Sánchez desafía a Von der Leyen y dice que sus medidas en migración sumarán 6.000 millones al PIB

El Gobierno que preside Pedro Sánchez ha dado más pasos adelante en materia de migración cuando el Ejecutivo comunitario, dirigido por la ‘popular’ alemana Ursula von der Leyen, está dando pasos atrás y ha propuesto copiar la fórmula italiana para centros de deportación de aquellos trabajadores irregulares fuera del territorio comunitario mientras se resuelven sus casos en la UE. Algo que el Ejecutivo ha dicho que es «absolutamente contrario» al que defienden en España.

En el Congreso se encuentra paralizada una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de cerca de 500.000 migrantes y, a pesar de que el PSOE y Sumar acordaron su desbloqueo, la propuesta aún no ha sido llevada al pleno, donde solo recibió el voto en contra de Vox para que se aceptara a trámite.

Y, mientras, Sánchez se ha comprometido a adoptar medidas en materia de migración, después de las semanas de crisis migratoria, que, según los cálculos del Ministerio de Economía, supondrá sumar 4.500 millones de euros al producto interior bruto (PIB) una vez se aprueben en 2025 y una reducción del déficit de hasta 2.000 millones en 2031.

De acuerdo con el Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo que el Gobierno remitió en la noche del martes a Bruselas, como parte de las reformas nuevas prometidas para suavizar el ajuste en las cuentas públicas y hacerlo a siete años en lugar de a cuatro, el Ejecutivo ha prometido un nuevo Reglamento de Extranjería y un cambio en la homologación de los títulos extranjeros para favorecer el ejercicio profesional en nuestro país.

«El reto demográfico y la inversión de la pirámide poblacional en España es uno de los retos de largo plazo que puede verse en parte compensado por el fenómeno migratorio existente. En la actualidad, cerca del 16% de la población española ha nacido en el extranjero y los flujos migratorios actuales pueden continuar elevando esa cifra, considerando adicionalmente el decrecimiento de la población nacida en España», detalla el Ejecutivo en el documento.

El Gobierno de Pedro Sánchez se compromete a tratar de atraer migrantes con mayores niveles de cualificación «en aquellos sectores de mayor interés nacional», de tal manera que aumente la cualificación de la fuerza laboral y la productividad.

Así, la reforma del Reglamento de la Ley de Extranjera buscará mejorar la regularización del «stock de inmigrantes existente», aflorando economía sumergida, y revisando las figuras vinculadas a la contratación en origen para «poder maximizar el potencial económico de los inmigrantes».

La segunda modificación legislativa que propone el Gobierno a la Comisión es la simplificación del sistema de homologación de títulos. «Uno de los retos más importantes para lograr incrementar la productividad de la población inmigrante, y con ello su aportación al crecimiento económico, es el de reconocer sus cualificaciones y competencias profesionales, en especial en lo que se refiere a enseñanzas universitarias», dice el texto.

Por ello, pretenden dar seguimiento a una reforma de 2022 que ya agilizó la convalidación para limar las limitaciones que «siguen mermando de forma notable la agilidad y la eficiencia del sistema». Cada mes el sistema recibe 5.000 solicitudes de convalidación de estos títulos, el 84% de América Latina, y el Gobierno reconoce no tener capacidad suficiente: el año pasado solo resolvieron 27.200 solicitudes.

Sin mucho más detalle -todas las medidas se detallarán anualmente en el Plan Presupuestario que envía el Ejecutivo a Bruselas-, el Gobierno afirma que las medidas «requieren modificaciones normativas complejas que afectan a diferentes actores como las universidades, los centros de educación superior, las oficinas administrativas de tramitación, certificación y validación y distintas organizaciones sociales, todos ellos en los ámbitos nacionales, comunitarios y extracomunitarios».

El Ejecutivo estima que estas medidas tendrán un impacto hasta 2031 de 0,3 décimas sobre el crecimiento económico. Es decir, 4.500 millones si tomamos como base el tamaño de la economía en la actualidad, o de 6.000 millones, si estimamos el tamaño de la economía para entonces, como ha calculado el propio Ministerio.

La afloración de la economía sumergida y el pago de impuestos repercutirá también en las cuentas públicas. De nuevo, el Gobierno cree que tendrá un impacto sobre el saldo público de 1 décima de PIB hasta 2031. Es decir, unos 2.000 millones de euros.

Sánchez da más pasos a favor de la migración regular, sobre todo de la procedente de América Latina, mientras en Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propone explorar «posibles vías» para la creación de centros de deportación de migrantes irregulares fuera del territorio comunitario mientras se resuelven sus casos en la UE.

El Gobierno ya ha cerrado la puerta a esta posibilidad, mostrando su rechazo. «Es un modelo absolutamente contrario al que promueve España», respondió la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuestionada al respecto en la sesión de control. El del Ejecutivo, explicó la ‘número dos’, defiende una migración «regular, ordenada, que permita la integración de las personas que vienen buscando mejores oportunidades».