Sánchez cita en enero a las CCAA para negociar el perdón de la deuda y la nueva financiación

El Ministerio de Hacienda convoca una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar el compromiso de investidura con ERC, que supone condonar 15.000 millones a Cataluña

Foto de familia de la XXVII Conferencia de Presidentes, en el Palacio de la Magdalena. C. Ortiz / Europa Press

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El Gobierno ha comunicado a los presidentes regionales que convocará un Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano multilateral que reúne al Ministerio de Hacienda con los responsables autonómicos de esta cartera, para avanzar en la condonación de la deuda pública de las comunidades autónomas y también en un nuevo sistema de financiación «que garantice que todas reciban más recursos».

El Ejecutivo ha trasladado durante la Conferencia de Presidentes que tiene lugar en Santander lo que ya avanzó ECONOMÍA DIGITAL, que pretendía impulsar esta carpeta pendiente de manera simultánea a la negociación presupuestaria, tratando de atar así los votos de los socios clave, Junts y ERC.

El PSOE se comprometió con ERC a condonar parte de la deuda pública de Cataluña, una de las más desequilibradas, por una cuantía que rondaba los 15.000 millones de euros. Esta fue la principal promesa de los socialistas a los republicanos para desbloquear la investidura de Pedro Sánchez y el Gobierno decidió ampliarla al resto de comunidades del régimen común, excluidas las regiones forales del País Vasco y Navarra.

Además, el Gobierno ha propuesto también que se aborde en esa reunión el nuevo modelo de financiación autonómica «que concilie la multilateralidad y la bilateralidad, blinde la solidaridad entre territorios, y garantice que todas las CCAA reciban más recursos de los que reciben hoy», según detallan fuentes gubernamentales.

El Gobierno también ha puesto encima de la mesa que las comunidades reprogramen una parte de los fondos europeos de cohesión FEDER y FSE+ para dar a los territorios afectados por la DANA una línea adicional de ayuda. «Esta es una opción que ya contempla la normativa europea y que podría contribuir a reforzar las medidas ya adoptadas por el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat Valenciana para reconstruir y relanzar la economía de los territorios afectados», explica el Ejecutivo.

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