Yolanda Díaz ofrece bonificar los aumentos de jornada parcial a las pymes afectadas por la reducción a 37,5 horas

El Ministerio de Trabajo añade este beneficio fiscal a las bonificaciones para la creación de empleo a consecuencia del recorte de jornada

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Foto: Diego Radamés / Europa Press . Jornada.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Foto: Diego Radamés / Europa Press

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El Ministerio de Trabajo ha propuesto bonificar los aumentos de jornada de los trabajadores con un contrato a tiempo parcial para las pymes de menos de 10 empleados que se vean afectadas por la reducción del tiempo de trabajo de 40 horas semanales a 37,5 horas, un asunto que sigue negociándose con la patronal y los sindicatos.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha avanzado que, junto a la propuesta de bonificar el nuevo empleo creado como consecuencia del recorte de jornada laboral, el Gobierno también abre la puerta a estas ayudas fiscales para las ampliaciones de jornada en los contratos a tiempo parcial. Estas medidas serán proporcionales y no de igual cuantía en ambos casos, ha detallado el ‘número dos’ de Yolanda Díaz.

«Buena parte de las empresas pequeñas de nuestro país, y especialmente aquellas que pertenecen al comercio o a la hostelería, tienen mucha contratación a tiempo parcial. Tienen un margen más que importante para incrementar las jornadas parciales como consecuencia de la reducción de jornada», ha dicho Pérez Rey, que lidera las negociaciones de la Mesa de Diálogo Social.

El Gobierno cree que la reducción de jornada es no solo una oportunidad para la creación de empleo, sino también para «dejar atrás los trabajos de tiempo parcial de corta duración».

Reducción de jornada en 2025

Asimismo, Pérez Rey ha abierto la puerta a realizar cambios en esas bonificaciones que han propuesto para atraer a la patronal, incluso a añadir «medidas adicionales de apoyo o de estímulo» que puedan ser beneficiosas para la pyme.

Sobre cuándo entrará en vigor la reducción de jornada, el secretario de Estado ha insistido en que el compromiso del Gobierno es que se apruebe cuanto antes para comenzar a disfrutarla en 2025.

El Ministerio de Trabajo ya ha dado traslado a los sindicatos y las patronales de su Plan Pyme 375, un documento con medidas fiscales, de formación y acompañamiento para aquellas compañías de menos de 10 empleados que se vean afectadas especialmente por la reducción legal de jornada.

Así, ha ofrecido los centros de orientación y crecimiento de los Servicios Públicos de Empleo, que se han puesto en marcha con los fondos europeos, como una de las vías para acompañar a las pequeñas empresas y autónomos en esta transición. «Las vamos a asesorar, a establecer guías sectoriales que tengan en cuenta las características de cada sector de producción y vamos a llevar a cabo todo un asesoramiento experto que, en principio, hemos propuesto a los agentes sociales que lo lleve a cabo el SEPE», ha explicado.

Grupo de expertos para endurecer el registro horario

Otra de las patas que se están negociando en la Mesa de Diálogo Social es la reforma del registro horario, que el Gobierno pretende hacer electrónico e «interoperable» por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para comprobar que se cumple con la normativa en tiempo de trabajo.

En este sentido, Pérez Rey ha avanzado que el Gobierno ha puesto en marcha un grupo de expertos para avanzar en el desarrollo reglamentario que reforme el registro horario, algo que se pondrá en marcha sí o sí, aunque esperarán a que se apruebe la reducción de jornada en el Congreso. «La regulación del registro se va a hacer sí o sí, pero para que sea oportuna también se necesita un cambio legal», ha insistido.

Los sindicatos han matizado posteriormente que el cambio legal es, fundamentalmente, para los cambios en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, donde habría que modificar los castigos para las empresas incumplidoras.

«El planteamiento sancionador, el actual, es claramente insuficiente. Que una sanción por tiempo de trabajo sea de 7.500 euros en su grado máximo, incluso cuando estas infracciones en materia de tiempo pueden poner en riesgo la salud de los trabajadores…», ha cuestionado el secretario de Estado de Trabajo.

La responsable de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, se ha mostrado menos optimista que el dirigente gubernamental, asegurando que en la mesa «no ha habido un avance positivo en nada» y que las posiciones están encastilladas. Los empresarios, ha dicho la sindicalista, exigen que el recorte de jornada se haga exclusivamente mediante la negociación colectiva. «Mientras que eso no se resuelva, es muy difícil seguir avanzando en esa negociación», ha señalado.

El vicesecretario general de UGT, Fernando Luján, por su parte ha insistido en que es necesario reforzar el control horario cuanto antes, debido al elevado número de horas extra no pagadas que tienen lugar en nuestro país. «Eso de solicitar el cumplimiento de los convenios colectivos y no exigir el cumplimiento de jornada no nos parece ni legal ni que tenga buena fe», ha advertido a la patronal.

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