Nuevo frente para Yolanda Díaz: los inspectores de Trabajo exigen remuneración por tareas extra desde 2015

Un cambio legal de Fátima Báñez cuando estaba al frente del Ministerio de Empleo puede abrirle un nuevo frente a Yolanda Díaz, que repite como vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, ocho años después.

Los subinspectores laborales reclaman que un cambio que se produjo en 2015, a través de una modificación en la Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se traduzca en una remuneración adicional. En concreto, el Sindicato Estatal de Subinspectores de Laborales de Empleo y Seguridad Social (Seslaess) exige que la ampliación de sus competencias que supuso la reforma de la ley anterior, de 1997, incorpore mejoras salariales.

El sindicato explica a ECONOMÍA DIGITAL que en 2015, para evitar fraudes de contratos temporales que en realidad cubren puestos de trabajo indefinidos, el Ministerio de Empleo decidió reforzar su vigilancia. En un primer momento, solo los inspectores de trabajo podían hacerlo. Para evitar sumar más funcionarios en esa categoría, apostaron por una reforma legal para que los subinspectores fueran también responsables de su revisión.

Un refuerzo «gratis» que Yolanda Díaz no ha corregido

Así, la reforma sumó a las competencias de los subinspectores «la comprobación del cumplimiento de las normas que prohíben la admisión al trabajo a los menores de dieciséis años», así como «la comprobación del cumplimiento de la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de duración determinada y temporales».

El problema, explican desde el sindicato, es que esta reforma salió «gratis» al Ejecutivo de Mariano Rajoy. A mayores competencias, la dirección de la Inspección de Trabajo (que depende de ese Ministerio) decidió no añadir un ‘plus’ que compense ese trabajo adicional. «Es decir, el Ministerio y la Inspección de Trabajo duplicaron la plantilla de funcionarios para luchar contra el fraude en la contratación a un coste cero, totalmente gratis», deploran.

Al no haber ningún tipo de reforma ni contraprestación, los funcionarios han comenzado a acudir a la Justicia para reclamar ese pago por las competencias adicionales, consiguiendo en algunas sentencias, como en una emitida por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en 2021, que se reconozca su aspiración. «La pretensión es que se reconozca el incremento de las funciones realizadas desde 2015 y, por tanto, se reconozca el derecho a una adecuación de las retribuciones de los funcionarios», instan desde el sindicato.

Los inspectores de Trabajo fueron a la huelga a finales del pasado mayo y principios de junio para reclamar el cumplimiento de los compromisos del Ejecutivo sobre una relación de puestos de trabajo (RPT) que dotaría de más efectivos al organismo, además de una serie de mejoras retributivas. Los sindicatos reclamaban entonces también el cumplimiento del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo. El acuerdo que firmaron con Trabajo y Hacienda se rubricó en 2021, el mismo año en que se aprobó el citado plan, con un horizonte temporal de dos años. Y, sin embargo, a mes y medio de terminar el año… no se ha puesto en marcha.

Este plan también contempla un incremento de las atribuciones para los subinspectores laborales, esta vez en materias referidas al tiempo de trabajo y al salario, por lo que desde Seslaess temen que pueda ser una nueva vuelta de tuerca a los cambios introducidos en 2015.

Los subinspectores han criticado al propuesta de la rebaja de jornada a 37,5 horas semanales, argumentando que ellos mismos tienen que acometer más de 500 horas extra al año. La Inspección de Trabajo también se enfrenta a una demanda por discriminación contra la dirección, ya que una escala al mismo nivel que los subinspectores laborales de Empleo tiene unos requisitos de productividad inferiores, lo que garantiza que pueden cobrar el 100% de su sueldo en condiciones más ventajosas.