La soledad de Sánchez en el Congreso obligará a financiar su Plan de Defensa con vericuetos legales y fondos UE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afrontó este miércoles una verdadera prueba de fuego ante su plan para acelerar su compromiso de llegar al 2% del producto interior bruto (PIB) en gasto en Defensa antes de 2029, con una maratoniana comparecencia en el Congreso de los Diputados, seguida de la habitual sesión de control al Ejecutivo, en la que pudo constatar una realidad: atar una mayoría en el Parlamento será una tarea casi imposible.

El discurso de Sánchez era de los más esperados ya que se esperaba que el jefe del Ejecutivo concretara una senda para alcanzar el 2% y también los mecanismos para financiarlo, justo cuando el Gobierno ya desliza abiertamente que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año ni están, ni se le esperan.

Lejos de anunciar plazos y cuantías, Sánchez apostó por avanzar que, antes del verano, el Ejecutivo aprobará un Plan Nacional para el Desarrollo de la Tecnología y la Industria de la Seguridad Españolas, un programa similar al Plan de Recuperación que canaliza los 160.000 millones de fondos europeos Next Generation EU.

¿De dónde procederá este dinero? La excusa oficial que utiliza La Moncloa es que los mecanismos de financiación del programa europeo (los 150.000 millones en préstamos, los créditos que se articularán a través del Banco Europeo de Inversiones…) aún no están definidos, como tampoco se ha computado el gasto en Defensa que finalmente se ejecutó en 2024, más allá de los datos preliminares que apuntan a un desembolso del 1,28% del PIB.

El presidente Sánchez está presionando para que, igual que se hizo tras el COVID-19, los Veintisiete lancen deuda mancomunada a través de la Comisión Europea y que se pongan en marcha transferencias a fondo perdido que, dice Sánchez, estarían destinadas sobre todo a los países limítrofes con Rusia.

«Lo verdaderamente importante no es cuánto invertimos ni cómo financiamos esa inversión, sino si invertimos mejor y si invertimos juntos los europeos y las europeas», dijo Sánchez ante el Pleno del Congreso, donde se comprometió a llevar a las Cortes «todo lo que tenga que pasar por el Parlamento».

Sin embargo, y después de una dura intervención del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la que cuestionó que Sánchez no aclare si será capaz de presentar unas Cuentas Públicas, el también secretario general del PSOE aseguró que utilizaría los mecanismos de la Ley General Presupuestaria para financiar ese programa de inversiones en Defensa.

En concreto, los artículos 61, 62 y 63 de esa norma facultan al Gobierno y a la ministra de Hacienda, la vicepresidenta María Jesús Montero, a hacer modificaciones y transferencias entre las diferentes secciones presupuestarias, así como a autorizar ampliaciones y el uso de remanentes.

No solo eso: desde 2021, en plena pandemia, la Ley de Presupuestos incorpora un precepto por el que la titular de Hacienda puede hacer aquellas modificaciones presupuestarias para hacer frente a «necesidades ineludibles», un concepto lo suficientemente amplio como para permitir el aumento del gasto en Defensa.

Ahora bien, el PP ya aireó la Ley con la que intentarán forzar a que el Gobierno pase por las Cortes sí o sí para financiar las nuevas inversiones en materia de Seguridad. Se trata de la Ley de Defensa Nacional, aprobada en 2005 por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que establece que el Congreso y el Senado tendrán que «aprobar las leyes relativas a la defensa y los créditos presupuestarios correspondientes«.

Sánchez, que insistió a lo largo de su discurso que el incremento de las partidas militares se hará «sin tocar un céntimo de gasto social o medioambiental», no convenció ni a sus socios de Gobierno (la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, llamó a salir de una OTAN «zombie» y en «muerte cerebral»), ni mucho menos a otros aliados parlamentarios como ERC, Junts, EH Bildu o Podemos. Los morados son el socio más duro de roer, más incluso que el PP, ya que su portavoz, la exministra Ione Belarra, llegó a llamar «señor de la guerra» al presidente.

El Gobierno ya habla abiertamente de que si no llegan a tiempo para los Presupuestos de este año (la tramitación legislativa es larga y podría no compensar), comenzarán a negociar los del ejercicio 2026. Pero, con las presiones de sus socios, a La Moncloa podría salirle más rentable tirar de las Cuentas prorrogadas que intentar aprobar unas nuevas.