El TC pospone el recurso de Ayuso contra el impuesto a las grandes fortunas

El Tribunal Constitucional ha decidido aplazar el análisis del recurso presentado por el Gobierno madrileño, dirigido por Isabel Díaz Ayuso, contra el impuesto a las grandes fortunas. En una sesión plenaria celebrada esta semana, los magistrados no pudieron llegar a una deliberación sobre la ponencia de María Luisa Balaguer, quien defiende el rechazo del recurso interpuesto por el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid.

El borrador presentado por Balaguer sostiene que la creación del impuesto a las grandes fortunas no constituye una invasión por parte del Estado en las competencias autonómicas en política fiscal, como argumenta el Gobierno madrileño. Este impuesto, denominado «impuesto temporal de solidaridad de grandes fortunas,» fue aprobado para los años 2023 y 2024 y afecta a patrimonios netos superiores a 3 millones de euros. La fecha de devengo es el 31 de diciembre de cada año, y la presentación de la declaración debe hacerse entre el 1 y el 31 de julio.

El recurso presentado por el Gobierno de Madrid se une a los de otras tres comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (Andalucía, Galicia y Murcia), además de la Asamblea de Madrid, que presentó su propio recurso en marzo siguiendo un mandato del pleno de la Cámara regional.

En septiembre del presente año, la Audiencia Nacional desestimó la solicitud de suspender cautelarmente el impuesto, argumentando que dicha suspensión equivaldría a anular una ley, algo fuera de su jurisdicción.

Este impuesto ha recaudado 623 millones de euros en 2023, afectando a 12.010 grandes patrimonios, lo que representa el 0,1% de los contribuyentes. El monto promedio abonado por los contribuyentes fue de 52.000 euros, según el Ministerio de Hacienda.

Para evitar la doble imposición, los contribuyentes del impuesto a las grandes fortunas solo pagan por la parte que no haya sido gravada por su comunidad autónoma en el impuesto sobre el patrimonio. Esto significa que la recaudación proviene principalmente de las comunidades que bonifican total o parcialmente dicho impuesto.

El gobierno de Isabel Díaz Ayuso argumenta que este impuesto temporal provocará pérdidas en las arcas públicas de la región de entre 1.200 y 1.600 millones de euros al año, ya que alegan que desincentivará las inversiones extranjeras en la región. También señalan que el Gobierno impone una cuota nacional para todas las comunidades autónomas, a pesar de que estas tienen competencias en política fiscal según el artículo 156 de la Constitución.

Otro de los aspectos que critica el Ejecutivo madrileño es la «inseguridad jurídica» del nuevo impuesto debido a sus efectos retroactivos para todo el año 2022, a pesar de entrar en vigor a finales de diciembre, lo que resulta en una carga fiscal inesperada para los contribuyentes.