PP y Junts amagan con desmontar la reforma laboral de Yolanda Díaz con el contrato temporal del campo

El Gobierno trabaja a contrarreloj para intentar cuadrar el círculo y salvar, a la vez, una de las normas que deberían ser de las menos problemáticas del mandato: la Ley contra el Desperdicio Alimentario impulsada por el Ministerio de Agricultura y que podría hacer, tras su trámite parlamentario, un importante roto a la reforma laboral de la vicepresidenta Yolanda Díaz, la joya de su mandato al frente de Trabajo.

El PP introdujo en la tramitación en el Congreso de esta norma impulsada por el ministro Luis Planas una enmienda para cambiar el Estatuto de los Trabajadores e incluir las campañas agrícolas dentro de los supuestos que permiten la contratación temporal. Conseguido esto, en el Senado, a gracias a la mayoría absoluta de la que disponen, decidieron ampliar de 90 a 120 días estas posibles contrataciones de duración determinada en el sector agroalimentario.

La justificación: «Evitar que la falta de mano de obra para recoger la producción aumente el desperdicio».

Con esta enmienda ya integrada en el texto de la ley, además de otra serie de cambios a nivel técnico (y también en otro aspecto sensible, como es la protección del lobo), el Gobierno tiene poco margen de maniobra de cara a la votación de este jueves, cuando el Congreso debería dar el visto bueno definitivo a la norma. Fuentes del Ministerio de Trabajo aseguran a ECONOMÍA DIGITAL que están intentando arreglar este ‘roto’ al núcleo de la reforma laboral, pero no explican si mediante la tramitación parlamentaria de este proyecto o en otros a posteriori.

Los cambios que ha propuesto el PP contarían con el aval de Vox y Junts, lo que permitiría que salgan adelante con 177 votos y sin que el Gobierno pueda articular una mayoría de bloqueo.

En sí, el cambio es muy relevante y supone un torpedo directo al espíritu de la reforma laboral que el Gobierno pactó con patronal y sindicatos en 2021. El objetivo fundamental de la norma era reducir la temporalidad en el mercado de trabajo, cosa que se hizo eliminando los contratos por obra y servicio y limitando los supuestos para las relaciones de duración determinada. El indefinido pasaba a ser el predeterminado para acceder a un puesto de trabajo.

Las actividades estacionales, como los picos en la hostelería por la actividad turística o en el campo por las campañas agrícolas, se redirigieron a través de una figura que ya existía, la del fijo discontinuo, que permite ‘activar’ y ‘desactivar’ esa relación laboral para acompasarla con los periodos de actividad.

En apenas dos años desde su entrada en vigor, los cambios en la estructura laboral del campo han sido notables. En el cuarto trimestre de 2021, los datos de la Encuesta de Población Activa que elabora el INE apuntaban a 246.200 asalariados con un contrato indefinido en el campo, frente a 297.700 trabajadores con una relación temporal. Este trimestre es clave, ya que es el último antes de que se desplegaran los efectos de la reforma laboral.

A cierre de 2024, las tornas se habían cambiado: había 309.800 trabajadores con contrato indefinido, frente a solo 159.600 con uno temporal.

Si vamos a los fijos discontinuos, el detalle de la Seguridad Social es que han pasado de 3.856 contratos de alta con esta circunstancia en febrero de 2022 a 8.082 en 2025.

La gestión de esta ley, que debería haber tenido un perfil bajo, ha provocado una nueva polémica institucional entre el Senado y el Congreso, más allá de los cambios en la reforma laboral, en la protección del lobo o en la industria de cogeneración, que apoyan tanto Junts como el PP.

El Ministerio de Hacienda tiene capacidad de vetar proposiciones y enmiendas que supongan un aumento de gastos o una disminución de ingresos en cualquier trámite parlamentario. Sin embargo, la Mesa del Congreso (o del Senado) puede levantar esta prohibición en cualquier punto de este trámite, indica el reglamento.

Así, el Gobierno vetó una serie de enmiendas que se habían incluido en el proyecto de ley, entre las que se encuentran una rebaja del IVA al 2% de varios alimentos básicos, así como cambios en el IPRF o en el Impuesto Especial de Hidrocarburos. Pero el Senado, con mayoría absoluta del PP, las incluyó igualmente en el articulado.

Ahora, el Congreso ha ‘levantado’ esas enmiendas, que no se votarán este jueves. El presidente del Senado, Pedro Rollán, envió este martes una carta a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, denunciando la «gravedad sin precedentes» de lo sucedido.

«Hoy se ha vuelto a evidenciar el cortijo en el que Sánchez ha convertido la Cámara Baja gracias al servilismo de Francina Armengol», reprocharon fuentes del PP.