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Seguridad Social se emplaza a seguir negociando con sus funcionarios tras la amenaza de huelga
El departamento que dirige Elma Saiz responde a las convocatorias de movilizaciones defendiendo que en el último año se ha creado empleo público en el organismo
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones quiere seguir negociando en los próximos meses con los sindicatos la aplicación del acuerdo que firmaron el año pasado y que incluía aumentos en la plantilla para reducir las cargas de trabajo, mejoras en las remuneraciones y también otras cuestiones como la implantación del teletrabajo de manera efectiva.
Y lo hace a pesar de que cuatro de los sindicatos con representación -CSIF, CCOO, CIG y ELA- lanzaron un comunicado la semana pasada advirtiendo de que en septiembre comenzarían una serie de movilizaciones y paros que podrían desembocar en una huelga en la Seguridad Social si no se cumplía con lo pactado hace un año.
Fuentes del Ministerio que ahora dirige Elma Saiz defienden el «notorio» incremento en las ofertas de empleo público para dotar a la plantilla de la Seguridad Social de plantilla suficiente para hacer frente a una carga de trabajo que, denuncian los sindicatos, se vio incrementada como consecuencia de la creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación cuya gestión se encomendó al organismo y con una burocracia que desbordó a sus trabajadores.
Las mismas fuentes aseguran que las cifras de las ofertas de empleo público son relevantes en comparación con periodos previos -referidos a los gobiernos del PP-, cuando se produjeron «fuertes descensos en las plantillas de personal» debido a «las políticas de recortes llevadas a cabo».
El conflicto estalló a mediados del año pasado cuando José Luis Escrivá aún era el responsable de la cartera de Seguridad Social. Los funcionarios dieron el preaviso para la que podría haber sido la primera huelga en el organismo, aunque el Gobierno -a pocos días de las elecciones municipales y autonómicas- consiguió desactivarlo con la firma del acuerdo que, ahora, los sindicatos dicen que no se están cumpliendo.
En concreto, urge que las ofertas de empleo público consoliden los refuerzos de una plantilla que, dicen los sindicatos, no serán suficientes de cara a la jubilación de los trabajadores que se producirá en los próximos años. «Hay que reconocerle al ministro Escrivá que redimensionó la plantilla con 5.300 puestos de trabajo. Pero los funcionarios de plantilla han tenido que estar formando a interinos y a algunos de ellos no les interesa seguir y les salen mejores ofertas de trabajo en el sector privado… Hay que sustituirlos y volvemos al punto de partida«, explica a ECONOMÍA DIGITAL Francisco Riesgo, delegado de CSIF en la Seguridad Social.
El Ministerio recuerda que la mesa negociadora ha mantenido diversas reuniones sobre cómo aplicar este acuerdo y se han agendado nuevos encuentros sobre aspectos concretos del pacto para los meses de septiembre y octubre.
Los sindicatos, sin embargo, señalan al secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez. El ‘número dos’ del departamento fue el responsable de firmar el acuerdo con los funcionarios en mayo de 2023. Con el cambio de Gobierno y el nombramiento de Elma Saiz en sustitución de Escrivá, Suárez fue refrendado en su cargo.
«Esperábamos por parte de la Administración que ejecutara lo recogido en el acuerdo», explica Lola Panero, de CCOO, en conversación con ECONOMÍA DIGITAL. «No era un acuerdo firmado sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo. Era una acuerdo firmado para ejecutarlo», incide.
Los sindicatos reclaman mejoras en la ordenación de recursos humanos, con el lanzamiento de un ‘macroconcurso’ que dote al organismo de la plantilla suficiente para hacer frente a las gestiones del día a día de la organización, así como estabilizar el empleo en el organismo, que cuenta con una temporalidad del 20%. Igualmente reclaman que ese día de teletrabajo al que pueden tener acceso puedan ser dos o tres a la semana, en línea con otros trabajadores dependientes del Ministerio. En el ámbito retributivo, también exigen el reparto de productividades y la revisión de complementos específicos y retribuciones ligadas al cargo.