Trabajo allana el pago a sindicatos y CEOE por la negociación colectiva tras el hachazo de 30 millones del Supremo

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha presentado una nueva estadística para calcular a cuántos trabajadores beneficia la existencia de la negociación colectiva de sindicatos y patronal, un dato que venían reclamando organizaciones internacionales y que llega después de que patronales y sindicatos reclamen que se ponga en valor su papel.

El departamento que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz lanzó este miércoles la tasa de cobertura de la negociación colectiva, que arroja que nueve de cada diez relaciones laborales en nuestro país están beneficiadas por estos acuerdos entre representantes empresariales y sindicatos, a la luz de los datos en poder de la Seguridad Social y excluyendo algunos colectivos específicos que no se ven beneficiados (como los funcionarios).

El dato arroja que existen 14 millones de relaciones laborales -hay algunos trabajadores que pueden contar con varias- beneficiados por los convenios, lo que representa al 91,8% de los potenciales beneficiarios. En nuestro país hay 20,6 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, de acuerdo con los últimos datos de enero. A este total habría que restarle más de tres millones de autónomos y cerca de tres millones de funcionarios y otros colectivos excluidos, lo que arroja la cifra de potenciales beneficiarios.

¿Quién paga la negociación colectiva?

La publicación de esta estadística, que fuentes del Ministerio aseguran que se lleva trabajando durante un largo periodo de tiempo, coincide con los reclamos cada vez más insistentes de algunos sindicatos, como UGT, de que es necesaria una financiación para la negociación colectiva que ejercen patronal y sindicatos, ya que ahora mismo solo se paga con las cuotas de los sindicatos.

«Necesitamos una ley de negociación colectiva en el país, una ley integral que definitivamente ordene los convenios colectivos, articule la negociación colectiva y pague los costes de la misma», ha reclamado en varias ocasiones el líder de UGT, Pepe Álvarez.

De hecho, esta estadística sería un aliciente más para que se pague por esta labor, ya que confirma que no solo los afiliados sindicales se benefician de la acción de los negociadores que forman patronales y sindicatos, sino que se traslada al conjunto del mercado laboral: nueve de cada diez asalariados potenciales.

En el acuerdo de Gobierno que firmaron PSOE y Sumar para reeditar el Ejecutivo de coalición ya se contemplaba la puesta en marcha de una «Ley de participación institucional», con el objetivo de regular la presencia de los interlocutores sociales en los diversos órganos de las Administraciones Públicas. Si bien Trabajo no contempla comenzar los trabajos para presentar ante las Cortes esta norma en el futuro inmediato, dada la elevada cantidad de dosieres sobre la mesa, fuentes del departamento sí señalan que un reforzamiento de la financiación de la negociación colectiva debería abordarse en el seno del Diálogo Social.

En la actualidad, los Presupuestos Generales del Estado ya contemplan partidas específicas para patronales y sindicatos en función de su representatividad y participación institucional.

Este reclamo no viene solo de la parte sindical. Ya en 2015 el entonces presidente de la CEOE, Juan Rosell, reclamó que el Estado financiara con hasta 300 millones de euros la formación y capacitación de negociadores colectivos, aduciendo que ni las centrales ni los empresarios contaban con los recursos para hacer frente a ese gasto. «El problema es que los que más saben de negociación colectiva en España se están jubilando y necesitamos nuevos expertos para hacer esta labor esencial», detalló.

Justo hace unas semanas tanto las patronales CEOE y Cepyme como UGT sufrieron un varapalo después de que el Tribunal Supremo anulara un real decreto por el que se les otorgaban 15 millones a la CEOE, 5 a Cepyme y 10 a UGT. Esta subvención, recurrida exitosamente por la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes), estaba dirigida a la formación en digitalización a 125.000 trabajadores. Con todo, el Alto Tribunal estimó que en diciembre de 2022 no se daban las condiciones para conceder estas subvenciones directas, amparándose en la pandemia de COVID y en la guerra de Ucrania.