Cooperativas, industria y supermercados cargan contra la regulación medioambiental

Los representantes de la industria de alimentación y bebidas y de los supermercados cerraron este jueves filas con las cooperativas agrarias y cargaron contra la regulación medioambiental que afecta al conjunto de la cadena alimentaria.

Así lo expresaron el director de general de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), Mauricio García de Quevedo, y el director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), Ignacio García Magarzo, en la jornada ‘La evolución del precio de los alimentos: perspectivas desde la Administración y el sector agroalimentario’ organizada por Ramón y Cajal Abogados.

Mientras se suceden las protestas de agricultores en distintos puntos del país con cortes de carreteras incluidos, los representantes de distintas patas de la cadena alimentaria coincidieron en la crítica al marco regulatorio. Magarzo señaló que la nueva regulación, como el impuesto al plástico que introdujo el Gobierno el año pasado o el reglamento de envases que está a debate en Bruselas, suponen una subida de costes para el sector que acaban repercutiendo en el precio de los alimentos.

De hecho, hace unos días los representantes de la cadena de valor reclamaron en una nota de prensa que el Reglamento de Envases y Residuos de Envases, tenga unos objetivos «comunes» y «sin margen de que los Estados miembros puedan modificarlos» y cargaron contra la posible prohibición de ciertos envases.

García de Quevedo señaló que el precio de los alimentos depende de tres factores, dos de los cuales son incontrolables: el contexto geopolítico y los factores climáticos. No obstante, sí dependen de la voluntad política los incrementos de costes laborales, herramientas fiscales o la nueva regulación, que incrementan los costes, por lo que reclamó que se moderen o acompasen hasta una tener una mejor situación.

El representante de la industria se mostró comprometido con el objetivo de tener ‘cero residuos’, pero pidió que se haga de una manera que sea viable económicamente. El reglamento de envases es, para García de Quevedo, una norma «ideologizada» que desconoce el sector.

Por su parte, el director financiero de Cooperativas Agrarias, Tomás Rojo, pidió diálogo a la administración lamentando que el Ministerio para la Transición Ecológica lleve cinco años sin aceptar una reunión. Reclamó que se trate de acordar un calendario para llegar a estos objetivos y se propicie una financiación y unas herramientas adecuadas. «»El sector no está en contra de los objetivos medioambientales», subrayó.

No obstante, advirtió que el problema más urgente del campo es el «relevo generacional», al tener el sector una media de edad de 61 años, ya que si no hay relevo «dependeremos todavía más de terceros países». Alertó de que, sin solucionar esta cuestión, será «difícil» tener alimentos de calidad seguros y a precio razonable.

Evolución de precios

Pese al contexto en el que tuvo lugar la jornada, los ponentes centraron sus intervenciones en analizar la evolución de los precios y todos coincidieron en que el alza que han experimentado los alimentos se debe a una inflación en los costes.

Desde las cooperativas, Rojo desgranó que la inflación llevaba años contenida hasta la pandemia, cuando se produjo una contracción «brusca» de la demanda. Tras retirar las restricciones, la demanda «implosionó» y la oferta no pudo adaptarse de manera tan rápida, algo que se vio acelerado por la política monetaria y fiscal expansiva que había en ese momento. Con el estallido de la guerra en Ucrania, uno de los principales productores de trigo, y la sequía, se produjo «la tormenta perfecta».

El representante del sector primario defendió la actuación del Ministerio de Agricultura durante la crisis, pero cargó contra el Observatorio de Márgenes que publica trimestralmente el Banco de España a propuesta del Ministerio de Economía. En concreto, criticó que se le achacasen fuertes aumentos de los márgenes a la agricultura cuando el propio informe reconocía una «elevada volatilidad» y una muestra de empresas pequeña.

«No se puede sacar ese dato, hay que coger una muestra representativa. Lo que el campo quiere es que se reconozca el valor. Ya no pedimos esto, con que no se nos demonice es suficiente», lamentó.

En su análisis, García de Quevedo situó el punto de partida antes de la pandemia y citó los aranceles introducidos durante la administración Trump o el Brexit como elementos que rebajaron los márgenes. A ellos sumó también los destrozos a la ganadería y la agricultura de Filomena y a la huelga de transporte, que tuvo un impacto de 600 millones en la cadena alimentaria.

Por su parte, Magarzo criticó que 2023 fue un año de «ruido político» acerca del comportamiento de la cadena y celebró que el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reconociese que el IVA de los alimentos se había implementado en todas las zonas «independientemente del nivel de competencia».

Así mismo, enfatizó en no insistir en mensajes que quieren culpar a la cadena de valor del precio de los alimentos porque son «falsos», asustan al consumidor y pone en riesgo la confianza e los productos de alimentación. Reclamó actuar con «visión de cadena».