UGT demanda a Yolanda Díaz ante Europa para aumentar el coste de las horas extra

El sindicato UGT ha presentado una demanda contra el Reino de España ante el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa para cambiar el coste legal de las horas extraordinarias, incluyendo en el Estatuto de los Trabajadores que éstas sean un 25% más caras que la hora ordinaria, algo que a día de hoy no consta.

El secretario general del sindicato lo ha anunciado durante un encuentro con periodistas para presentar sus prioridades de cara a 2024, indicando que es una manera de «desincentivar la utilización de las horas extraordinarias como instrumento bastante habitual en nuestro país».

«Ayer mismo la UGT ha presentado ante el Comité de Derechos Sociales de la UE una demanda contra el Reino de España para exigir que la ley española, el Estatuto de los Trabajadores, que no recoge un precio más alto para las horas extra que las ordinarias, que recoja la exigencia legal de que sea un 25%», ha asegurado Álvarez.

El Comité de Derechos Sociales es la institución garante de la interpretación de la Carta Social Europea, un tratado suscrito por España. La UGT ya inició un procedimiento similar respecto a las indemnizaciones por despido, considerando que la regulación actual en España no cumple con los parámetros establecidos, lo que podría elevar también el coste de prescindir de manera improcedente de un trabajador.

De acuerdo con los datos del sindicato, cada mes se realizan 13 millones de horas extraordinarias, lo que supondría 180.000 puestos de trabajo permanentes. «Sabemos que más de la mitad no se pagan y, si se pagan, se pagan ilegalmente. Sabemos que más de la mitad de las trabajadoras y trabajadores de nuestro país hacen horas extraordinarias de manera más o menos habitual o esporádica», ha incidido el líder sindical.

Álvarez ha insistido en que España incumple con la Carta Social Europea ya que ésta obliga a los estados que la suscriben a añadir un sobrecoste de al menos el 25% a las horas extraordinarias. En este sentido, ha reclamado que el Gobierno dote con más recursos a la Inspección de Trabajo para que se cumpla también el registro horario.

Sobre la demanda presentada en cuanto al coste de despido, el secretario general de UGT ha apuntado que esperan en que la resolución llegue en los próximos tres meses, incluso antes, y confía en que sea positiva a sus intereses, en la medida en que ya se han producido sentencias similares contra países como Italia, que contaban con una regulación similar.

Álvarez sí ha querido hacer público que ha trasladado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, el «desagrado» del sindicato porque «se hayan puesto palos en el camino para intentar retrasar la resolución». «Nos consta que ha sido así porque tenemos información de primera mano», ha deplorado el sindicalista, asegurando que el Gobierno se ha comprometido a no dilatar la respuesta del Comité de Derechos Sociales.