Sánchez quiere que Junts y PNV apoyen una subida de impuestos de 6.000 millones

El Gobierno de Pedro Sánchez ha cumplido con el principal hito de las nuevas reglas fiscales: el envío de un Plan Fiscal Estructural para los años 2025 a 2028 y que supondrá un ajuste de más de 42.000 millones de euros hasta 2031, de tal manera que se embriden tanto el déficit como la deuda pública de cara a la próxima década.

Sin embargo, el documento remitido a Bruselas es más una guía de compromisos que un compendio de medidas, que en el Gobierno ya han explicado que se detallarán año a año con el envío del borrador de los Presupuestos a la Comisión Europea.

Lo que sí incluye el documento es un compromiso expreso a ejecutar una reforma fiscal que sirva para «promover la convergencia a la fiscalidad europea» y que estiman que tenga un impacto en reducción del déficit de 0,3 puntos porcentuales de PIB en 2031, el último año del ajuste, lo que equivaldría a 6.000 millones adicionales de recaudación.

Los impuestos a la banca y a las energéticas, confirmados

Todos los caminos para conseguir tanto los Presupuestos como esa reforma fiscal pasan tanto por Junts como por el PNV, las dos fuerzas de centro derecha encuadradas dentro de la mayoría que da sustento al Gobierno de coalición de los progresistas PSOE y Sumar. Y algunas de las medidas no serán fáciles de vender por parte de los Ministerios de Economía y Hacienda a los socios conservadores, al tiempo que las concesiones tendrán que ser mínimas para no perder los soportes por parte de la izquierda.

El Ejecutivo, han confirmado fuentes gubernamentales, ha incluido dentro de esta reforma fiscal a futuro los cambios de los impuestos a la banca y a las energéticas para hacerlos permanentes. Y precisamente estas figuras tributarias han generado suspicacia en estas formaciones, sobre todo el de las energéticas en el PNV, que sigue muy de cerca sus efectos sobre Iberdrola.

Ambas figuras aportan unos ingresos a las arcas del Estado de en torno a 3.000 millones de euros, pero eso sin contar los efectos que tendrá la reforma -el Ejecutivo ya se comprometió a introducir deducciones por inversiones verdes en el gravamen extraordinario al sector energético-, ni el hecho de que se vayan a disipar a futuro las subidas de precios de la luz y de los tipos de interés, ambas razones que motivaron la creación de los tributos.

El PP da por hecho el apoyo de Junts al Gobierno

En el Ejecutivo confirman que las negociaciones con Junts para sacar adelante la senda de déficit se están manteniendo de manera discreta por parte del Ministerio de Hacienda que dirige la vicepresidenta María Jesús Montero y Carlos Cuerpo, el titular de Economía, volvió a insistir en que había margen para que la Administración General del Estado ceda capacidad de gasto a las comunidades autónomas en 2025, manteniendo, eso sí, el objetivo global de cerrar el déficit en el 2,5% del PIB.

La principal reivindicación de los posconvergentes para dar luz verde al primer trámite parlamentario de los Presupuestos (y sin comprometerse a dejar paso a las cuentas, después) era un reparto más generoso del déficit para las comunidades autónomas, aunque fuera a costa de los límites autoimpuestos por el Ministerio de Hacienda para el Gobierno central.

Esas negociaciones van a buena marcha y Junts, pese a haber amagado con apoyar una posible moción de censura del PP, se ha desdicho para confirmar que las conversaciones siguen en marcha con el Gobierno.

Cómo verán la situación en Génova que su vicesecretario Elías Bendodo, en una reunión privada con líderes del Partido Popular que ha sido difundida por error, ha reconocido que hay muchas posibilidades de que salgan adelante los Presupuestos Generales del Estado, abonando una potencial legislatura hasta 2027.

Sánchez quiere cerrar la brecha con la UE

Volviendo al Plan Fiscal, la convergencia con la Unión Europea que busca supondría cerrar la brecha de más de cuatro puntos (del 38% al 42%) en presión fiscal, lo que implicaría unos ingresos adicionales de 60.000 millones de euros para las arcas públicas, una cuantía muy superior al impacto de la reforma diseñada por Moncloa.

En total, todas las medidas incluidas en el plan supondrán un crecimiento económico de 3,3 puntos y una reducción del déficit de 2,4 puntos en 2031, y la mitad mediante las nuevas que ha anunciado el Ejecutivo, como la reforma fiscal.

En esta reducción del déficit se incluyen propuestas de toda índole: por ejemplo, estiman que tanto el nuevo Plan de Energía aprobado recientemente como la Estrategia de planificación eléctrica supongan una reducción (0,2%) del desequilibrio fiscal. O incluso medidas ya aprobadas, como la compatibilización de prestaciones y subsidios para sacar a desempleados del paro de larga duración, o anuncios en materia de migraciones, como el nuevo Reglamento de Extranjería o la homologación de títulos, supondrán ingresos adicionales para las arcas del Estado.