El Gobierno en funciones deja en el limbo las subastas de energía y el desarrollo del coche eléctrico

Subastas de potencia y capacidad eléctrica; ajustes en las tarifas del gas; órdenes ministeriales que están paradas; comisiones que se han disuelto sin alternativa… la parálisis del Gobierno en funciones, con la sombra de la repetición electoral, provoca que no fluyan las medidas previstas en el ámbito energético.

Esta situación afecta a diversos ministerios. La mayoría de asuntos recae sobre la cartera de la vicepresidenta Teresa Ribera en el ámbito de la Transición Ecológica; pero otras cuestiones afectan, por ejemplo, al Ministerio de Industria, que en el ámbito energético tiene abandonado algunos asuntos cruciales.

Para el fomento del vehículo eléctrico es esencial cómo se encara el desarrollo de los puntos de recarga. El RD 29/2021 obligaba a la instalación de estas infraestructuras en centros privados de ocio, hospitales, supermercados… finalmente, no se ejecutó. Y nadie desde el Ejecutivo ha rendido cuentas sobre el asunto.

Para abordar el asunto se creó una subcomisión dependiente del Ministerio de Industria para elaborar un documento de trabajo con el que desatascar el tema. Sin cámaras en activo, y con elecciones, el proceso se detuvo. En estos momentos se desconoce cuándo se retomará, y si finalmente se buscará desarrollar un informe o, directamente, se intentará retomar el real decreto que impulsaba el desarrollo del vehículo eléctrico.

Has trascendido, como ha contado este medio, que diversas empresas -entre ellas Repsol e Iberdrola-, dieron sus aportaciones en la subcomisión, pero se desconoce qué se ha hecho con todo ese material.

Una tónica común

Según confirman diversas fuentes del sector a ECONOMÍA DIGITAL, no se puede negar el esfuerzo que ha hecho la ministra Teresa Ribera para desatascar la reforma del mercado eléctrico europeo, tal y como prometió; pero en el ámbito nacional algunas cuestiones siguen en cajones. Otras cuestiones técnicas y órdenes ministeriales no se ejecutan.

Además, existen dos subastas de potencia y capacidad eléctrica que no llegan. Hace unos días, en el congreso anual del sector de la cogeneración, recordaron con mucho pesar que tras meses de intenso trabajo en común con el Ministerio para definir el nuevo marco retributivo del sector propuesto en abril, solo queda culminar la aprobación de las órdenes de nueva metodología retributiva y subastas para la cogeneración previstas en el RDL 6/2022, de 29 de marzo, y en el PNIEC.

Pero el verdadero problema es que el marco de subastas de cogeneración para 1.200 MW está ultimado desde hace dos años. Decenas de industrias esperan desde entonces su convocatoria y, cada año que se demora -provocado por la crisis energética y la coyuntura económica actual-, el riesgo de deslocalización se hace latente.

La otra subasta pendiente es la denominada de ‘energías baratas’. Se trata de un mecanismo que tendría que haberse activado a finales de 2021, y que pretendía que parte de la energía de las grandes eléctricas (nuclear e hidráulica) se destinase para que la industria y las comercializadoras independientes pudieran acceder a ella.

Según ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL en fuentes políticas, la ministra en funciones para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, podría activar este subasta inframarginal si quisiera.

Como se trata de una norma activa, el RDL 17/2021 de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad, y que todavía sigue vigente, existe la posibilidad de habilitar dicha subasta en cualquier momento. Pero no se hace.

Y con el gas, dudas

En esta fase final del año se ha abierto el debate sobre si deberían extender algunas ayudas relacionadas con el gas. En concreto, según ha podido conocer este medio en fuentes del sector, ahora mismo es poco probable que el Ministerio para la Transición Ecológica se plantee prolongar la intervención de la tarifa TUR.

Existen varios motivos, y uno de ellos tiene que ver con la parálisis. Por un lado, es difícil sostener la medida puesto que los mercados del gas han normalizado sus precios (han pasado de máximos cercanos a los 300€ a estar por debajo de 40€). Por eso, no habría posibilidad de justificar la creación del un real decreto. Por otro, precisamente, tiene que ver con el desarrollo de la norma y sus tiempos en un contexto legislativo de complejidad en medio de la creación del nuevo Ejecutivo.