La jornada laboral ‘francesa’ en la que se inspira Yolanda Díaz, señalada por el FMI: «Las ganancias de empleo son pequeñas»
El FMI, en su informe sobre la economía española, dedicó un apartado a la propuesta para el recorte de jornada y lo comparó con el caso francés, que tuvo un "significante coste fiscal" para el Gobierno
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a su salida del acto solemne de apertura del año judicial. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press
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El Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz ha retomado las negociaciones para la reducción de la jornada laboral con una nueva propuesta con la que atraer a las patronales CEOE y Cepyme al pacto: un plan con deducciones a la Seguridad Social para las pequeñas y medianas empresas que tengan que contratar a trabajadores debido a los efectos del recorte de la jornada, así como programas de acompañamiento y asesoría a cargo del Estado.
El Plan Pyme 375, como lo ha bautizado en su presentación el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, copia una de las recetas que se emplearon hace un cuarto de siglo en Francia, cuando el Gobierno del socialista Lionel Jospin redujo el tiempo de trabajo para intentar hacer frente a los elevados índices de desempleo: las deducciones y bonificaciones de costes a la Seguridad Social.
En el caso francés, la receta para conseguir las bonificaciones pasaba por la reducción del tiempo del trabajo y la creación de empleo, en porcentajes distintos, antes de la fecha de entrada en vigor del recorte legal de la jornada. En concreto, aquellas compañías que redujeran la jornada de sus empleados un 10% y crearan un 6% más de empleo antes de enero del 2000 (la rebaja comenzaba en febrero de ese año) obtendrían esos beneficios en las contribuciones a la Seguridad Social, así como otras compensaciones por los costes relativos a las horas extra de trabajo.
Compensar el empleo indefinido
El modelo que plantea el Gobierno es diferente, aunque se ha mostrado abierto a flexibilizarlo. En concreto, las bonificaciones que proponen se limitan a aquellos empleos indefinidos que las pequeñas empresas tengan que crear para compensar los recortes en las jornadas de sus trabajadores.
Las pequeñas empresas han liderado la ofensiva contra la propuesta del Gobierno de coalición de reducir la jornada legal de trabajo de 40 horas semanales a 37,5 horas, con efectos desde el 1 de enero de 2024 y sin impacto en los salarios. «Está demostrándose que hay poco espacio para la empresa privada ante un Gobierno que adopta tesis comunistas», denunció el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, durante la Asamblea General que celebró la patronal a principios de verano. En ese mismo encuentro, el empresario se declaró «harto» y ninguneado por el Ministerio de Trabajo, «que pretende imponer sus trasnochadas tesis de control público de los medios de producción y de planificación económica, en la que la mayoría de los ciudadanos dependen directamente de los presupuestos del Estado».
Ahora bien, en el reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la economía de nuestro país, la institución ya realizó un anexo sobre las lecciones a extraer sobre el caso francés. Y en cuanto a los efectos sobre el empleo, «las ganancias no están claras y son posiblemente pequeñas», apuntó el documento, al tiempo que señaló el «significante coste fiscal» para el Gobierno.
«Para amortiguar el impacto adverso en el empleo del incremento de los costes laborales, [el Gobierno] compensó a las compañías por los costes de las horas extra de trabajo mediante una reducción de las contribuciones a la Seguridad Social», señaló la organización con sede en Washington.
Pero la reforma, que se orquestó de manera escalonada para las grandes y pequeñas empresas entre el 2000 y el 2002, no se aplicó de manera completa por el cambio de Gobierno de 2002, que efectuó una relajación en las políticas sobre la jornada. «Si se hubiera implementado la reforma por completo y se hubiera reducido la jornada efectiva media a 35 horas semanales, su coste fiscal directo habría alcanzado el 1% del producto interior bruto (PIB)», recoge el documento.
Yolanda Díaz se abre a flexibilizar más la distribución de jornada
Otra de las concesiones a la patronal, la flexibilización de la distribución irregular de la jornada durante un periodo transitorio y ante picos de actividad en sectores con un fuerte componente estacional (como los vinculados al turismo o al campo), también se desarrolló en el supuesto francés.
En este caso, la ley ‘anualizó’ la jornada a 1.600 horas que podrían repartirse de acorde a las necesidades de las empresas. «Esto permitió a las empresas tener más flexibilidad para responder ante las fluctuaciones estacionales o cíclicas, al tiempo que limitó el número de horas extra pagadas y redujo los despidos en temporada baja«, señala el FMI. Las ganancias en productividad, en este caso, supusieron horarios más irregulares y moderación salarial para los empleados, aunque aumentó su tiempo libre y de ocio.
Entre las lecciones a extraer del modelo francés, más allá de sus efectos sobre el empleo, están los efectos sobre los salarios de los trabajadores, que acaban asumiendo algunos de los costes asociados a la reducción de la jornada semanal: «Aunque los sueldos no se reduzcan inicialmente, pueden seguirle años de moderación salarial«, lo que provocaría que el empleo «permanezca sin grandes cambios a pesar de un incremento inicial de los salarios por hora».
La patronal, disconforme
El FMI señala también que la renta per cápita «probablemente disminuya en el medio plazo, ya que las ganancias de productividad pueden compensar una pequeña parte de la reducción de las horas de trabajo». Para evitarlo, el organismo propone que sean los agentes sociales quienes, en el seno de la negociación colectiva, pacten «cómo implementar cualquier reducción del tiempo de trabajo para acomodar la heterogeneidad existente entre sectores».
El Ministerio confía en que la nueva propuesta sea del agrado de la patronal y traslade su valoración en la próxima reunión, el jueves de la semana que viene. Con todo, se muestran abiertos a abrir la posibilidad de que las bonificaciones propuestas se extiendan, si es a propuesta de los representantes de las pequeñas empresas y de los autónomos. Los sindicatos han rechazado valorarlo, al tratarse de una oferta dirigida exclusivamente a la patronal.
Fuentes de la patronal, que reconocen que aún no han recibido la propuesta completa, señalan que la idea de Trabajo «ahonda en el intervencionismo de las relaciones laborales y el desprecio de la negociación colectiva», criticando el posible papel del SEPE como asesor «cuando no es capaz de reinsertar siquiera al 3% de los desempleados del país» y con un plan «impreciso, que en sí mismo implica el reconocimiento de que sus continuos anuncios están frenando la creación de empleo».
El Gobierno rechazó cerrar antes de verano y sin acuerdo con los empresarios la reducción de la jornada laboral. El concurso de las patronales es necesario para garantizar que el texto de la reforma sea validado en el Congreso de los Diputados, donde las fuerzas progresistas no son mayoría y tienen que sumar los votos de los conservadores del PNV y de Junts para aprobarlo. Una situación que, ahora mismo, es endiablada.
