Sánchez comparte con Caixabank y Bankia su insomnio por el IRPH

Ha llovido mucho desde que Goldman Sachs publicara el pasado diciembre su informe -duramente criticado por algunos bancos-, en el que adelantaba que el impacto para el sector financiero español de la posible sentencia negativa del IRPH sería multimillonario. En aquel estudio, estos analistas valoraban entre 7.000 y 44.000 el posible roto; con Bankinter como el único banco del IBEX al margen, y con Caixabank y Bankia como los más afectados, en el caso de que la Justicia da la razón a los consumidores, que denuncian la falta de transparencia de la comercialización de créditos ligados a este indicador hipotecario.

Pero la banca no es la única que puede encajar hoy una mala noticia (o respirar aliviada) cuando se conozca la decisión del Abogado General del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Pedro Sánchez y el gobierno español también puede verse afectada indirectamente por la participación que el Estado mantiene en el capital de la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri. Un posicionamiento a favor de los consumidores del magistrado podría adelantar la misma decisión del TJUE y provocar que el sector tuviera que comenzar a construir provisiones, para conservar capital a costa de los beneficios.

Es algo que ocupa al consejo de Bankia. Según explicó a analistas José Sevilla, consejero delegado, la incertidumbre que le queda al banco para decidir cuándo y cómo repartir su exceso de capital era justo conocer que sucedía con las hipotecas ligadas al IRPH. «Aunque en términos comparables la cartera es pequeña, ante cualquier contingencia creo que es mejor esperar a la decisión del Abogado General y entonces podremos tomar una decisión de manera más confortable sobre el reparto de capital», señaló. «Lo veremos en los próximos trimestres», predijo.

Hasta el 30 de junio, Bankia atesoraba un exceso de capital superior a 500 millones, que debería haber aumentado a lo largo del verano si el banco ha mantenido su velocidad de crucero en creación de recursos propios. El banco no se ha movido de su hoja de ruta en cuanto a capital, a pesar de que ha reconocido que no podrá ganar 1.300 millones, y, así, Sevilla se lo pronosticó a la banca de inversión en julio. «Somos optimistas y creemos que en la segunda mitad del plan estratégico seremos capaces de generar el exceso de capital objetivo», adelantó.

El banco se ha comprometido a repartir durante el periodo 2018-2020, 2.500 millones vía retribución al accionista y es el Estado el más beneficiado por esta política, ya que controla cerca de un 62% de las acciones. En este sentido, de la reserva ‘extra’ actual de capital (pretende repartir todo el exceso por encima del 12% de CET1 Fully Loaded), el Estado recibiría más de 300 millones; que, sin embargo, podrían ser menores en el caso de una sentencia a favor de los consumidores en la pugna por el IRPH.

Bankia cuenta con una cartera de hipotecas referenciadas al IRPH de 1.600 millones y, al igual que otros bancos cotizados, hasta el momento no ha provisionado ninguna cantidad para afrontar el posible pago de indemnizaciones por este asunto, dado que hasta ahora este indicador sobre el que se calculan los intereses de los préstamos hipotecarios ha sido considerado transparente por el Tribunal Supremo.

Este lunes, Renta4 adelantaba que, una sentencia contraria para la banca, sería especialmente negativa para Caixabank y Bankia en términos de capital. La exposición declarada (6.700 y 1.600 millones, respectivamente), equivaldría a un 39% del ratio CET 1 Fully Loaded estimado para Caixabank este año y de un 15% en el caso de Bankia; presionando su confortabilidad actual.

Esta es solo una primera aproximación, ya que no existe ninguna visibilidad sobre el importe de las indemnizaciones. La divergencia de cálculos de Goldman Sachs es un ejemplo de ello, ya que baraja varias hipótesis con resultados muy diversos: desde la devolución solo del exceso de intereses pagado por los hipotecados en IRPH respecto al euríbor; hasta el reintegro total, aplicando retroactividad y considerando que las hipotecas se declararan nulas. Además, Golman considera que la banca tenga que asumir el 100 por 100 de las reclamaciones, cuando la tasa de litigiosidad se coloca por debajo del 30%.

En cualquier caso, la sentencia es una fuente de incertidumbre para el sector, que necesitaría despejar del todo la incógnita para quitarse el lastre en bolsa. «Si la conclusión del abogado es desfavorable no descartamos nuevos descensos de las cotizaciones, y en caso contrario una reacción positiva. Nos mantendríamos cautos dentro del sector a pesar de que cotiza a unos múltiplos históricamente bajos, y esperaríamos a conocer la sentencia final para tomar posiciones en un entorno de deterioro macroeconómico y dificultad para mejorar el ROE», recomendaba este lunes la analista de Renta4 especializada en sector financiero, Nuria Álvarez.

Decisión no vinculante

El pronunciamiento del Abogado General del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea este martes no es vinculante, pero, si es negativa, podría obligar a los bancos a ir construyendo un colchón para prepararse ante posibles reclamaciones futuras, que podría comenzar a verse en los resultados del tercer trimestre, que se cierran el próximo día 30. La sentencia final del TJUE se espera para finales de este año o principios de 2020, por lo que la incertidumbre podría alargarse.

Los reguladores –Banco Central Europeo y Banco de España-, están siendo especialmente puntillosos con el capital de la banca española, a la que de vez en cuando recuerdan que se encuentran en el vagón de cola en solvencia en Europa; por lo que podrían no ser flexibles y obligar a los bancos a incorporar dotaciones, antes de que exista un pronunciamiento firme si este martes el abogado general se pone del lado de los consumidores.

Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de España, ya les ha dado una idea: revisar si deben pagar solo dividendos en efectivo.