La Seguridad Social supera por vez primera a Adeslas y Asisa como mayor proveedor de Muface

La crisis de Muface ha provocado un hito histórico en el mutualismo administrativo. Por primera vez, en 2024, la Seguridad Social se convirtió en la primera proveedora de la asistencia sanitaria a los funcionarios adscritos a la mutua, superando a Adeslas y a mucha distancia de Asisa, las dos aseguradoras que seguirán prestando el servicio tras confirmar su concurrencia al concierto.

Los datos del año 2024, que Muface ha actualizado en los últimos días, muestran que la Seguridad Social se convirtió, a cierre del ejercicio, en la principal prestataria de la atención sanitaria a los más de 1,5 millones de beneficiarios de la mutua. En total, 506.756 funcionarios y familiares apostaron por la sanidad pública entre las dudas sobre la continuidad o no del servicio. Un subidón de casi 50.000 personas (49.449, para ser exactos) en apenas un año.

Desde 2021 los funcionarios de nuevo ingreso ya no tienen la opción de acceder a las aseguradoras privadas, lo que explica, en parte, el incremento de los empleados públicos atendidos por la Seguridad Social.

Las aseguradoras pierden mutualistas de MUFACE

Adeslas, la primera aseguradora en batallar por que se mejoraran las condiciones del concierto y cuya continuidad estuvo en duda hasta que el ministro de Función Pública, Óscar López, no mejoró la oferta, continuó la tendencia de pérdida de funcionarios en sus registros. En 2024, perdió a 4.663 mutualistas, hasta los 504.040 beneficiarios, en total. Esta diferencia mínima, de apenas 2.000 personas, hizo que se colocaran en segunda posición como prestadores del servicio.

También Asisa, la segunda aseguradora privada en liza y que también continuará atendiendo a los funcionarios de Muface, perdió a clientes de la mutua. En concreto, pasó de atender a 363.946 en 2023 a 352.081 personas en 2024. Es decir, 11.865 menos.

La única que ganó asistentes fue DKV, con 1.699 más, hasta alcanzar los 201.318 beneficiarios de la mutua pública. Es llamativo ya que se trata de la única aseguradora de las tres que atienden Muface que no va a repetir en el nuevo concierto. Su filial internacional, la que da servicio a aquellos funcionarios en el extranjero (personal de embajadas, por ejemplo), también registró un mínimo descenso. Nueva Mutua Sanitaria tomará el relevo.

La salida de DKV probablemente provocará que, en cuanto entre en vigor el nuevo convenio, se produzca una reconfiguración de la asistencia sanitaria y quizá se beneficien tanto Adeslas como Asisa de ese nuevo reparto, provocando que la Seguridad Social pierda el ‘oro’, de nuevo.

Los datos muestran que la mutua se encuentra en máximos de asistencia en 20 años, sumando más de 35.000 nuevos usuarios en 2024. En total, son 1.142.571 los funcionarios titulares del derecho, mientras que 429.593 personas cuentan como beneficiarias. El colectivo se situó en 1.572.164 personas a finales del año pasado.

Fin del culebrón de MUFACE

El culebrón de Muface llegó a su fin después de que el Gobierno elevara la prima más de un 40% respecto al convenio actual. En total, el negocio supone 4.808,5 millones de euros para las tres anualidades (2025-2027), tras sumarle una dotación adicional de 330,5 millones de euros en el segundo incrementó que ofreció el ministro Óscar Lopez.

Precisamente esta subida del precio fue criticada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados. Durante una intervención en la que reprocharon la negativa a actualizar los contratos públicos con el IPC, después de haber subido la prima de Muface, Montero tachó de «excesivamente alto» el incremento que se cerró para atraer a las aseguradoras al nuevo contrato.

El concierto abarca a 1,5 millones de personas, entre titulares y beneficiarios. El 65% de los titulares son docentes de primaria, secundaria y universitarios y un 17% pertenece a algunos cuerpos de la Administración General del Estado.

En los últimos días ha habido una polémica en torno a la mutualidad por las supuestas presiones recibidas por oncólogos de la sanidad privada para ahorrar costes en la prescripción de tratamientos y las quejas recibidas por parte de mutualistas respecto a la reducción de cuadros médicos de las aseguradoras.

El sindicato CSIF, mayoritario en las Administraciones Públicas, anunció que el Consejo General de Muface se reunirá la próxima semana para abordar estos asuntos. La central ya había denunciado que, ante la inseguridad sobre el futuro de la mutualidad, varias aseguradoras estaban retrasando citas o rechazando tratamientos de los asegurados.

Este concierto podría ser el último del servicio. En un informe elaborado por el Ministerio de Sanidad de hace unos meses, el departamento que dirige Mónica García (Más Madrid-Sumar) consideraba factible incorporar a la atención pública a todo el colectivo de 1,5 millones de beneficiarios de Muface.

«Existen antecedentes de incorporación importante de personas a la sanidad pública derivada de cambios en el modelo de aseguramiento. En 1983, el Instituto Nacional de la Seguridad Social incorporó de forma obligatoria a 400.000 autónomos a la cobertura del INSALUD y, en 1989, se incorporaron en torno a 250.000 personas que estaban acogidas al padrón de beneficencia», recuerda el documento.

Este informe hace un apunte interesante, y es que los mutualistas de Muface son una población que está envejeciendo a un ritmo superior al de la población general, «lo cual hace prever que en el caso de continuar el modelo actual de provisión de servicios, los incrementos de cápita que tendrían que producirse a futuro serían de una cuantía importante, al no existir una distribución etaria (y, probablemente, de consumo de recursos sanitarios) que permita la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo».