar la democracia a las compañías es Navantia, la constructora naval que es 100% propiedad del Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Presidida por Ricardo Domínguez, su consejo de Administración cuenta con doce vocales. Diez de ellos, nombrados a propuesta del Gobierno, mientras que otros dos son escogidos a propuesta de los sindicatos.

En concreto, CCOO -sindicato mayoritario en el comité de empresa de la compañía- cuenta con dos asientos: el de un representante de su Federación de Industria y el de un miembro de la Ejecutiva de Industria Ferrol, sección sindical de CCOO.

Yolanda Díaz: «Empresas como Navantia funcionan mejor»

La vicepresidenta Díaz defendió ante el Grupo de Trabajadores del Comité Económico y Social Europeo (CESE) que las compañías que cuentan con los trabajadores en su gestión «funcionan mejor, lejos de ser algo peligroso». «Es algo muy bueno», insistió la también ministra de Trabajo, recuperando una propuesta que puso sobre la mesa hace un año pero que dejó apartada durante la campaña electoral.

A juicio de la también líder de Sumar, el artículo 129 de la Constitución Española -«Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción»- no ha tenido desarrollo en nuestro país, por lo que se ha incluido como una de las prioridades en el acuerdo de Gobierno.

«En línea con el artículo 129 de la Constitución y en el marco del diálogo social, impulsaremos una participación más eficaz de las trabajadoras y trabajadores en el ámbito de sus respectivas empresas», señala el pacto para el próximo gobierno de coalición.

«La democracia económica no es solo el artículo 129 de la Constitución, sino que tiene que ser parte de las gentes trabajadoras. ¿Ustedes creen que en una comarca afectada por la deslocalización, sus trabajadores y trabajadoras, si ellos decidieran, iban a permitir que su empresa se fuera?», se preguntó la vicepresidenta segunda durante la puesta de largo del acuerdo firmado con Pedro Sánchez.

Una empresa controlada por el Gobierno

El ejemplo de Navantia, con astilleros en Ferrol, la bahía de Cádiz o Cartagena, es singular por el carácter 100% público de la compañía. La titular de Trabajo cuenta con uno de sus hombres de confianza, el economista Manuel Lago, como integrante de un órgano que también tiene a responsables de Defensa, Industria, Asuntos Exteriores y Hacienda, el departamento del que depende la SEPI. El principal cliente de Navantia es la Armada española.

El partido de la vicepresidenta, aunque esto se cayó del acuerdo con el PSOE, buscaba que la SEPI dejara de depender orgánicamente del departamento que ahora dirige en funciones María Jesús Montero, para que se adscribiera al departamento de Industria. El objetivo era conseguir un verdadero impulso industrial a través de esta compañía, que es propietaria de, entre otras, la Agencia EFE o Correos, pero que también cuenta con participaciones en compañías como IAG (Iberia), Indra o Redeia (Red Eléctrica).

El ejemplo vasco: Mondragón

Además de esa compañía en concreto, Navantia, la vicepresidenta puso en el foco a una comunidad autónoma en concreto: el País Vasco. En Euskadi, el grupo empresarial que es la joya de la corona (con el permiso de otra grande como Iberdrola) es la Corporación Mondragón, dueña de marcas como el banco Laboral Kutxa, de la cadena de supermercados Eroski o de la propia Universidad de Mondragón. Da empleo a unos 70.000 trabajadores, muchos de ellos también socios cooperativistas de la compañía.

El grupo Mondragón ha sido una de las piezas clave durante esta legislatura para Yolanda Díaz, que también es titular de la cartera de Economía Social. Una de sus primeras visitas al frente de Trabajo, después de que estallara la pandemia, fue a conocer de primera mano el trabajo de este grupo empresarial: «Nos enseña cómo desde la cooperación se puede formar un gran grupo internacional, competitivo, basándose en el trabajo decente. Ese es el gran camino que nuestro país debe explorar», detalló entonces.

Precisamente el grupo Mondragón, a través de la Fundación Arizmendiarreta, ha propuesto impulsar este modelo de cogobernanza económica a través de una Proposición No de Ley para llevar al Congreso de los Diputados, aunque sin éxito. La comparativa internacional viene de un socio clave: Alemania, con un modelo llamado Mitbestimmung (cogestión), en el que los empleados. Según la Plataforma por la Democracia Económica, hay otros trece países en Europa con un modelo similar, otros que optan por un modelo accionarial o de reparto de beneficios… y los del sur de Europa, que carecen de legislación en la materia. Un hueco que podría cubrirse esta legislatura, si salen adelante los planes de Yolanda Díaz.