Yolanda Díaz busca consenso con Sánchez en una reunión clave para la «orientación general» de los Presupuestos
La vicepresidenta segunda destaca la necesidad de discutir el modelo de infraestructuras, cuestionando proyectos como la ampliación del aeropuerto de Barajas y abogando por soluciones en las protestas agrarias
La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, justificó este miércoles la petición al PSOE de una reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo de gobierno explicando que «es imprescindible una orientación general sobre el debate presupuestario» y que ambos sectores del Ejecutivo «tenemos que ponerlo en común».
Lo hizo en su intervención al inicio de la reunión del llamado Grupo Promotor de Sumar, en la que, aparte de hacer un resumen de los documentos político y organizativo que se aprobarán en la asamblea fundacional del 23 de marzo, hizo un par de referencias a la actualidad, aunque no a la amnistía, ni mucho menos a la polémica del desalojo de los antiguos despachos de los diputados de Podemos.
Enlazando el propósito general de Sumar con un primer tema actual, Díaz afirmó que «necesitamos gobernar mejor» y «por eso hemos sentado al Partido Socialista a la comisión de seguimiento». Ahora bien, pidió tomarlo con «normalidad», precisamente porque no se trata de reunir ese órgano cuando haya discrepancias o crisis, sino de invertir el proceso y «naturalizar que somos formaciones políticas diferentes y que hemos de despachar» tales distinciones.
Así, dentro de la «orientación general» que quiere comentar sobre los Presupuestos, Díaz quiere «discutir el modelo de infraestructuras que queremos en España» en plena crisis climática; un punto que ya ayer la portavoz adjunta del grupo parlamentario de Sumar, Aina Vidal, insinuó que era motivo central de la petición de reunir a la comisión de seguimiento.
Hoy, Díaz fue rotunda al afirmar que autorizar obras como la ampliación del aeropuerto de Barajas y la del puerto de Valencia «no es compatible con la descarbonización ni con los estándares que requerimos». En su opinión, se trata de «elegir» entre una inversión de 2.400 millones como la de Barajas y otra de mil, como la que el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, pretende para desplegar sistemas de cuidados.
Finalmente, la vicepresidenta segunda se refirió a las protestas agrarias en la misma línea que estos días ella misma y otros portavoces de Sumar, calificándolas de «absolutamente legítimas» y dando a la problemática una solución «en clave progresista y verde» y «no disputando la Agenda 2030».
Reconoció que la PAC «es mejorable», porque no puede ser que el 20% de los perceptores de ayudas acaparen el 80% del montante, que los tratados de libre comercio tienen que ser mejorados» porque «generan relaciones profundamente desiguales», y que la diferencia entre los precios de los productos al salir del campo y los de venta final «es brutal», y llamó a «acabar con la uberización de la agricultura» y a «azuzar el relevo generacional», porque sólo el 5% de los jóvenes trabajan en el sector.