Subir las cotizaciones para pagar las pensiones como diseñó Escrivá amenaza 200.000 empleos
Los cálculos del think-tank Fedea apuntan a que la subida de cotizaciones automática para compensar el gasto en pensiones sería de entre 2,2 y 3,8 puntos. Los modelos del Banco de España anticipan 50.000 empleos menos por cada alza de un punto
Dos jubilados contemplan la costa de La Palma (Canarias) EFE / Luis G Morera
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La reforma de las pensiones que diseñó José Luis Escrivá como ministro de Inclusión puede tener serios efectos sobre el empleo a partir del próximo lustro, si se activa la cláusula de salvaguarda que elevaría las cotizaciones sociales a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) para compensar el aumento del gasto en pensiones.
Las conclusiones del último ‘Ageing Report’ (AR, Informe sobre envejecimiento) que elabora la Comisión Europea apuntan a que la media del gasto en pensiones será del 15,1% del producto interior bruto (PIB) español entre 2022 y 2050. El Gobierno se comprometió a que el gasto en pensiones, neto de medidas de ingresos, se situaría en el 13,3% del PIB.
A la vista de los datos, parece que las medidas de ingresos (que aportarán en torno a 1,2 puntos porcentuales) no serán suficientes para evitar que, ya el año que viene, entre en vigor la cláusula de salvaguarda de las pensiones. Lo advirtió recientemente el Banco de España y también el think-tank Fedea.
La reforma de las pensiones encargó a la Airef que elabore, en 2025, una estimación del impacto de las medidas de ingresos y cómo afectará eso al gasto total medio del sistema. A la espera de este informe, el documento de Bruselas ya anticipa un gasto del 15,1%. Y según los cálculos de Fedea, para compensar todo este incremento del gasto derivado de reindexar las pensiones a la inflación y al cambio demográfico, habría que aumentar cotizaciones entre 2,2 y 3,8 puntos porcentuales.
«A la vista de las proyecciones del Ageing Report 2024, parece claro que la cláusula de salvaguarda del MEI se activará el año que viene, exigiendo algún tipo de corrección de gasto o ingreso. Con las estimaciones de los efectos de ingresos de la reforma del propio AR y las publicadas por el Ministerio de Inclusión, el ajuste necesario estaría entre 0,6 y 1,1 puntos de PIB, lo que, en ausencia de un acuerdo exprés sobre un paquete alternativo de ajustes, se traduciría en una subida de los tipos de cotización de entre 2,2 y 3,8 puntos porcentuales», estima el centro de estudios.
El Banco de España ya advirtió recientemente contra hacer descansar la sostenibilidad del sistema de pensiones únicamente sobre las cotizaciones sociales que pagan empresas y trabajadores, dado que ello podría tener un efecto perverso sobre el empleo.
«En caso de ser necesaria la activación de la cláusula de salvaguarda, hacer descansar la financiación del sistema de pensiones exclusivamente en el incremento de las cotizaciones sociales podría ser perjudicial para el empleo y la competitividad de la economía española«, aduce el Informe Anual sobre la economía española del año 2023, publicado en las últimas semanas.
Según los modelos que utiliza la institución, cada subida de un punto porcentual del tipo medio de la cotización implica la pérdida del 0,25% de la ocupación en cuatro años. Durante la presentación del citado informe se mencionó que la Airef ya había calculado en 2,7 puntos la subida efectiva de los tipos de cotización, a la vista de los resultados de la reforma, lo que situaría la pérdida en 130.000 empleos.
Pero, ahora bien, utilizando la mayor horquilla calculada por Fedea -3,8 puntos-, la destrucción de empleo se acercaría peligrosamente a los 200.000 puestos de trabajo.
¿En qué consiste la citada cláusula de salvaguarda? Se trata de un mecanismo automático incluido en la reforma de las pensiones que se activa en el supuesto de que el gasto medio en pensiones, neto de medidas de ingresos, supere el 13,3% del PIB. Según las previsiones que incorpora el Banco de España, en promedio el gasto en pensiones entre 2022 y 2050 se situará en el 15,4% del PIB en su escenario base. Si a ello le restamos la mejora de ingresos que estima la Airef, del 1% del PIB, quedarían 1,1 puntos porcentuales por ajustar. En total, algo más de 16.000 millones de euros. Las estimaciones de Bruselas eran ligeramente inferiores, de unos 12.000 millones.
La Airef tendrá que evaluar sus cálculos en marzo de 2025, que será cuando se active el primer protocolo. Si una vez conocida la estimación, el gasto neto es superior al 13,3%, la propia reforma obligará al Gobierno a tomar medidas para corregir el exceso del gasto. Tendría que elaborar un listado de posibles medidas para que la Autoridad Fiscal cuantifique su impacto y, en base al documento, negociar con los agentes sociales un plan de ajuste que tendrá que ser convalidado en el Parlamento para entrar en vigor en enero de 2026. En el caso de no hacerlo o no llegar a un acuerdo, se aplicaría una subida automática del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).
