Toque de Sánchez a Yolanda Díaz, que aleja a Conpymes del Diálogo Social para calmar a CEOE

El Ministerio de Trabajo ha protagonizado un giro copernicano en su negociación sobre el recorte legal de la jornada laboral. Si la semana pasada incidía en el ultimátum y criticaba a las patronales CEOE y Cepyme por «burlarse» del diálogo social, este lunes el ‘número dos’ de la vicepresidenta Yolanda Díaz, Joaquín Pérez Rey, se mostraba contemporizador con los empresarios.

Entre medias, un toque desde Moncloa y el ala socialista para sacar adelante la reducción de la jornada necesariamente con los empresarios, para dar más fuerza a un acuerdo que tendrá que ser después validado en el Congreso de los Diputados por la mayoría de la investidura, que tiene al PNV y Junts, con un programa económico de derechas, entre sus socios.

El departamento que dirige la vicepresidenta segunda se afanó en intentar darle una vuelta a la mesa negociación con varios gestos. El primero, la propuesta para «flexibilizar» la implantación del recorte de la jornada legal a las 37,5 horas en 2025, mediante una ampliación temporal de las horas de distribución irregular que pueden fijar las empresas.

Moncloa pide acuerdo para evitar una derrota parlamentaria

Esto es así porque la base a tomar será la jornada pactada previa a la aprobación de la ley, dando más manga ancha a los sectores afectados para poder adaptarse mejor al cambio, por ejemplo ante picos de producción, como es el caso del verano en la hostelería o de las campañas de recolección.

El segundo elemento a tener en cuenta, más allá de la negociación, tiene que ver con el ‘avispero’ del mundo patronal. En el diálogo social están representadas las dos principales centrales del país, UGT y CCOO, así como las dos organizaciones empresariales más representativas, CEOE y Cepyme.

Ahora bien, Conpymes, una organización patronal avalada por la catalana Pimec en cuyo lanzamiento estuvieron presentes tanto Díaz como la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, quiso pescar en el río revuelto de la jornada laboral y pidió estar presente en la negociación con el Gobierno, si la CEOE se negaba a presentar una propuesta propia.

Trabajo cierra la puerta a Conpymes

El secretario de Estado de Trabajo cerró esa puerta. «La composición del diálogo social es la que es. La mesa del Diálogo social incorpora a CEOE, Cepyme, UGT y CCOO y, naturalmente, todas las propuestas de todas las asociaciones patronales, sean las que sean, o de otras organizaciones sindicales el Gobierno las recibe con naturalidad. Pero el diálogo social lo conforman las organizaciones sociales más representativas del país y son las que ahora mismo ocupan sus posiciones en la mesa», zanjó Pérez Rey en una rueda de prensa posterior a la reunión sobre la jornada.

El Gobierno ha permitido la entrada de Conpymes en organismos clave, como en el Consejo de la Pyme del Ministerio de Industria, y se comprometió a una Ley de representatividad empresarial con la que podría dar entrada a esta organización en el diálogo social. La norma estaba incluida en el Plan Normativo del Ejecutivo para este año, pero aún no se ha puesto en marcha.

La CEOE ha calificado de «política de amiguetes» la maniobra del Gobierno para dar entrada a Conpymes en el diálogo social. Esta organización argumenta que Cepyme no puede representar los intereses de las pequeñas y medianas empresas porque, de facto, está integrada en la CEOE, que representa a las grandes compañías.

Cepyme carga contra Yolanda Díaz: «Quiere interlocutores dóciles»

El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, fue claro durante la Asamblea Anual celebrada la semana pasada: «Es tan triste que quien poco conoce cómo ha funcionado el diálogo social en España en las últimas cinco décadas, quiera dinamitarlo, eludiéndolo por un lado, colonizándolo con interlocutores dóciles por otro; es triste que, de pronto, se os diga que no representáis a quienes representáis, porque el gobierno necesita interlocutores sumisos para ejecutar su ataque a la empresa».

Fuentes de Conpymes consultadas por ECONOMÍA DIGITAL apuntan a que no han recibido respuesta a la carta enviada al Gobierno, pero se muestran preocupados por el recorte de jornada y sus potenciales efectos sobre la productividad. Aseguran que la reducción del tiempo de trabajo es una «idea vestida de buenas intenciones», pero puede tener consecuencias nefastas si no se articula correctamente, afectando sobremanera a las pymes a las que quieren representar.

En cuanto al fondo, el discurso de Conpymes y el de la CEOE sobre la jornada no difiere demasiado y se muestran preocupadas sobre todo por la afección a determinados sectores y a las más pequeñas empresas. Aquí es donde aparece un cambio clave en el Gobierno, que de mantenerse en su posición sobre el recorte de jornada, ahora han reconocido que existe «margen de flexibilidad» en la implantación de la jornada de 37,5 horas, una entrada en vigor que los propios sindicatos han reconocido que se podría retrasar para atraer a los empresarios.

En concreto, si bien Pérez Rey descartó aprobar ahora una jornada que no se aplicará hasta 2030 –«No se trata de tomarle el pelo a los ciudadanos»-, el secretario de Estado dejó caer que podría haber otras contraprestaciones a microempresas o concesionarias de la Administración, que no tienen margen para grandes aumentos de costes laborales.