Reintroducción al Congreso de la ley sobre derechos de emisión de gases
El PSOE y Sumar reintroducen una medida crítica sobre los derechos de emisión en el Congreso, enfrentando una nueva votación
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 19 de marzo de 2025, en Madrid (España).
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El Gobierno, encabezado por PSOE y Sumar, retoma la proposición de ley sobre el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, en un intento por aprobar regulaciones claves tras un revés previo en el Congreso.
Un debate renovado en el Congreso
Prevista para este martes, la discusión en el pleno del Congreso se centrará en una proposición que ya fue objeto de controversia, causada por la eliminación propuesta de un impuesto clave durante su anterior tramitación. Bajo la guía de una directiva europea, el proyecto inicial busca tramitar cambios en el mercado de emisión de gases, esencial para los objetivos de transición ecológica de España.
El intento anterior para pasar la ley fue bloqueado cuando PP y Junts aprovecharon la ausencia de un diputado socialista para introducir una enmienda que eliminaba el impuesto sobre la producción eléctrica, lo cual habría reducido los ingresos fiscales en 1.500 millones de euros.
Escenario actual y estrategias previstas
El nuevo intento por parte del Gobierno no incluirá la controvertida eliminación del impuesto eléctrico y se espera mejor suerte en esta ronda con reorganizaciones tácticas. Los detalles tácticos incluyen la omisión de etapas como el anteproyecto y consultas que ralentizan el proceso, favoreciendo una tramitación más rápida como proposición ley.
El Partido Popular ha criticado duramente estos movimientos legislativos del Gobierno, sostiene que la decisión de mantener el impuesto afecta la competitividad de la industria española en el marco europeo, subrayando que este impuesto no es común en otros países miembros de la UE.
Por otra parte, sus cifras sugieren significativos beneficios económicos de retirar el impuesto, con un ahorro estimado de 400 millones de euros para las familias, y cantidades considerables para pymes y grandes industrias.
