Una sentencia en EEUU por las primas renovables eleva la presión sobre España para pagar sus laudos
La ejecución de un laudo contra Rumanía podría sentar la jurisprudencia para que España se vea obligada a pagar los procesos recurridos en Estados Unidos
Planta fotovoltaica
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La justicia de EEUU pone contra las cuerdas a España. La Corte de Distrito de Columbia ha ordenado la ejecución de un laudo de 330 millones de dólares contra Rumanía en favor de los inversores suecos Micula.
Esta situación podría tener implicaciones significativas para la situación de España en relación con los arbitrajes internacionales por las primas renovables. Algunos de los casos se han trasladado a la justicia americana, y esta situación podría añadir nuevos enfoques.
La defensa española lleva años defendiendo que el derecho comunitario europeo no permite el pago de indemnizaciones decretadas en los arbitrajes internacionales que surgieron tras la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables.
Las empresas afectadas han decidido llevar sus reclamaciones a otros países como Reino Unido, Australia o EEUU. Este fallo emitido el pasado 14 de mayo señala que los tribunales estadounidenses están obligados por la legislación de su país a cumplir con los laudos del Ciadi.
Ahora los tribunales de EEUU podrían utilizar este precedente en los casos de arbitrajes relacionados con las primas renovables. Hasta la fecha, el gobierno español ha optado por no pagar las compensaciones decretadas, lo que ha llevado a medidas cautelares como el embargo de bienes y activos de España en el extranjero.
Lo que se juega España en EEUU
Hace unos días ECONOMÍA DIGITAL publicó el nuevo revés para el Gobierno español por las reclamaciones sobre las primas a la inversión renovable que se concedieron cuando llegaron los primeros desarrollos.
La Corte del Distrito de Columbia (EEUU) ha abierto la puerta a nuevos embargos de bienes y activos para España por el dinero que deben a NextEra y 9Ren por sus inversiones ‘verdes’.
La situación, en el caso de NextEra —el gran gigante americano de las renovables—, se remonta a 2019 cuando el tribunal de arbitraje del Ciadi falló el laudo en contra del Reino de España, y quedó obligada al pago de 290 M€. Ese mismo año perdió otro laudo con 9Ren por valor de 42 M€. Ahora se suman 6 M€ en concepto de intereses de demora y 15 M€ por condena en costas.
El Gobierno español lleva un tiempo maniobrando para eludir estos pagos con diferentes artimañas legales. Desde España se ha alegado que estos casos no serían competencia del Ciadi —al ser cuestiones intracomunitarias— y, por tanto, cualquier tipo de responsabilidad debería resolverse ante la justicia europea.
La última vista oral celebrada en Columbia cuestiona duramente las prácticas llevadas a cabo por el Gobierno español, y los comentarios de las juezas asistentes abren nuevas vías para el embargo de activos.
Una de las magistradas que asistió a la vista recalcó que las inversiones ‘verdes’ de las empresas afectadas han beneficiado a España y la UE, motivo por el cual causa sorpresa que ahora no se reconozcan las obligaciones de los afectados.
También se ha criticado a la Abogacía del Estado por “retorcer” las definiciones del TCE, insistiendo en que el Tratado permite claramente el tipo de arbitrajes que han resultado en más de 25 condenas España.
Las juezas también han reflexionado sobre la naturaleza del sistema internacional de arbitraje. Sostienen que “no sienta jurisprudencia, de modo que no puede minar de forma alguna la legalidad comunitaria de la UE ni la primacía de sus magistraturas”. Advierten por otro lado que, “si todos los países se niegan a cumplir con los procesos del Ciadi, el organismo colapsaría.
