Izquierda Española denuncia que hay un «troceamiento» de Rodalies para cederlo a la Generalitat

Izquierda Española denunció este martes el «troceamiento» del servicio de trenes catalanes de cercanías, o Rodalies, para cederlo a la Generalitat, por lo que entiende que supondrá un perjuicio a los empleados y al patrimonio común de infraestructuras.

Lo hizo en nota de prensa después de la reunión que el ministro de Transportes, Óscar Puente, mantuvo ayer con la Generalitat para negociar la transferencia. Según indicaron a Servimedia fuentes del partido que lidera Guillermo del Valle, con su denuncia recoge las quejas que representantes del sindicato Semaf les trasladaron en una reunión el pasado 1 de enero.

Para el partido de izquierdas pero contrario a los pactos del Gobierno con el nacionalismo, «es un error segregar a los trabajadores contra su voluntad», y «se verán perjudicados», por más que Puente firmara hace tres meses un acuerdo con los trabajadores en el que les prometió la integridad de Renfe y Adif y mantener sus plantillas a cambio de que desconvocaran la huelga.

Aparte del perjuicio para los trabajadores, Izquierda Española denunció que el Gobierno entrega a la Generalitat «unas infraestructuras públicas que pertenecen a todos los españoles», que «han supuesto una gran inversión estatal por ser de interés común y van a ser sustraídas de la Red Ferroviaria de Interés General».

Esta formación, que ultima su candidatura a las elecciones europeas, subrayó que la Generalitat «ya posee la gestión del servicio de Rodalies, por lo que este acuerdo no persigue modificaciones para mejorar el funcionamiento, sino trocear las empresas públicas y duplicar estructuras, aumentando la ineficiencia y la descoordinación en el servicio».

«Este desmembramiento de un servicio público crucial abre la puerta al troceamiento y posterior privatización del transporte público. Los últimos gobiernos de PSOE y PP han demostrado claramente que esa es la intención final, tanto para servicios de mercancías como de viajeros», advierte Izquierda Española, que reclamó «detener estas cesiones de infraestructuras críticas españolas que, a todas luces, perjudicarán gravemente a trabajadores, empeorarán unos servicios ya descuidados por Ministerio y Generalitat y agravarán las incidencias que ya sufren los ciudadanos».