Sánchez, sin apoyos para los ‘impuestazos’: Sumar presiona con la banca, PNV y Junts, con la energía

El Gobierno tiene que hacer frente a las contradicciones de estar sustentado por una mayoría de partidos que solo encumbró a Pedro Sánchez como presidente para evitar la llegada de una coalición de PP y Vox a La Moncloa. La primera de ellas, que el programa económico no puede convencer a izquierda y a derecha, con posiciones muy alejadas. Y antes de entrar en materia presupuestaria, la negociación para hacer permanentes los impuestos extraordinarios a la banca y al sector energético ya está tensando sus costuras.

Junts y el PNV ya han manifestado su rechazo a hacer permanente este impuesto, lo que resta 12 votos clave (7 del partido catalán, 5 del vasco) a la mayoría necesaria para sacar adelante cualquier votación en el Congreso. El PSOE (120 escaños, sin contar al exministro José Luis Ábalos en el Grupo Mixto) y Sumar (27 actas) necesitan de todos los apoyos para hacer frente al previsible rechazo de PP (137) y Vox (33).

Pero incluso el disenso se puede palpar en el seno de la coalición. El portavoz económico del partido de Yolanda Díaz, Carlos Martín, cuestionó en un hilo publicado en la red social X (antes, Twitter) que el gravamen a la banca deba ser convertido en un impuesto al uso. «El gravamen temporal a la banca es una prestación patrimonial pública no tributaria que grava el margen de intereses y comisiones netas. Esta naturaleza debe mantenerse cuando se transforme en permanente para asegurar su solvencia legal», explicó el diputado.

Sumar, contra la revisión del impuesto a la banca

A juicio del economista, si se reforma el tributo para convertirlo en un impuesto al uso sobre los beneficios, deduciéndose las provisiones, podría incurrirse en doble imposición, lo que lo haría ilegal y supondría su decaída. «El alto coste en devoluciones tributarias que hay que asumir en la actualidad por la doble imposición a mutualistas y por el mal diseño de la reforma del impuesto de sociedades de Montoro aconsejan no hacer más experimentos tributarios en el alambre y reforzar la solidez jurídica«, justifica el cerebro económico del partido de Díaz.

Sin embargo, esta postura choca con lo que el propio Gobierno -y el Congreso, después- aprobó mediante Real Decreto-Ley a finales del año pasado. Entonces, el PSOE y Sumar acordaron «la revisión de la configuración de ambos gravámenes para su integración en el sistema tributario en el propio ejercicio fiscal 2024», la única manera que permitiría incluirlos como parte del concierto vasco o del convenio navarro. Es decir, se dejaría fuera del alcance del PNV la capacidad para dar ciertas facilidades a las entidades vascas.

El PNV ya había mostrado sus reparos anteriormente con esta figura. El presidente del partido, Andoni Ortuzar, ha calificado el impuesto a las energéticas como «irregular». Pero ha dejado la puerta abierta a que, si sigue adelante y se puede concertar, pueda bonificarse el tributo en el País Vasco, algo que beneficiaría sin duda a Iberdrola, la gran energética con sede en Euskadi.

Una inversión de 1.100 millones en Tarragona

El consejero delegado de Repsol y expresidente del PNV, Josu Jon Imaz, ha elevado la presión esta misma semana, con un artículo en La Vanguardia donde ha cargado contra el «populismo fiscal». «Miles de millones de euros se desviarán a otros países. Es posible que, ante la dificultad de descarbonizarse, el sector del refino español vaya teniendo dificultades para mantenerse antes de que acabe esta década», argumentó en la tribuna.

Como ha informado ECONOMÍA DIGITAL, la petrolera mantiene paralizados proyectos que suponen casi el 3% de los objetivos en hidrógeno renovable hasta 2030.

Uno de ellos, una inversión en Tarragona, es la clave por la que Junts estaría bloqueando cualquier posibilidad de que estos impuestos sigan adelante. En concreto, 1.100 millones de euros en una planta de producción de metanol y bioetanol renovable, así como el electrolizador de hidrógeno verde en El Morrell.

Más allá de la derrota política que supondría no sacar adelante la prórroga de ambos impuestos para el año próximo, el Gobierno ha prometido a Bruselas, como parte de una reforma fiscal que recaudará 6.000 millones de cara a 2031, la permanencia de ambas figuras. Esto pondría en cuestión la senda fiscal del Ejecutivo, que quiere cerrar el año que viene con un déficit del 2,5% del PIB.

Junts, además, presionará este miércoles a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con una pregunta en la sesión de control sobre el grado de cumplimiento del Gobierno de los anteriores presupuestos. La formulación parece indicar que apretará en plenas negociaciones de la senda fiscal para 2025, y sin entrar todavía a las conversaciones para las Cuentas para el año próximo.