Yolanda Díaz quiere prohibir que las empresas repartan dividendos tras un ERE, como Telefónica

Sumar, el partido de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere que Bruselas prohíba por ley el reparto de dividendos entre los accionistas de empresas que hayan incurrido en un expediente de regulación de empleo (ERE), una propuesta que elevan después de que Telefónica -en la que ha entrado el Estado a través de la Sepi- hiciera lo propio este mismo año.

El programa electoral de Sumar para los comicios europeos del 9 de junio contempla un endurecimiento de las condiciones para las compañías que acudan a un despido colectivo. En concreto, la formación se compromete a promover «una regulación europea que prohíba el reparto de dividendos empresariales en caso de expedientes de regulación de empleo».

El partido incluye esta propuesta en el marco de sus ideas para reforzar la protección contra el despido y el desempleo, donde también ponen encima de la mesa una actualización de la Directiva sobre despidos colectivos, que es de hace 25 años, para convertir los ERE en la última opción para todas las empresas y replicar el modelo que se adoptó en España mediante la reforma laboral. Es decir, priorizando los ERTE -Mecanismo RED, en su nueva denominación- para reducir el tiempo de trabajo en lugar de la extinción de puestos de trabajo.

La Sepi cobrará 170 millones de Telefónica en dividendos

Además de la reforma sobre despidos colectivos, la candidatura que lidera la directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Estrella Galán, también propone la reforma del individual, de tal manera que en los Veintisiete se tenga que incluir el derecho del trabajador a ser informado de las causas del despido con un determinado preaviso, la posibilidad de recurrir en los juzgados y también la posibilidad de obtener una «indemnización reparadora» en el caso de que sea injustificado.

La propuesta llega después de que la vicepresidenta fuera muy crítica con la propuesta de un ERE en una de las compañías más grandes del país: Telefónica. La teleco que dirige José María Álvarez-Pallete planteó a finales del año pasado un despido colectivo que se concretó en la salida de casi 3.500 empleados, aunque llegó a ponerse encima de la mesa la salida de 5.000 empleados.

En su momento, Yolanda Díaz manifestó que se reuniría con todas las partes y que pondría todo su capital político para conseguir el mejor acuerdo posible. Pero después guardó silencio mientras la compañía negociaba las cifras finales de salidas. En parte, porque la negociación coincidió con la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) en el accionariado de Telefónica, para contrarrestar la participación de la saudí STC.

La jornada y los sindicalistas en la dirección de empresa, en su programa

De hecho, durante su intervención en el Congreso para presentar las líneas generales de su departamento, en enero, el diputado de EH Bildu Oskar Matute cuestionó que una empresa con participación estatal permitiera la salida de 3.000 personas. Una reflexión con la que Yolanda Díaz dijo estar «radicalmente de acuerdo», pero sin entrar en más detalles sobre el ERE.

Yolanda Díaz también era ministra cuando otra empresa participada por el Estado, Caixabank -esta a través del Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB)-, despidió a más de 6.000 trabajadores tras la fusión con Bankia, en 2021. Una compañía que ha repartido dividendos anualmente desde entonces.

Una vez concluida la compra del 10% del capital de Telefónica que se mandató a la sociedad estatal, el Estado tiene derecho a recibir este año 170 millones en concepto de dividendo: 0,15 euros por cada acción, computable a los resultados de 2023, que se abonarán en junio; y otros 0,15 euros por título como avance del beneficio previsto para 2024, a finales del ejercicio. Unos ingresos a los que no tendría derecho con una regulación en vigor como la que propone ahora Sumar.

En materia sociolaboral, el programa de Sumar también contempla presionar para adoptar una jornada laboral de 32 horas semanales, más ambiciosa que las 37,5 horas que negocia actualmente su Ministerio con patronal y sindicatos, y presiona para que se adopte a nivel europeo la integración de sindicalistas en los consejos de administración de las compañías. Díaz quiere hacerlo a nivel estatal y en el Plan Anual Normativo para este año ya se contempla la aprobación de una Ley de democracia en la empresa, que trasladaría a España el modelo de Mitbestimmung (cogestión) alemán.

Está por ver cuál será la fuerza de Sumar para poder llevar a cabo todas estas propuestas. Todas las encuestas dan para su formación en torno a cuatro eurodiputados (un 7% del voto total), frente a la veintena que podrían conseguir PP y PSOE. La pujanza de Podemos, que presenta a Irene Montero como candidata, podría frenar las expectativas de Yolanda Díaz.