La reducción de jornada, dos meses 'atascada' en la maquinaria de Moncloa y con futuro político incierto

El 4 de febrero fue un «día histórico». Así lo definió la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, después de que el Consejo de Ministros diera luz verde, tras un agrio debate con el titular de Economía, Carlos Cuerpo, al anteproyecto de ley para reducir la jornada legal de trabajo de 40 horas semanales a 37,5 horas.

Pero, dos meses después, el Consejo de Ministros aún no ha revisado la norma en segunda vuelta para mandarla al Congreso de los Diputados, donde tendrá que enfrentar un trámite legislativo incierto para entrar en vigor, como pronto, después del verano.

Fuentes de La Moncloa y del Ministerio de Trabajo quitan peso a esta dilación, subrayando que se está siguiendo la tramitación interna habitual de un anteproyecto de ley y que se empieza a ultimar la norma, después de haber recibido los informes preceptivos del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social. Ahora bien, no hay plazo para que vuelva a pasar por la mesa del Consejo de Ministros.

Yolanda Díaz se presentó a las elecciones del 23 de julio de 2023 con la promesa clave de rebajar la jornada laboral a las 32 horas semanales, un compromiso en el que su partido, Movimiento Sumar, se ha reafirmado tras su cónclave de esta semana, donde eligió a los nuevos líderes de la formación.

El acuerdo de Gobierno que firmaron el presidente Pedro Sánchez y ella misma llegaba a un compromiso ‘casi’ a medio camino, la reducción a la jornada laboral de 37,5 horas semanales. Tras casi un año de negociaciones, Díaz selló un pacto solo con los sindicatos UGT y CCOO el 20 de diciembre.

Desde entonces, y durante un largo mes, Trabajo y Economía mantuvieron un conflicto a cuenta de la tramitación interna del anteproyecto de ley en el seno del Gobierno. Yolanda Díaz instó a Cuerpo a introducir en el orden del día de la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos la reducción de jornada, un paso previo imprescindible para que el asunto fuera al Consejo de Ministros. Finalmente, ambos departamentos llegaron a un acuerdo y el anteproyecto de ley pasó por la reunión del gabinete.

Y todavía no ha vuelto. Entre medias, más allá de recibir los informes preceptivos de los organismos, Yolanda Díaz recibió un importante toque de atención del socio parlamentario por el cual pasan todas las grandes reformas de esta legislatura: Junts.

«Nosotros tampoco avalamos en estos momentos este proyecto de ley. Sabemos que nuestra posición no es fácil, no es nada agradecida, ningún trabajador va a renunciar a trabajar menos y cobrando más», dijo el portavoz de Junts en la Comisión de Trabajo del Congreso, Josep María Cervera, durante una comparecencia de la vicepresidenta para desgranar sus planes a futuro.

«No espere a ver si su reforma laboral acaba funcionando o no. Espero que antes pueda sentarse y explicarnos en detalle cómo la reducción de la jornada laboral va a reducir el desempleo juvenil, cómo va a compensar la falta de profesionales y de personal cualificado, cómo vamos a luchar así contra las bajas por incapacidad temporal y el absentismo laboral y cómo tenemos previsto retener el talento que se nos está yendo. Qué medidas concretas más allá de esa reforma de la jornada laboral presentan ustedes para generar valor añadido», reprendió el legislador.

El Gobierno se toma su tiempo para sacar una a una sus prioridades legislativas, toda vez que ya se han descartado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025 y La Moncloa apuesta por ir directamente a por las Cuentas de 2026. Si bien ya ha cerrado algunos cambios de calado de la mano de Junts (como, por ejemplo, la reforma de la Ley de Extranjería para hacer un reparto automático de menores migrantes), todavía quedan muchos flecos y negociaciones que cerrar con el partido que lidera Carles Puigdemont.

La ausencia de Presupuestos favorece a la reducción de jornada. Normalmente, un trámite legislativo dura de media entre cinco y seis meses. Pero cuando se presentan las Cuentas, el Congreso y el Senado se vuelcan en su tramitación, dejando de lado otras normas, aunque sean nucleares para el Ejecutivo. Trabajo tendrá que liderar las negociaciones y poner encima de la mesa cuantas ayudas sean necesarias para tratar de sacar adelante el proyecto estrella de la vicepresidenta segunda para la legislatura.

Mientras el Gobierno deshoja la margarita con el impulso a la ley, las patronales se movilizan para tratar de frenar en el Congreso la medida en cuanto llegue. No solo CEOE y Cepyme, que han sido muy críticas con el Gobierno y que se descolgaron del pacto con los sindicatos. También Conpymes, la organización empresarial que amadrinó Yolanda Díaz, creada en torno a la catalana Pimec, y que hace unas semanas lanzó un órdago al Ejecutivo.