Un año del límite de alquiler en Cataluña: el precio se estanca, pero se resiente la oferta con 7.400 pisos menos

Ha pasado un año desde que Cataluña comenzó a aplicar el límite al precio del alquiler en las zonas más tensionadas. Doce meses después, la puesta en marcha de la medida ha logrado contener el coste de las viviendas que se destinan al mercado del alquiler… pero a costa de provocar un desplome en la oferta existente.

La Generalitat fue el primer gobierno autonómico en aplicar el tope en zonas tensionadas de acuerdo con la Ley de Vivienda. A través de la medida, se proponía responder a los cambios del mercado de la vivienda y la tendencia alcista en el precio que el alquiler llevaba experimentando en los últimos meses.

Aplicación del límite al alquiler

El límite al alquiler se comenzó a aplicar en marzo del año pasado en 140 municipios, si bien poco después se añadieron 131 localidades más, lo que elevó el número final hasta 271 poblaciones, donde residen más de 7 millones de personas.

Tras su entrada en vigor, la Generalitat de Catalunya limitó el precio máximo del alquiler de los nuevos contratos en función de algunos criterios, como si la vivienda había sido alquilada previamente o si el casero es un pequeño propietario o un gran tenedor.

Mientras que los pequeños propietarios solo podrán subir el precio del alquiler según el Índice de referencia de arrendamiento, que actualmente se sitúa en el 2,19%, los propietarios de más de cinco viviendas no podrán subir el precio por encima de este porcentaje.

Para declarar una zona como tensionada el coste medio del alquiler más los gastos y suministros debe superar el 30% de la renta media de los hogares, o bien, el precio del alquiler debe haber subido más de tres puntos por encima del Índice de Precios de Consumo (IPC) en los últimos cinco años.

Contención en los precios

La portavoz del Govern y consejera de Vivienda, Sílvia Paneque, aseguró en octubre que la medida había impulsado los precios a la baja entre un 3% y un 5%. A pesar de que reconoció que no se trataba de una rebaja significativa, destacó que evidenciaba que el coste del alquiler en las zonas tensionadas estaba comenzando a recortarse.

Aunque que los datos sobre las fianzas depositadas en el Incasól de los nuevos alquileres reflejan que el precio medio del alquiler en Cataluña descendió desde los 868,85 euros en el primer trimestre del año pasado hasta los 822,97 euros en el segundo trimestre, vislumbran un leve repunte en el tercer trimestre con un incremento hasta los 839,36 euros.

La oferta se desploma

Si se pone el foco sobre la oferta de vivienda disponible para alquiler, se desprende que se ha recortado. Según los datos recogidos en el Observatorio del Alquiler elaborado por la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos, entre julio y septiembre salieron cerca de 10.000 viviendas del mercado en Barcelona.

Precisamente, la Ciudad Condal es donde más presión por acceder al alquiler existe entre las distintas provincias catalanas, con una media de 400 contactos en diez días por cada vivienda que se saca al mercado. A la vez, ha crecido en Girona y Tarragona, lo que sugiere un desplazamiento de la demanda desde la capital catalana hacia el resto de provincias colindantes.

Los datos de Incasól sobre el número de contratos registrados también constatan el descenso de la oferta disponible en toda la región. Entre enero y marzo se firmaban 34.503 contratos de alquiler en Cataluña, pero en abril y junio descendió hasta los 29.313 contratos y entre julio y septiembre hasta los 27.098, lo que implica que se alquilan 7.405 viviendas menos desde la entrada en vigor de la norma.

También se aprecia una reducción poniendo el acento sobre la información por provincias, donde la contratación ha bajado desde los 21.484 hasta los 19.723 en Barcelona en el tercer trimestre del año pasado.

Mientras que la cantidad de contratos bajaron en Girona desde los 3.045 hasta los 2.720; en Lleida, lo hicieron desde los 1.556 hasta los 1705 y en Tarragona, desde los 3.228 hasta los 2.950.

Más allá de Cataluña, comunidades autónomas como País Vasco o Navarra han dado el pistoletazo de salida a los trámites necesarios para declarar zonas tensionadas en su territorio.