Trabajo ve lógico que las empresas que contratan con el Estado repercutan el SMI

El Ministerio de Trabajo ve lógica detrás de la propuesta de la patronal, apoyada por los sindicatos, de que se modifique la ley de Contratos del Sector Público para que decisiones gubernamentales, como puede ser la subida del salario mínimo interprofesional, puedan repercutirse a posteriori en los acuerdos firmados con la administración y que estén en ejecución, de tal forma que este aumento de los costes no tenga que ser asumidos por las empresas ni pueda perjudicar a los trabajadores.

Fuentes del departamento que dirige Yolanda Díaz lo confirmaron durante conversaciones informales con la prensa en la celebración del 45 aniversario de la Constitución, aunque a renglón seguido señalaron que esa es una decisión que sale de sus atribuciones y que compete a dos departamentos clave: el Ministerio de Economía, que aún dirige la vicepresidenta Nadia Calviño, y el de Hacienda, en manos de la vicepresidenta María Jesús Montero.

La patronal puso como «condición sine qua non» para negociar el alza de las retribuciones mínimas, que ahora mismo se encuentran en 1.080 euros al mes, esta modificación legal, algo que puso sobre la mesa en la última reunión para abordar la subida del SMI, el pasado día 30. Según confirmaron fuentes presentes en la negociación, entonces el Ministerio de Trabajo no apoyó la proposición, aunque sí señaló que escapaba de su ámbito de actuación. En el Ministerio de Hacienda, preguntado por esta cuestión, apuntan que son temas «distintos» y que no tiene sentido abordarlos por separado.

El SMI subirá alrededor del 4%

La reclamación no es nueva: ya formó parte del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) firmado el pasado mayo. «Las Confederaciones firmantes instamos al Gobierno a modificar la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación derivados de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para eliminar la imposibilidad de realizar una revisión de precios o al menos permitir la revisión de los mismos ante el acaecimiento de cambios normativos, acuerdos de negociación colectiva o circunstancias que no pudiesen preverse en el momento de la licitación que impliquen incrementos de costes laborales», indica el texto.

En el Gobierno, aunque la parte que dirige Yolanda Díaz pueda estar de acuerdo, de momento no hay agua. Si bien no hay cálculos de cuál podría ser el coste de esta medida, está claro que implicaría un mayor gasto público, algo que Hacienda seguramente cuestione, sobre todo de cara a cuadrar el déficit al 3% el año que viene. Fuentes del Ministerio de Trabajo fueron críticas también con el papel de algunas de las compañías que se presentan a los concursos públicos, que postulan ofertas de mínimos que posteriormente necesitarían de una revisión.

Trabajo, sindicatos y patronal volverán a reunirse este lunes y es previsible que ya se pongan cifras encima de la mesa para abordar la subida del SMI. El Ministerio ha rebajado el tono para acercarse a la patronal: dan por hecho que el 60% del salario medio ya se ha alcanzado (los citados 1.080 euros al mes), por lo que la actualización ahora mismo tendría que asegurar que no se aleja de este parámetro. Para eso tendrán en cuenta las subidas de los salarios por convenio, en el entorno del 3,5%. Tampoco pretenden que este sueldo base pierda poder adquisitivo, por lo que la inflación media estimada para el año (que se estima en torno al 3,8%) será también un indicador clave. La cifra final estará en el entorno del 4%.

Desde los sindicatos muestran optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la patronal de cara a la revisión del SMI para el año que viene. Sobre la modificación de la ley de contratos públicos, son más cautos. Si bien el Ministerio de Trabajo puede apoyar la reivindicación, no dejó entrever que apretará en el seno del Gobierno para sacarla adelante.