Valencia y Cataluña tienen que ahorrar 3.000 millones al año para cumplir su objetivo de deuda

Para que las Comunidades Autónomas consigan el objetivo que les marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria de llevar su ratio de deuda pública al 13% del producto interior bruto, los gobiernos regionales tendrían que ahorrar cada año, durante una década, al menos 7.000 millones de euros, lo que permitiría asumir el pago de intereses y reducir el tamaño del pasivo.

Un reciente estudio publicado por el centro de estudios Fedea calcula que el subsector autonómico debería mantener un superávit primario (sin contar el pago de intereses de la deuda) de al menos el 0,5% del PIB para permitir que el conjunto del subsector pase del 22,2% al 13% del PIB que mandata la Ley a medio plazo, en 2033.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria consagra en su articulado que el objetivo de deuda pública del 60% ha de repartirse en 44 puntos para el Gobierno central, en 13 puntos para las Comunidades Autónomas y en los 3 restantes para el conjunto de Corporaciones Locales. De hecho, establece también que de superarse este umbral, las Administraciones Públicas no pueden incurrir en emisiones netas de deuda.

Una ley incumplida desde su entrada en vigor

Todo esto se ha incumplido año a año desde que entró en vigor la norma, en 2012, cuando el ejercicio cerró con una deuda pública en el 90% del PIB y hasta 2023, cuando lo hizo en el 107,7%. De 2011 a 2012 el endeudamiento autonómico pasó a ser del 13,7% al 18,3% y a finales del año pasado se quedó en el 22,2%. Y el de la Administración Central ya era en 2012 del 71,5%, mientras que se sitúa en el 76,1% en la actualidad.

Ahora bien, conseguir este ahorro es bastante complicado. No solo por la circunstancia de los gobiernos regionales, sino porque el grueso de ese ajuste tendrían que hacerlo las comunidades infrafinanciadas y, por tanto, sobreendeudadas: Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y Cataluña.

Las Comunidades Autónomas cerraron el año pasado con un déficit del 0,91%, seis décimas más del que había previsto el Ejecutivo en sus proyecciones remitidas a Bruselas. El déficit global cerró en el 3,6%, por debajo de lo comprometido (3,9%), gracias al esfuerzo que asumió el Gobierno, pero no muchos de los Gobiernos regionales.

Un ajuste de 20.000 millones en solo un año

Para cumplir con esa meta a un año, este mismo año el subsector debería compensar los 13.254 millones de déficit del año pasado y, además, ahorrar unos 7.300 millones adicionales. Es decir, un ajuste de más de 20.000 millones para comenzar con ‘tabla rasa’ este mismo año.

Pero si hay regiones que ya cerraron el año pasado con superávit y que, incluso, podrían mantener ligeros déficits primarios durante la próxima década y conseguir su objetivo (es el caso de las Islas Canarias, Navarra, Madrid, País Vasco y La Rioja), las comunidades con peor situación económica tendrán que hacer el grueso del ajuste.

«En el caso de los gobiernos regionales con ratios altas de deuda pública sobre el PIB (Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana), los déficits primarios normalmente se han situado en el entorno del 1% del PIB, mientras que nuestros resultados sugieren que esos Ejecutivos deberían registrar superávits primarios, en muchas casos de gran tamaño y durante varios años para cumplir con el objetivo del 13% de deuda pública sobre el PIB. Claramente, este umbral de deuda es inviable y, en consecuencia, le falta credibilidad», indican los autores del documento.

La Financiación autonómica lleva caducada desde 2014

Así, la Comunidad Valenciana, que ha mantenido un saldo primario del -1,5% del PIB entre 2012 y 2019, y que el año pasado cerró en el -2,45%, debería registrar durante 10 años un superávit del 2,2%. Esto supondría ahorrar todos los años cerca de 3.000 millones, inasumible para la región más infrafinanciada del Estado. A cierre de 2023 registró un 42,2% de deuda sobre el tamaño total de la economía.

Castilla-La Mancha y Cataluña tendrían que asumir, en ambos casos, un superávit del 1,3% de su PIB. Para el Gobierno que dirige Emiliano García Page, supondría pasar del -1,12% que registró a finales del año pasado (566 millones de euros), a un saldo positivo de 600 millones de superávit. La región manchega cerró 2023 con la deuda pública en el 31,9%.

Ahora bien, las cifras de la Generalitat son bien distintas. El ahorro anual sería de unos 3.600 millones. Precisamente, el año pasado registró un déficit del 1,31%, 3.616 millones. Un ajuste de 7.000 millones para pasar a números negros compatibles con la reducción de la ratio de deuda. Cataluña tiene una ratio de deuda del 31% del PIB.

Murcia, por su parte, tendría que asumir un superávit del 1,2% de su PIB regional, en torno a 466 millones. El año pasado cerró con un saldo negativo del 2,32%, o 901 millones de déficit. Su deuda pública es del 31,2% del PIB.

Fedea diseña, en su escenario base, tres horizontes temporales para el ajuste que permitiría reducir la ratio hasta el 13% del PIB. En el primero, a corto plazo (2028), los gobiernos regionales tendrían que incurrir en un superávit anual del 1,4%. Aquí, de nuevo, las cifras serían distintas en función de la comunidad autónoma. Y sería inviable: la Comunidad Valenciana tendría que ahorrar un 5,5% de su economía cada año; Castilla-La Mancha, un 3,2%; Cataluña, un 3,1%; Murcia, un 3%…

El escenario más a largo plazo da 20 años para conseguir el objetivo, lo que permite también suavizar el ajuste, que supondría alcanzar un superávit primario anual del 0,1% (unos 1.500 millones, teniendo en cuenta el tamaño del PIB español), aunque sería todavía notable para las Comunidades más perjudicadas por el sistema de financiación: Valencia tendría que tener un superávit del 0,8%; Castilla-La Mancha y Cataluña, del 0,4%…

El Gobierno se ha fijado para esta legislatura el objetivo de reformar el sistema de financiación autonómica, que lleva caducado desde 2014. Con todo, la aritmética parlamentaria es compleja y, al mismo tiempo, el Ejecutivo pretende alcanzar acuerdos regionales. Pero las Comunidades Autónomas, a pesar de estar dirigidas por el mismo partido político, pueden tener intereses completamente distintos en cuanto al reparto. La tarea, ingente, es complicada.