Seguridad Social abaratará el pago de los becarios que rescaten la cotización de sus prácticas

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones abaratará el pago que tendrán que hacer los antiguos becarios que quieran recuperar el periodo de prácticas no cotizadas, aplicando la base del año en el que se realizaron y no la de 2024, como aparece en la orden que entra en vigor el 1 de junio.

El anuncio lo adelantó la propia ministra del ramo, Elma Saiz, en una entrevista en La Vanguardia y lo confirmó el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, tras una reunión con los agentes sociales para negociar esta medida.

En este sentido, la nueva propuesta, que debería sustituir a la orden ministerial anterior tras la polémica por el excesivo coste -en torno a 250 y 290 euros por cada mes a recuperar-, permitirá pagar por la base mínima de cotización del año en que se realizó. También se eliminará la restricción que había prevista en la normativa, por la que si se habían recuperado los dos años de periodo no cotizado en 2011, estos se «absorbían» con los cinco que permite la actual, por lo que, efectivamente, solo podrían comprarse tres años más de cotización. Este precepto es clave para las carreras de algunos investigadores que han tenido que encadenar numerosas becas de investigación.

Igualmente, también se flexibilizará el pago de las cuotas, que se podrá fraccionar en cinco años, y se ampliará el plazo de solicitud hasta 2027.

Los sindicatos han valorado los cambios, aunque han asegurado que todavía no hay acuerdo al respecto, por lo que se han emplazado a una nueva reunión, tras estudiar la propuesta presentada hoy por el Ejecutivo.

«Es una pena que una medida como la nueva cotización de personas con becas y con prácticas, que está teniendo un resultado espectacular en los primeros meses del año, esté siendo nublada por este debate, por la desgraciada forma en la que se ha aprobado la orden ministerial», lamentó el secretario de Política Social de CCOO, Carlos Bravo.

A su juicio, la primera valoración de la propuesta del Gobierno es «positiva», aunque sin aproximarse lo «suficiente» al marco que se instauró en 2011, el modelo que reclaman los representantes de los trabajadores.

El tiempo apremia ya que la norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 1 de mayo, entra en vigor el 1 de junio, por lo que tendrá que aprobarse una nueva orden ministerial antes de ese plazo.