Sareb, brazo ejecutor del Gobierno con la vivienda social, demandada por cláusulas abusivas

La Sareb, el llamado banco malo, ha sido demandada por cláusulas abusivas. Una vecina de Puente de Vallecas (Madrid) ha presentado la primera demanda contra la entidad, que actualmente gestiona más de 8.000 alquileres sociales donde viven más de 24.000 personas vulnerables, porque le reclamaba 10.000 euros de deuda por «subidas encubiertas del alquiler» durante el primer año de contrato.

Giselli, la inquilina demandante, firmó su alquiler en 2021. Un año después, asegura, sin previo aviso y sin haber dejado de pagar ni un solo mes, se encontró con un burofax de la propiedad que le indicaba que debía 10.000 euros de alquiler. Una cláusula, la de bonificación de renta, permitía está práctica.

La demanda ha sido presentada con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas, que denuncia condiciones de este estilo en «todos los contratos de alquiler social» de la entidad, por lo que consideran que es la primera reclamación «de muchas». Unas cláusulas que, aseguran, «son una muestra que para la Sareb y para el Estado todas estas viviendas son activos financieros, no son el principio de ningún parque de vivienda social».

Según explican, como la ley no permite subidas del alquiler dentro del contrato, la Sareb y otros grandes tenedores «incluyen esta supuesta bonificación cuya retirada supone de facto la subida del alquiler«.

Por eso, la demanda argumenta que estos contratos «no son transparentes ni han sido firmados libremente», pues se efectúan «con la presión del desahucio». Incluso, a veces, son presentados por el banco y sus mediadores «el mismo día del desahucio».

Otras cláusulas abusivas

Además de esta bonificación, la PAH denuncia otras condiciones abusivas en los contratos de la Sareb. Por ejemplo, explican que, para mantener el alquiler social, se obliga a los inquilinos a participar en un programa de acompañamiento social, aunque se encuentren trabajando o no puedan hacerlo por estar cuidando a terceros.

Asimismo, la Sareb se reserva el derecho de rescindir el contrato «ante cualquier circunstancia en la que considere que el inquilino no colabora», afirman desde la PAH, que buscan que el 100% de estas viviendas «salgan del mercado y formen parte de un verdadero parque de vivienda pública y social».

Esta situación se produce año y medio después que el Gobierno anunciara que incluiría 50.000 viviendas del banco en su listado de vivienda asequible. Tal como explicó Economía Digital, pero, de las primeras 3.771 viviendas sociales que se ponen en marcha en la primera fase, menos de 900 estarán en zonas con el mercado tensionado.

La Sareb defiende su programa

No obstante, la Sareb ha defendido su programa de alquiler social. En un comunicado publicado este mismo jueves, aunque no hace referencia explícita a la demanda presentada, subraya que su programa es «muy garantista ante las situaciones de vulnerabilidad», con un alquiler social «ligado a la corresponsabilidad de la familia a través de los Programas de Acompañamiento e Inserción Laboral».

A través de ellos, la familia puede acceder «al asesoramiento necesario para superar su situación de riesgo de exclusión socioeconómica». Y, si «colabora con los mediadores sociales de la compañía para certificar su vulnerabilidad», aseguran, bonifican el precio del alquiler de la vivienda para que no supere en ningún caso el 30% de los ingresos de la familia.

La Sareb también recuerda que este programa está dirigido exclusivamente a las familias que ya residen en viviendas de su propiedad e insisten que, para firmar el contrato de alquiler social bonificación, es imprescindible la participación en el programa de acompañamiento,