Las diferencias entre la reforma fiscal del Gobierno y la de los expertos: IVA único, peajes y mantener las socimis

El Gobierno ha conseguido esta semana salvar el obstáculo que podría haber supuesto su caída apenas un año después de la investidura de Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo. La aprobación de la reforma fiscal ha sido un chute de energía para la renqueante coalición, a quien se le estaba haciendo muy difícil transigir con las exigencias y vetos cruzados de sus socios parlamentarios para sacar adelante su programa.

La reforma fiscal -o ‘paquete’ fiscal, ya que ha sido menos ambicioso de lo estimado en un principio- allana el camino a unos Presupuestos Generales del Estado (PGE), que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya se marcó como la próxima meta en una entrevista televisiva este viernes. A fin de cuentas, la discusión sobre impuestos es ideológica. Y conseguir atar 178 votos, los mismos que en la investidura de hace un año, arroja que el Gobierno tiene mejor salud de la esperada y solidez para rato.

La victoria del Gobierno no viene únicamente por ese conglomerado parlamentario o por los 10.000 millones ‘extra’ en recaudación que van a suponer la creación del nuevo Impuesto mínimo global del 15% a las grandes empresas, el nuevo impuesto a la banca u otras subidas tributarias. Este paquete normativo es uno de los hitos clave del quinto desembolso de los fondos europeos Next Generation EU, más de 7.000 millones de euros que son fundamentales.

Una reforma fiscal descafeinada

Sin embargo, poco o nada se parece la reforma fiscal aprobada por el Ejecutivo a las propuestas que diseñaron los expertos seleccionados por Hacienda en su Libro Blanco para la Reforma Tributaria, presentado el 3 de marzo de 2022, pocos días después del estallido de la guerra en Ucrania, y guardado en un cajón desde entonces.

Este informe de los expertos es clave, ya que el Gobierno se comprometió, mediante el Plan de Recuperación, a elaborar una reforma fiscal en base a estas recomendaciones de los fiscalistas.

El citado documento, un extenso análisis del sistema tributario de 800 páginas, incluía una serie de medidas bastante impopulares y cuya adopción se desaconsejó por parte del Gobierno, justo en un momento en el que los precios estaban por las nubes por la crisis energética.

Revisar el IRPF y Sociedades

Entre las medidas que recomendaron los fiscalistas se incluía una reforma en profundidad del IVA, eliminando los tramos reducidos (del 10% y el 4%) para mantener el tipo único del 21%, lo que supondría más de 20.000 millones adicionales en recaudación. El impacto podría matizarse creando un único tipo al 15%, pero suprimiendo, igualmente, esos beneficios fiscales a productos y servicios esenciales.

También propusieron una reforma en profundidad del IRPF, el principal impuesto recaudador, que podría ser la herramienta para compensar a las rentas más bajas con prestaciones directas o deducciones reembolsables. Igualmente, la idea del Libro blanco era una revisión completa de todas las deducciones y exenciones asociadas al tributo.

Sobre el Impuesto de Sociedades hicieron pocas aportaciones, aunque apuntaron a que debería mantenerse el régimen especial para las sicav o las socimis, cuyos beneficios han estado en peligro esta semana. Eso sí, señalaron que este mantenimiento debería estar «condicionado a un reforzamiento de sus efectos en el mercado de la vivienda residencial» y recomendaban «valorar» si los incentivos estaban funcionando para aumentar la oferta de vivienda.

También proponían una revisión de Sociedades y Patrimonio, limitando la capacidad de las comunidades autónomas para competir entre ellas.

Peajes y un impuesto a los billetes de avión

El encargo específico que hizo Hacienda buscaba recibir ideas sobre cómo gravar los cambios en el tejido productivo, con la aparición de la economía digitalizada y otras actividades emergentes, y avanzar en tributos medioambientales para hacer frente a la emergencia climática.

Sobre salud y medio ambiente, proponían aumentar la fiscalidad del alcohol y el tabaco, con la creación de un nuevo impuesto para los cigarrillos electrónicos, y también la equiparación fiscal del diésel y la gasolina, un impuesto sobre los billetes de avión, una tasa sobre el tráfico para acceder a las ciudades y la imposición de peajes.

De estas 800 páginas, el resultado es que pocas medidas han sido vertidas en el pack fiscal que el Gobierno, tras una tensa y ardua negociación, ha conseguido colar en el Proyecto de Ley para trasponer el Impuesto mínimo global y que ahora tendrá que ser tramitada en el Senado.

De hecho, algunas de las medidas recomendadas fueron tumbadas por los socios, como la creación de un impuesto a los billetes de avión, que propuso Podemos y que no obtuvo respaldo, o la equiparación del diésel, que llevó el PSOE pero que fue tumbada por, entre otros, los morados.

La reforma del régimen de socimis estuvo en el aire, pero finalmente no salió adelante, como también estuvo sobre la mesa la eliminación de la exención de la sanidad privada del Impuesto sobre Primas de Seguros.

Aparte del impuesto mínimo y ese nuevo tributo a la banca, la norma incluye un nuevo impuesto al líquido de los vapeadores, un aumento de la fiscalidad del tabaco, varias medidas para luchar contra el fraude de los hidrocarburos, un límite a las deducciones de las grandes empresas en el Impuesto de Sociedades, un paquete de bajadas de impuestos a pymes y cooperativas, un incremento del IRPF a las rentas del capital superiores a los 300.000 euros y el compromiso a impulsar en Europa la aplicación del IVA a los pisos turísticos.

Además, el Gobierno se ha comprometido a negociar una ley para hacer permanente el impuesto a las energéticas aunque, eso sí, respetando que no se gravará a aquellas que realicen inversiones verdes.