UGT reclama al Estado que se aparte del comité europeo al que denunció por el bajo coste del despido

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, asegura que el Estado «tiene que quitar sus manos» del Comité de Derechos Sociales de la Unión Europea y «dejar que fluya» la demanda que el sindicato interpuso contra el país por el «bajo» coste del despido.

Álvarez se expresó en estos términos en una entrevista con Servimedia en la que fue preguntado por el curso de la demanda que UGT interpuso contra el Estado español por la regulación del despido, a la que también se sumó después CCOO.

Desde UGT llevaban meses esperando el pronunciamiento del Comité de Derechos Sociales de la UE que se ha ido demorando, lo que hizo que el pasado mes de enero el sindicato criticara públicamente que el Ministerio de Justicia había realizado movimientos en el pasado para tratar de ralentizar el fallo.

Eso sí, el sindicato aclaró que tuvo oportunidad de plantear su queja al actual titular de este Ministerio, Félix Bolaños, quien dijo desconocer cualquier gestión de este tipo y, en cualquier caso, se comprometió a que no va a ocurrir bajo su etapa al frente de la cartera de Justicia.

«Esta demanda va a fluir y vamos a tener sentencia. Lo único que están haciendo, en todo caso, es ganando tiempo, no se sabe para quién», afeó Álvarez. Así, auguró que habrá una resolución que va a darles «la razón», en la misma dirección que ya ocurrió con denuncias similares en Francia e Italia.

En este punto, el líder de UGT recordó que el sindicato viene sosteniendo que la indemnización en España ante un despido no solo se puede regir por el tiempo trabajado en las empresas, sino que, además, debe tener en cuenta las condiciones de las personas despedidas «y, por tanto, eso se valore».

«Queremos que eso vaya a la legislación española y, por tanto, que haya un acuerdo de aplicación de esa sentencia modificando el Estatuto de los Trabajadores y, en ese sentido, nos parece que algunas resoluciones, como las que se han aprobado en Italia van en la dirección correcta, que es que no haya ninguna indemnización por un despido improcedente que esté por debajo de los seis meses», detalló Álvarez.

Esta postura fue recogida por la vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien se comprometió a aprobar una regulación que sea disuasoria ante el despido que, además, debe ser «restaurativo».

Horas extra

Por otra parte, Álvarez se refirió a la demanda que a comienzos de este mismo año el sindicato ha presentado contra España ante el Comité de Derechos Sociales de la UE por la regulación de las horas extra, ya que, a su criterio, incumple los mandatos internacionales al no obligar a las empresas a afrontar un sobrecoste por este tiempo de trabajo. En opinión del sindicato, una hora extra debe tener, al menos, un coste del 125%, es decir, una cuarta parte más que una hora ordinaria.

Para Álvarez, el hecho ya de presentar esta denuncia tendrá un efecto «altamente positivo», trazando un paralelismo con el despido, puesto que, según dijo, hasta que UGT denunció la situación de los despidos improcedentes, «prácticamente nadie hablaba» de ello en España.

En esta línea, alertó de que no solo hay un problema con el coste de las horas extraordinarias, sino que en más de la mitad de los casos estas ni se llegan a compensar al empleado. Al hilo, avisó de que «el control horario no está funcionando» pese a la legislación vigente que obliga a las empresas a registrar el tiempo de trabajo de su plantilla.

De hecho, el secretario general de UGT afeó que hay empresas en las que «entran las personas a trabajar, hay una cámara para registrar la entrada, llega la hora de salida, sale, se apaga la cámara y vuelven a entrar. Y hacen la segunda jornada. Y esto además se hace en una situación de coacción a los trabajadores».

El problema, según Álvarez, es que los empleados tienen «miedo» de denunciar abiertamente este tipo de situaciones, por lo que defendió que «la mejor manera de que la gente pueda exigir sin tener miedo es que tengamos una normativa que, efectivamente, obligue».

Como ejemplo, explicó que se podría medir el consumo energético de las empresas cuando se supone que los empleados ya han salido de su puesto. Igualmente, asumió que es todo «mucho más difícil» cuando se trata del sector servicios, exponiendo casos de camareros que se le acercan y le cuentan en privado que realizan 10 y 12 horas al día.

Ante este escenario, el responsable de UGT reclamó al Gobierno «ampliar» los recursos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS): «Necesitamos ampliar los medios para la inspección. Y no solo me estoy refiriendo a medios humanos, que también, sino a más recursos tecnológicos».

Finalmente, incidió en que los empleados de este organismo tienen una «gran dedicación» y siente por ellos «una gran admiración», pero lamentó que «no tienen medios» y «es muy difícil que puedan actuar de oficio».