Sindicatos y patronal avanzan en la negociación del recorte de jornada a la espera de las europeas

La mesa de diálogo bipartita entre los sindicatos y las patronales para ‘aterrizar’ el recorte de la jornada laboral legal de las 40 horas a las 37,5 horas sigue con sus trabajos y avanza a buen ritmo, aunque esos resultados difícilmente cristalizarán en un potencial acuerdo antes de las elecciones europeas del 9 de junio.

Así lo aseguran fuentes sindicales consultadas por ECONOMÍA DIGITAL, que valoran que las conversaciones entre los representantes de los trabajadores y los empresarios van muy bien, ya que los trabajos que se están produciendo son muy técnicos y que responden a cuestiones sobre cómo afrontar este recorte, que todo apunta que será anualizando la jornada, y cómo será la adaptación a cada uno de los sectores.

Desde la patronal confirman que las reuniones siguen produciéndose, aunque sin novedades en las mismas.

El nudo gordiano de las conversaciones se centra ahora mismo en el refuerzo del control horario de la jornada, donde las posiciones parecen más alejadas. Los sindicatos consideran que un recorte de las horas de trabajo difícilmente puede realizarse sin un conteo efectivo de la jornada, un tema que el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz quiso vincular a la negociación.

En concreto, el Gobierno apostó por una digitalización del registro de la jornada con un control más exhaustivo por la Inspección de Trabajo. Este sería inalterable por empresarios y trabajadores, pero los inspectores podrían tener acceso centralizado a los asientos. De esta obligación estarían excluidas las pymes, en un principio, aunque representan el 99% del tejido productivo.

Si bien las voces consultadas asumen que han de abordar y cerrar esta cuestión de la jornada cuanto antes, señalan que es muy improbable que la patronal vaya a cerrar un acuerdo a tres con el Gobierno antes de que pasen los comicios comunitarios. Esto podría suponer un balón de oxígeno para Díaz, en un momento en el que su proyecto político, Sumar, se tambalea.

Además, habría un segundo factor que estaría dilatando las conversaciones: la falta de acuerdo en el seno de la patronal. La CEOE es una suma de distintas organizaciones empresariales y, creen en las centrales, algunas no estarían poniendo palos en las ruedas de las negociaciones, mientras que otras estarían presionando para que no cedan al respecto.

Haya o no fumata blanca entre la patronal y los sindicatos, el objetivo no es que el pacto -si se consigue- se convierta en una recomendación a adoptar en la posterior negociación de los convenios, similar a lo que sucede con el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Los sindicatos apuestan porque la reforma legal del Estatuto de los Trabajadores sí o sí salga adelante, por lo que urgen al Gobierno a reactivar la agenda social aunque no cuenten con los votos en el Congreso.

Con todo, la reforma más estrechamente afectada por el ciclo electoral no es esta, sino otra en la que España lleva un considerable retraso: el subsidio por desempleo. Las fuentes consultadas creen que el plazo de mediados de mayo que la Comisión concedió al Gobierno -se trata de una de las reformas claves del cuarto pago de los fondos europeos- no va a ser suficiente, como ya han reconocido en el Gobierno.

Esto es porque esta reforma, que el Gobierno aprobó mediante real decreto-ley pero que Podemos tumbó en su convalidación en el Congreso, aún no está previsto que salga del Consejo de Ministros como proyecto de ley, en previsión de que el apoyo de la formación morada tampoco estaría cerrado… Ni lo estará hasta que se aclare la competencia con Sumar.

En el horizonte también está la modificación del despido, un compromiso del acuerdo del Gobierno entre PSOE y Sumar al que se suma otro factor: la resolución -cuyo sentido aún se desconoce- del Comité Europeo de Derechos Sociales a un procedimiento abierto por UGT, que consideraba contraria a derecho la regulación actual. El Ejecutivo se ha comprometido a su reforma, con la vicepresidenta reiterando en el Senado que dejaría de ser «rentable».

Los sindicatos apremian a que el Ministerio abra las conversaciones con ellos y, apuntan estas fuentes, creen que también sería del interés de la patronal que se regulara con acuerdo. Si no, la apertura de un frente judicial podría ser mucho más contrario a sus intereses.

El FMI ya advirtió la semana pasada de los potenciales efectos adversos que podrían tener algunas de las políticas en la cartera de Díaz. Sobre el despido, recomendaban eliminar «incertidumbres» sobre sus costes, mientras que la vicepresidenta segunda aboga por endurecerlo. Y sobre la jornada, pedían un esquema sin efectos adversos.

«Si no se diseña correctamente, la reducción prevista de la jornada laboral en el sector privado podría incrementar los costes laborales y reducir la producción y los ingresos de los trabajadores a largo plazo. Para contener estos efectos adversos, la reforma debería ir acompañada de moderación salarial, acomodar la heterogeneidad entre sectores a través de la negociación colectiva, ofrecer flexibilidad—por ejemplo, mediante la anualización de la reducción de horas—para maximizar las posibles ganancias en productividad, y tener en cuenta la interacción con el salario mínimo», advierte la institución con sede en Washington.

Según los cálculos de BBVA Research, el recorte de jornada tendría un impacto en el producto interior bruto (PIB) de alrededor de 1,2 puntos en los próximos dos años, con un impacto superior en el empleo, de alrededor de 1,6 puntos. A largo, el efecto es superior: 2,6 puntos menos de PIB y 3,4 puntos menos de empleo.