La reventa de Sánchez: anuncia inversiones por 60.000 millones varias veces

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado las últimas semanas para poner en reventa algunas de las medidas que ha prometido o anunciado con anterioridad, tratando de atraerse a las pymes, por un lado, y de subrayar los esfuerzos del Ejecutivo en materia de vivienda, por otro.

El último ejemplo ha sido el anuncio de una decisión del Consejo de Ministros, un mero trámite, por la que el Gobierno avalará el acuerdo que alcanzó Vivienda con las comunidades autónomas para repartir 200 millones de euros del Bono Alquiler Joven, una medida que impulsó a principios de 2022 y que va por su tercera edición.

Las cuantías se fijaron en la Conferencia Sectorial de Vivienda de 2022 y, a principios de mes, la ministra de Vivienda se reunió con todos los consejeros autonómicos del ramo para hacerles traslado del mismo reparto que se ha venido produciendo en los dos últimos años. El anuncio de Sánchez, por tanto, solo recalca algo que ya venía contemplado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023. Ante la falta de Presupuestos para 2024, ni siquiera han podido actualizar la dotación de esta medida, que da una ayuda de 250 euros mensuales para el pago del alquiler.

No es el único episodio. El Ministerio de Industria organizó un evento dedicado a las pymes. Ahí Sánchez también hizo un anuncio que sabía a antiguo: «Les anuncio que vamos a destinar 4.500 millones de euros en subvenciones y cerca de 50.000 millones en préstamos e instrumentos financieros del Plan de Recuperación a nuestras pymes».

La puesta de largo fue solemne y la cantidad de fondos públicos, ingente: 1.380 millones de subvenciones de Red.es; 3.000 millones de subvenciones de los PERTE; 630 millones de las garantías de CERSA; 2.400 millones del Fondo de Impacto Social y el Fondo de Coinversión de Cofides; más de 30.000 millones de las líneas ICO verde e ICO empresas y emprendedores; y 16.400 millones de la Sociedad Estatal para la Transformación Tecnológica (SETT), con el Mecanismo del PERTE Chip, el Fondo Next Tech y la línea Audiovisual Hub.

Pero todas esas cuantías habían sido anunciadas previamente o se habían ido detallando las inversiones, por lo que había poco de nuevo y mucho de propaganda en el anuncio del presidente del Gobierno.

No es el único ejemplo: el Ejecutivo también vendió a bombo y platillo la puesta en marcha de 43.000 viviendas de alquiler asequible con 6.000 millones de euros en préstamos y avales. Pero esta cuantía viene a través de un convenio de 6.000 millones con el ICO para la edificación de todas estas casas, algo que ya estaba contemplado en la Adenda del Plan de Recuperación. Sí es cierto que la cuantía recogida era algo menor, 4.000 millones, pero la inversión estaba ya recogida.

Algo ocurrido sucedió a principios de año durante Fitur. Sánchez anunció con solemnidad una inversión de 2.400 millones de euros para la ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. «Un proyecto de ampliación de 2.400 millones, la mayor inversión que vamos a tener durante la última década en infraestructuras aeroportuarias, que se va a traducir en un fuerte crecimiento de capacidad y de rutas, miles de empleos directos e indirectos y la generación de riqueza», dijo entonces, poniendo en valor una infraestructura que genera «nada más y nada menos que casi el 10% del PIB de la Comunidad de Madrid».

Pero esta inversión ya había sido avanzada por el presidente de Aena, Maurici Lucena.

La falta de Presupuestos y de propuestas a vender, mientras avanzan poco a poco las conversaciones con Junts para desatascar una nueva senda de déficit, provocan la reaparición de viejos proyectos normativos que han quedado encallados bien en el seno del Ejecutivo, bien en el Congreso.

Un ejemplo es la Ley de Familias, un proyecto que el Gobierno -entonces con Ione Belarra como ministra de Derechos Sociales- impulsó hace dos años, que el nuevo titular, Pablo Bustinduy, volvió a mandar al Congreso en febrero… y que sigue en periodo de enmiendas en la Comisión de la Cámara baja.

Otro es la recuperación del Estatuto del Becario, un proyecto al que se comprometió el presidente del Gobierno en la apertura del curso político. Esta norma la cerró la vicepresidenta Yolanda Díaz el verano pasado, antes de que se celebraran las elecciones generales del 23 de julio, en un acuerdo con los sindicatos. Pero las desavenencias con el PSOE impidieron que saliera adelante. Ahora ha retomado su tramitación en el seno del Ejecutivo, publicando en consulta pública el desarrollo del anteproyecto.