Yolanda Díaz advierte a las empresas que no podrán contratar por debajo del SMI de 2024 pese a estar derogado

La Dirección General de Trabajo, dependiente del Ministerio que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha advertido a las empresas que no podrán contratar por debajo de la cuantía del salario mínimo interprofesional (SMI) fijada para 2024, a pesar de que la prórroga de esta retribución suelo haya quedado derogada con el resto del Real Decreto-Ley ómnibus que tumbó el Congreso este miércoles.

Fuentes del Ministerio de Trabajo han comunicado que la Dirección General ha emitido un criterio interpretativo sobre las consecuencias de haber quedado derogada la vigencia del SMI, que ha de aprobarse año a año a través de un Real Decreto (que no Real Decreto-Ley), pero que el Gobierno incluyó en la norma ómnibus junto a toda una serie de medidas de carácter económico y social.

Según indican desde la cartera de Díaz, hasta que se determine la cuantía del SMI para 2025, la Dirección General de Trabajo interpretará que esta prórroga no afectará a los salarios vigentes «por entender que se trata de un salario ya contractualizado». Es decir, que todos aquellos sueldos que se rijan mediante esta retribución mínima no podrán bajar al desaparecer la norma que mantenía la prórroga.

Sobre las nuevas contrataciones, Trabajo indica que «no deben tomar como referencia un salario mínimo inferior al fijado en el SMI 2024». Es decir, nunca menos de 1.134 euros al mes, en catorce pagas.

En el Gobierno subrayan que la Inspección de Trabajo estará vigilante de que los empleados «reciban puntualmente la remuneración pactada y verificará el cumplimiento estricto de esta obligación empresarial».

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, se reunió este miércoles con patronales y sindicatos para abordar la negociación del SMI para 2025, aunque la cita terminó sin acuerdo. En el Ejecutivo han puesto encima de la mesa un incremento de 50 euros por paga, hasta los 1.184 euros.

El Real Decreto-Ley ómnibus incluía otras medidas de marcado carácter social, como la subida de las pensiones o las ayudas al transporte público, que han quedado derogadas. También otras económicas, como la prórroga del escudo anti-opas o los cambios en el impuesto a la banca para contemplar la opa del BBVA al Sabadell, entre otros.