El Gobierno usará el impuestazo a la banca y energéticas como excusa para eludir la reforma fiscal requerida por Bruselas

El Gobierno se comprometió con Bruselas durante las negociaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a que ejecutaría una reforma fiscal en profundidad como parte de las modificaciones estructurales para conseguir los 160.000 millones de euros asignados a España de los fondos Next Generation EU.

Pero ahora el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez trata de zafarse de esa exigencia, después de haber cumplido una primera parte -encargó un informe a un grupo de expertos- aunque sin haber implementado la reforma tributaria.

El hito debería haberse cumplimentado hace un año, pero el Gobierno aparcó esta reforma, potencialmente impopular ya que se trata de subidas de impuestos, tras el estallido de la guerra de Ucrania, primero, y con el adelanto de las elecciones generales al 23 de julio de 2023, después.

Una reforma fiscal para recibir 7.000 millones

La reforma fiscal forma parte del quinto desembolso de los fondos europeos, que debería solicitarse en la segunda mitad de este año y está valorado en más de 7.000 millones de euros. Preguntadas por este compromiso, fuentes gubernamentales aseguraron que ahora mismo la Comisión Europea está centrada en la revisión de los hitos vinculados al cuarto pago, que el Ejecutivo pidió a finales del año pasado y cuya evaluación se ha prorrogado hasta mayo.

El Gobierno quiere evitar que con este hito suceda lo mismo que ya sucedió con la imposición de peajes en todas las autovías, una disposición que aparecía en el Plan de Recuperación original pero que el Ejecutivo consiguió eliminar durante la negociación de la Adenda, a cambio de un compromiso para reforzar el transporte ferroviario de mercancías, entre otras medidas.

La polémica de los peajes acompañó durante buena parte de la campaña electoral y los primeros compases de la legislatura. La patata caliente que ahora el Ejecutivo quiere evitar.

El Ejecutivo tratará de convencer a Bruselas

Fuentes gubernamentales explicaron que el hito se abordará durante las conversaciones para validar si se han cumplimentado todos los hitos vinculados al quinto pago, no antes. Y están seguros de tener los deberes hechos. Lo aseguró el propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una entrevista en laSexta, donde aseguró que la Comisión tenía que hacer una «actualización de diagnóstico» sobre la situación tributaria en nuestro país. Así, puso como ejemplo los 6.000 millones más de IVA que se recaudan anualmente, fundamentalmente por el afloramiento de la economía sumergida.

En el Gobierno se justifican: creen que las pequeñas reformas fiscales que se han ido haciendo a lo largo de la legislatura deberían ser suficientes para cumplir con Bruselas. Por ejemplo, con la imposición de un gravamen a los plásticos de un solo uso, la creación de los impuestos temporales a los ingresos extraordinarios de banca y energéticas, que prevén convertirlos en permanente, o la tramitación del proyecto para fijar un tipo mínimo del 15% a las multinacionales.

En el momento en el que lleguen a ese apartado el Gobierno trasladará en las conversaciones con Bruselas todo el trabajo realizado en el ámbito fiscal, confiando en que sea necesario para dar por validado el hito. Aunque, reconocen las fuentes consultadas, si fuera necesario se adoptarían nuevas medidas para conseguir el aprobado comunitario.

La Comisión pide impuestos verdes y cambios en el IVA

¿Será suficiente para convencer a la Comisión? En su último informe de revisión en profundidad de la economía española, publicado la semana pasada, el Ejecutivo comunitario ya señalaba la existencia de un margen fiscal que permitiría «ser más ambicioso con políticas adicionales, particularmente dado que el reciente incremento de los ingresos tributarios es de una naturaleza temporal».

En particular, los técnicos recomendaban revisar los tipos reducidos del IVA, simplificando el sistema, así como ajustes en beneficios fiscales y algunos impuestos indirectos, como los gravámenes medioambientales. «Una implementación ambiciosa de estas medidas ayudaría a asegurar la sostenibilidad de los ingresos gubernamentales y a contribuir a mejorar la consolidación fiscal y conseguir el nivel de ambición fijado en el Plan de Recuperación», abunda.

A futuro, además, se suma otro elemento de incertidumbre: la evaluación se producirá por parte de la nueva Comisión que tome las riendas tras las elecciones de junio, unos comicios de resultado incierto y con la duda sobre la relación de fuerzas en el próximo Ejecutivo. Mientras, el objetivo de conseguir cerrar la brecha fiscal con el resto de la UE sigue sin conseguirse. El año pasado la presión fiscal bajó al 38% del producto interior bruto.