Tirón de orejas de la OCDE a Montero por la ineficiencia del gasto público en España
El organismo reclama aumentar la base recaudatoria del IVA pero no entra a valorar la reforma fiscal aprobada por el Ejecutivo, aún en tramitación
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press
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Con la reforma fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez aún tramitándose en las Cortes Generales –el PP, con mayoría absoluta en el Senado, ya ha anunciado cambios al paquete tributario-, la OCDE da una de cal y otra de arena al Ministerio de Hacienda en cuanto a la situación de las cuentas públicas del Estado.
Por un lado, avala las cifras del Ejecutivo y la senda de déficit que proyecta hasta 2026; pero, por otro, ve incertidumbre por el gasto público derivado de la DANA y recomienda mayores subidas de impuestos.
En su capítulo acerca de España dentro de su informe sobre la economía mundial, la OCDE mejora las previsiones de crecimiento del producto interior bruto (PIB) para este año (3%) y el que viene (2,3%), tres décimas más en total, y proyecta que la economía experimentará un alza del 2% en 2026. Una actividad con buen ritmo, dada la atonía de la zona euro.
El organismo con sede en París respalda los datos de déficit que el Gobierno comunicó a Bruselas y anticipa que este año el descuadre de las cuentas públicas se situará en el 3% del PIB; por un 2,5% para el que viene y un 2,1% en 2026, lo que supondrá un «ajuste acumulado» de siete décimas del PIB.
«Las proyecciones asumen que el crecimiento del gasto del Gobierno se restringirá, afectando al gasto corriente y a las transferencias de capital, en tanto que las medidas contra la inflación aprobadas en 2022 concluirán en 2024», apunta el documento.
Eso sí, hay un riesgo en el horizonte de cara al cumplimiento de esas proyecciones y son todas las ayudas públicas desplegadas para hacer frente a la catástrofe provocada por la Dana en Valencia el pasado 29 de octubre. Según los cálculos de la OCDE, estas ayudas representan un 1,1% del PIB, de las cuales un 30% están vehiculadas como avales.
«Su impacto en el déficit público es incierto, ya que dependerá del alcance de las ayudas solicitadas y del momento en el que se desembolsen«, reconoce la OCDE.
La consolidación fiscal es «vital» para que las cuentas públicas se encarrilen, advierte la OCDE, que, sin entrar en valorar la propuesta de reforma fiscal que ahora mismo se está tramitando en las Cortes Generales, reclama que se aumenten los ingresos de una manera bastante impopular: subiendo el IVA.
«Aumentar gradualmente la base tributaria del IVA, incrementar los impuestos medioambientales y mejorar la eficiencia del gasto público apoyaría los esfuerzos de consolidación y dejaría espacio para las inversiones que favorezcan el crecimiento», apunta el informe.
La recomendación de reformar los tipos de IVA es una constante de los expertos internacionales y también nacionales. De hecho, la Comisión de Expertos que seleccionó Hacienda apostó por eliminar los tipos reducidos y superreducidos en este impuesto, ya que rebaja el tipo efectivo y la recaudación, apostando por dar ayudas directas que compensen a los consumidores más vulnerables.
El Ministerio de Hacienda que dirige la vicepresidenta María Jesús Montero ha obviado en numerosas ocasiones esta recomendación, que también le ha transmitido la Comisión Europea, ante la dificultad de vender una medida de esas características al público en general.
De hecho, la reforma fiscal comprometida con Bruselas debería haber seguido este informe de los expertos, pero acabó siendo menos ambiciosa de lo que el Gobierno hubiera querido, ante la necesidad de unir en un mismo paquete a fuerzas de centro derecha como PNV y Junts y a los socios de izquierda de la investidura.
Esas divisiones las tratará de explotar el Partido Popular, que ya ha anticipado cambios en la reforma fiscal a través de enmiendas en el Senado, donde cuentan con la mayoría absoluta de la cámara. Los populares quieren incluir rebajas en el IRPF a los más jóvenes, adelantar las ayudas a las pymes, destinar los ingresos del ‘impuestazo’ a políticas de vivienda y exenciones para los afectados por la DANA. Medidas con las que aspiran a atraer a Junts y PNV para marcar su impronta en el paquete fiscal del Ejecutivo.
Fuentes del Gobierno se muestran convencidas de que la reforma fiscal saldrá adelante -aunque sea en plena Navidad- sin mayores problema y que esto allana los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025. «La reforma fiscal acordada ha permitido un entrenamiento con todos los grupos políticos a la hora de un diálogo cruzado que nos da una perspectiva», creen en el Ejecutivo.
Con todo, hay una cita clave que desbloqueará el futuro de las Cuentas Públicas, más allá de la votación de la reforma fiscal: la elección de un nuevo presidente de ERC, el único Congreso pendiente de los partidos que sustentan al Gobierno. «Después de los congresos de los partidos hay más capacidad para poder poner el acento en la senda de estabilidad y, de la mano de la senda, los Presupuestos», creen en Moncloa.
