Sumar ve margen para que Vivienda corrija su índice de precios de referencia

Sumar considera que «hay margen» para que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana corrija, afine y mejore, según su punto de vista, el índice de referencia de precios de alquiler en zonas tensionadas que presentó el martes y que se encuentra hasta el viernes en periodo de audiencia pública de 10 días.

Fuentes de Sumar consultadas por Servimedia se declararon confiadas de que en estos días el PSOE pueda acceder a modificar aspectos como las horquillas de precios, máximos y mínimos, que establece en principio el índice, y que a la formación que lidera la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, le parece que podría impedir una rebaja del alquiler si los propietarios se acogen al extremo del intervalo que más les favorece.

También estiman que los socialistas podrían rectificar su posición inicial de permitir que sean los propietarios los que establezcan unilateralmente y según su opinión subjetiva cuál es el actual estado del piso que ponen en alquiler, y que entienden que debería estar sujeto a criterios más objetivos y cuantificables.

Aunque desde la legislatura anterior, cuando gobernaba con Unidas Podemos y no con Sumar, el PSOE se ha situado en posiciones más cercanas a los propietarios que a los inquilinos según el parecer del socio minoritario del Ejecutivo, las fuentes mencionadas no pierden la esperanza de que se mueva de ellas y se acerquen a las de éste último. Se aferran a que no sería la primera vez que los socialistas renuncian a su postura inicial a instancias de su compañero en el Gobierno.

Avisos de los portavoces

El mismo martes en el que se publicó el índice de precios de referencia, el portavoz del grupo parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, y su portavoz adjunta, Aina Vidal, arremetieron contra lo que interpretan como falta de ambición del PSOE, que desde su punto de vista puede hacer que ese índice a partir del cual se fijará el tope a los precios del alquiler en las áreas que las comunidades autónomas declaren tensionadas no sirva para el objetivo para el cual Unidas Podemos y ahora Sumar reclamaron su publicación.

Vidal confesó tener «muchas dudas» sobre el índice, cuya amplitud de horquillas cree que «pone en duda su utilidad». Pero emplazó a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a aprovechar el «margen para escuchar a los colectivos» y explícitamente rehusó dar por cerrado el asunto: «Seguiremos negociando», aventuró.

Después, Errejón elevó el listón al advertir al PSOE de que «en esto como Gobierno no nos podemos equivocar», puesto que el mercado de la vivienda es «un agujero negro del Estado del bienestar», y de que Sumar lo considera «una cuestión nuclear, absolutamente central de la legislatura», y «un combate decisivo».

«Con el derecho a la vivienda de los españoles no podemos quedarnos cortos, equivocarse en esto puede comprometer el resto de avances sociales», advirtió. «Queremos que rectifiquen, que no se queden cortos y que abordemos con la contundencia que merece un problema social, económico y finalmente político tan real como es en España el problema del mercado de la vivienda», emplazó.

Índice de precios

Esta semana, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana presentó el nuevo índice de referencia de precios que servirá para controlar los precios de los alquileres en zonas tensionadas. Esté se ha conformado con datos tributarios que bajan a un nivel de sección censal y establece un rango mínimo y uno máximo en función de determinadas características como la disponibilidad de servicios como ascensor o consejería, el estado de la vivienda o el certificado energético.

La importancia de este índice radica en que se tendrán que acoger a estos precios, siempre que estén en zonas declaradas como tensionadas, los contratos de alquiler de viviendas pertenecientes a grandes propietarios con 10 o más pisos (o más de cinco, si así lo decide una comunidad autónoma). También lo harán pisos que salgan por primera vez al mercado del alquiler en un período de cinco años, aunque pertenezcan a pequeños propietarios.

Hasta el momento, solamente Cataluña ha emprendido los pasos necesarios para declarar una zona tensionada que, en su caso, afectará a 140 municipios. El Ministerio trasladó que, tras la publicación de la resolución, habrá un período de 10 días hábiles hasta que entre en vigor en sistema. Si todo va bien, la Generalitat de Cataluña podrá aplicar su índice el próximo 13 de marzo.