Sumar pone en aprietos a Escrivá: denuncian al Banco de España por falta de transparencia

Esta demanda se enmarca dentro del proceso iniciado en mayo por el Grupo Sumar, con el objetivo de garantizar el acceso a la información pública, un derecho fundamental recogido en la Constitución

Eñ gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

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El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha dado un paso importante al presentar una demanda ante la Audiencia Nacional solicitando que el Banco de España, liderado por José Luis Escrivá, proporcione información detallada sobre las transferencias de dinero público que los bancos recibieron al depositar sus reservas durante los años 2022 y 2023.

«Vamos a llevar adelante estas acciones para conseguir que los ciudadanos tengan acceso a esta información que nace de una transferencia de dinero público a los bancos privados», ha advertido el portavoz de Economía de Sumar en el Congreso, Carlos Martín

En 2023, los bancos lograron ingresos de 8.000 millones de euros gracias a este sistema, lo que representó el 65% de sus beneficios en el mercado español. Este modelo, sin embargo, ocasionó que el Banco de España registrara pérdidas en su balance, compensadas únicamente a través de provisiones. Como consecuencia, el habitual ingreso de 2.000 millones de euros que el Banco de España transfiere al Tesoro anualmente se vio reducido a cero, impactando de manera significativa en la capacidad de financiar políticas públicas.

Martín, ha explicado que le motivo de la denuncia es «por falta de transparencia» al considerar que el Banco de España «no quiere facilitar cuánto dinero está pagando banco a banco por los depósitos que realizan».

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, protagoniza un acto público de la Plataforma Sumar en Valencia. Foto: EFE/Biel Aliño.

Además, ha señalado que «va en contra de los intereses de los ciudadanos, pues impide hacer un diseño adecuado de la política fiscal». Esta demanda se presentó con el objetivo de garantizar el acceso a la información pública, un derecho fundamental recogido en la Constitución.

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