Estados Unidos ratifica un laudo de 34 millones contra España por las primas a las renovables

La Justicia estadounidense falla de nuevo contra España por el impago a las renovables. La Corte del Distrito de Columbia ha ratificado la ejecución de un laudo arbitral a favor de la corporación japonesa de ingeniería JGC por más de 34 millones de euros, informan fuentes cercanas a las empresas afectadas.

El juez Rudolph Contreras de este distrito ha sentenciado que el laudo de JGC Corporation dictado por el Ciadi, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, sea reconocido como un fallo emitido por cualquier juzgado de EE UU.

Contreras ordena a España el pago de 34 millones de euros, a los que se suman los intereses que se acumularán hasta el día en que se salde esta deuda. JGC ha emprendido sus acciones legales en EE UU a través del fondo Blaskett Renewable Investments.

Esta decisión es particularmente relevante porque confirma la posibilidad de que los inversores extranjeros perjudicados -por la retirada retroactiva de las primas renovables- puedan acudir a la Justicia estadounidense para cumplir con las sentencias de arbitrajes.

Inicio del caso

Con sede en Yokohama, JGC Corporation es una multinacional de referencia en el ámbito de la ingeniería con ventas de 832 millones de euros entre marzo de 2023 y marzo de 2024.

JGC resultó perjudicada por las modificaciones en la normativa del sector energético en España, implementadas desde 2012, las cuales vulneraron la seguridad jurídica que el país había garantizado al adherirse al Tratado de la Carta de la Energía (TCE).

La compañía japonesa inició un arbitraje en 2015 por 93,5 millones de euros, cuyo laudo final se conoció en noviembre de 2021. Este reconocía una indemnización de 23,5 millones de euros a su favor.

España quiso anular el laudo arbitral, pero no tuvo éxito. En marzo de 2022, inició un proceso que concluyó casi dos años después con otro fallo desfavorable para el país.

Más de la mitad de intereses

Los más de 34 millones de euros incluyen tanto el monto original del laudo como los intereses de demora acumulados debido a los continuos impagos. En total, la deuda ha aumentado en 10.724.111 euros, lo que representa un incremento del 53,6% respecto al importe inicial.

La sentencia ordena que los intereses de demora futuros se calculen conforme a la norma 28 USC 1961 del sistema legal de EE UU. Esto supone que, a partir del 15 de noviembre, el interés aplicado crecerá al 4%, más que triplicándose frente al 1,6% que se utilizaba hasta ahora.

En caso de no cumplir con los pagos, los bienes y activos de España en el país norteamericano podrían ser embargados o confiscados, siguiendo precedentes de medidas similares ya autorizadas en tribunales de Australia, Bélgica y Reino Unido.

Escenario preocupante

El fallo forma parte de más de 50 disputas de arbitraje internacional presentadas por inversores que apostaron por los incentivos de España para impulsar las energías ‘verdes’.

Estas empresas, tras destinar más de 70.000 millones de euros en plantas solares y eólicas, vieron cómo se eliminaban de forma retroactiva las ‘primas’ prometidas, reduciendo prácticamente a cero la rentabilidad de sus proyectos y ocasionando pérdidas elevadas.

Hasta ahora, se han dictado alrededor de 25 laudos que condenan a España a pagar 1.562 millones de euros en indemnizaciones a las empresas afectadas. A esto se añaden 326 millones en costes judiciales y financieros, que incluyen condenas en costas, intereses y los gastos de asesoramiento legal de la Abogacía del Estado.

La inseguridad jurídica generada por estos impagos supone un impacto económico estimado de 7.340 millones de euros entre 2023 y 2024, calculan las fuentes mencionadas.

Negociación abierta

Las compañías afectadas han pedido al Gobierno español, y especialmente a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que negocie una solución para cerrar los litigios y prevenir nuevos embargos.

Acusan a la Ministra de obstaculizar acuerdos, lo que ha agravado el problema, y le instan a facilitar un entendimiento antes de su posible incorporación a la Comisión Europea.

Por su parte, Ribera ha admitido en Bruselas que, de ser designada como comisaria europea, se verá obligada a abstenerse en cualquier decisión relacionada con este asunto para evitar posibles conflictos de interés.