Abogados explican cómo acabar con una deuda en 2025
La cancelación de deuda en nuestro país es posible para particulares y autónomos gracias a la Ley de Segunda Oportunidad
Abogado sostiene una maqueta con la mano
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La Ley de Segunda Oportunidad (LSO) se encuentra regulada en la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. Desde entonces se ha convertido en una herramienta legal clave para quienes no pueden hacer frente a sus obligaciones económicas y buscan un nuevo comienzo. En el año 2024, se beneficiaron de ella más de 50.000 personas en nuestro país.
Se creo con el objetivo de disipar la carga de las personas, que no pueden pagar las deudas, pero que se vieron abocados a esa situación actuando de buena fe. Los beneficios de esta ley son claros; además de ofrecer la posibilidad de empezar desde cero, en algunos casos es posible salvar la vivienda y adaptar un plan de pagos.
¿Quién puede acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad para cancelar una deuda?
Los requerimientos para poder solicitar una segunda oportunidad son:
- Estar en una situación de insolvencia
- No tener antecedentes relacionados con delitos socioeconómicos
- Ser considerado deudor de buena fe
- Contar con más de un acreedor
- Ser persona física (particular o autónomo)
La LSO puede conseguir que el deudor reestructure buena parte de la cantidad, perdonando un gran cantidad. Le permite devolver un porcentaje de lo que debe en un plazo máximo de cinco años, de forma flexible. Sin embargo, si se cumplen todos los requisitos, el solicitante puede condonar el cien por cien. En caso de cumplimentar todos los requisitos, pero, estar en posesiones de bienes, como casa o coche; deberá venderlos y destinarlos a sufragar parte de la deuda contraída.
Claves a tener en cuenta
Tras la reforma de 2022 el proceso se ha simplificado y acortado a un máximo de 18 meses. No es necesario intentar un acuerdo extrajudicial con los acreedores antes de acogerse a la ley. Y además, durante el proceso se paralizan los embargos y reclamaciones.
Esta ley se fundamenta en el principio ético de la justicia social y la solidaridad. Busca ofrecer una solución justa y equitativa a las personas que, debido a circunstancias adversas han acabado en esta situación. Tiene como objetivos principales prevenir la exclusión social y buscar justicia social. Se basa en la idea de que todos merecen una segunda oportunidad para rehacer sus vidas. Especialmente después de una fracaso económico que puede haber sido causado por factores fuera de su control.
