El lastre de la burocracia cuesta 90.000 millones a España, con la regulación en Cataluña disparada

El exceso de regulación y burocracia a nivel europeo, por un lado, y la carga que supone la legislación propia de las distintas comunidades autónomas tiene un coste sobre la economía española del 6% del producto interior bruto (PIB), o lo que es lo mismo, unos 90.000 millones de euros, que se agrava por sus efectos sobre el empleo y también al desincentivar la inversión.

Esas son las conclusiones principales del informe «Asfixia empresarial. Costes y consecuencias de la sobrecarga burocrática y regulatoria«, elaborado por el Instituto Juan de Mariana y publicado este jueves, que cifra en un coste de 37.500 millones de euros la fragmentación normativa de las comunidades autónomas (2,5 puntos del PIB) y en 52.430 millones la falta de avances en el mercado único europeo (3,5 puntos del PIB).

«En el entorno regulatorio actual, el empresario se encuentra atrapado en una maraña normativa que, lejos de facilitar su labor, tiende a desnaturalizar su función. Más que un motor de innovación y crecimiento, el empresario ha sido relegado, en muchos casos, a cumplir el papel de un agente externo del Estado», apunta el documento.

En datos, esa «maraña normativa» de la que habla el Juan de Mariana se resume en una cifra: desde 1978 se han publicado en el BOE 428.904 normas, un ritmo que se ha cuadriplicado en las últimas décadas. Si en 1978 se aprobaron 3.000 textos, en los últimos años la cifra ronda los 12.000 solo en territorio nacional.

Fundamental para esta sobrerregulación ha sido la eclosión de las Comunidades Autónomas, que explican por sí mismas un 76,6% de todas las normas publicadas en estas cuatro décadas, frente al 16,6% del Gobierno central y al 6,7% de las corporaciones locales.

Con todo, no todas han ejercido sus competencias regulatorias con la misma intensidad. De las 295.000 normas autonómicas, 35.247 son catalanas (11,9%), a mucha distancia de otras regiones como Andalucía (24.942, el 8,45%) o Castilla y León (22.939, el 7,77%). La Comunidad de Madrid, motor económico del país desde hace casi una década, solo ha publicado 17.605 regulaciones, menos del 6%. «La carga regulatoria efectiva en Cataluña duplica la de Madrid, lo que reduce la renta de la primera comunidad en 1.141 euros por persona, destruyendo asimismo unos 52.400 puestos de trabajo», cifra este ‘think tank’.

La sobrerregulación y la unidad de mercado es uno de los retos que se ha marcado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tanto a nivel europeo -algo que se ha fijado la Comisión Europea como una de sus metas-, como a escala nacional, con la propuesta del ‘Régimen 20’ para crear un estándar a nivel nacional que permita a las empresas actuar en diferentes comunidades autónomas sin cargas burocráticas adicionales. Según los cálculos del Gobierno, recogidos en el informe, el 36% de la economía española se ve afectada por el exceso normativo, que golpea en especial a 1,9 millones de empresas y 9,8 millones de trabajadores.

¿Cuál es el coste de oportunidad para la economía española, si nos comparamos con el resto de Europa? De acuerdo con el Instituto Juan de Mariana, equiparar la calidad regulatoria española con la de Dinamarca supondría un aumento de la renta per cápita de más de 1.404 euros. Un ascenso que sería superior en el caso de la mejora de la carga regulatoria, con un alza de 2.589 euros del PIB por habitante.

«Al actual ritmo de creación de normas, España perderá 100.000 empleos en la próxima década debido a la acumulación de nuevos requisitos, restricciones y prohibiciones regulatorias», advierte el informe. Un efecto que da de lleno sobre todo a las pymes: de acuerdo con una investigación publicada el año pasado, un aumento del 10% de legislación supone una caída del 0,5% del empleo en las empresas de menos de 10 trabajadores.

La mejor calidad de la norma implica otras ventajas para el sistema en general. La principal, la descongestión del sistema judicial. El documento es claro: «reducir a la mitad los niveles de congestión judicial apreciados en la jurisdicción civil de nuestro poder judicial permitiría elevar estructuralmente la inversión privada en unos 1.500 millones de euros».

Según una encuesta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de finales del año pasado, el 78% de las empresas apuntan a la regulación empresarial, donde se incluye todo lo relativo a la burocracia y a los trámites administrativos, como uno de los principales frenos a la hora de invertir. Le sigue la regulación laboral como un obstáculo para el 71% de las compañías.